Se presenta en España una denuncia contra altos cargos basada en Wikileaks

Los documentos filtrados a Wikileaks y publicados en España por el diario El País pueden "ser indicativos de la existencia de una conspiración o concierto delictivo entre funcionarios de la administración y altos cargos españoles, por una parte, y funcionarios de una potencia extranjera por otra parte", indica la demanda que ante la Fiscalía madrileña han interpuesto los familiares de José Couso.

Existen indicios para suponer un delito por parte de quienes aparecieron en los cables de Wikileaks, "tanto la Fiscalía General del Estado como la de la Audiencia Nacional y determinadas personas del Gobierno", continúa señalando la denuncia.

Couso, que trabajaba para la cadena de televisión privada española Telecinco, murió el 8 de abril de 2003, el mismo día en el que las tropas norteamericanas entraron en Bagdad, al ser alcanzado por un disparo efectuado desde un carro de combate estadounidense cuando se encontraba en el Hotel Palestina, el albergue de la mayor parte de la prensa internacional. En el ataque también perdió la vida un reportero de la agencia Reuters.

Fiscales, jueces, ministros

Tras la muerte de Couso, la familia inició en España una lucha en los tribunales para llevar ante la Justicia a los autores del disparo. La Audiencia Nacional decidió en dos ocasiones el archivo de la causa y en dos ocasiones el Tribunal Supremo ordenó la anulación de esos archivos.

Ahora han aparecido los cables de Wikileaks y, según estas filtraciones, Washington presionó a políticos y fiscales españoles para que se cerraran las actas y contó en ello con la colaboración y el asesoramiento del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

Los cables de la embajada de Estados Unidos en Madrid publicados en El País apuntan asimismo al entonces ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, y al que se encontraba al frente de la Cartera de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, además de a varios jueces de la Audiencia Nacional.

Delitos destapados por Wikileaks

Según la denuncia de la familia Couso, entre las ilegalidades en las que podrían haber incurrido los miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de la Judicatura y de la Fiscalía- que aparecen en los documentos filtrados a Wikileaks- están el de violación del secreto de sumario, el de asesoramiento jurídico, prohibido para ellos, el de no perseguir delitos que conocen y el de evitar una investigación.

Los documentos de Wikileaks "confirman lo que sospechábamos: la connivencia de la Fiscalía y del Gobierno de España con la embajada y el Gobierno de EEUU para que no prosperara el caso", dijo Javier Couso, hermano del reportero muerto, a El País. (dpa)

Editora: Luna Bolívar Manaut