Seis heridos en masivas protestas contra el gobierno rumano
2 de febrero de 2017
Más de 200 mil personas, según estimaciones de la televisión pública rumana, salieron a las calles la noche de este miércoles (01.02.2017) en Bucarest, capital de Rumania, para exigir la dimisión del gobierno socialdemócrata, luego de que aprobara un decreto de emergencia para despenalizar algunos delitos de corrupción, una medida que buscaría beneficiar al líder del gubernamental Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea.
Con lemas como "retiren el decreto y dimitan” y "ladrones”, los manifestantes –que soportaron temperaturas bajo cero– se congregaron frente de las sedes del Ejecutivo y del Legislativo, mientras otros portaban carteles donde calificaban de "traidores” a los miembros del gabinete. En otras ciudades, como Timisoara, Cluj y Sibiu, se vivieron escenas similares. Si bien inicialmente las protestas fueron pacíficas, la violencia se desató frente a la sede del Parlamento.
En los choques con la Policía, cuatro agentes y dos manifestantes resultaron heridos, mientras que una veintena de personas fueron detenidas y un número indeterminado de cócteles molotov, decomisados. El desorden se desató cuando un grupo de hinchas de fútbol mezclado entre los manifestantes empezó a lanzar bengalas y otros objetos a las fuerzas de seguridad, que respondieron disparando gases lacrimógenos.
Preocupación generalizada
"No creo que en Europa exista algo parecido a esto. No nos iremos hasta que el Gobierno lo derogue (el decreto)", dijo a EFE Florin Toma, uno de los manifestantes. Las protestas se desataron con fuerza luego de que se aprobara el decreto antes mencionado, que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros. Dragnea, que no pudo postularse como primer ministro por una condena en suspenso de dos años de cárcel por fraude electoral, será uno de los beneficiados de la normativa, ya que no será juzgado por un caso de corrupción.
La oposición de centroderecha anunció una moción de censura, el principal órgano judicial prepara un recurso contra la medida y el presidente del país, Klaus Iohannis, ha pedido la intervención del Tribunal Constitucional. Incluso la Comisión Europea se mostró "muy preocupada" por la medida y los analistas consideran que esta ley supone el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción desde que Rumania ingresó en la Unión Europea en 2007.
DZC (dpa, EFE, AFP)