Rusia se aleja de la justicia europea
16 de diciembre de 2015Las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales no tendrán que ser aplicadas, necesariamente en Rusia. Así se desprende de una ley que el presidente Vladimir Putin aprobó el lunes 14 de diciembre. Las autoridades rusas que defienden los intereses de su país ante los tribunales internacionales podrán en el futuro solicitar la competencia de la Corte Constitucional. Esta podrá, a su vez, decidir si Rusia cumple ciertos juicios.
Valerij Sorkin, presidente de la Corte Constitucional rusa, dijo en una reunión con Putin en el día en que se firmó la nueva ley, que esta decisión no aleja a Rusia de Europa. Pero sobre la marcha, señaló que a partir de ahora no existiría ninguna necesidad de cumplir las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), “si nuestra Constitución protege mejor los derechos de los ciudadanos”. Pero el Tribunal es, en muchos casos, una autoridad arbitraria a la que los solicitantes recurren cuando el proceso legal está agotado en su propio país.
Consejo de Europa reacciona con precaución
En vista de la nueva ley rusa, que otorga a la Corte Constitucional la facultad de examinar los eventuales conflictos entre las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Constitución rusa, el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, recuerda que de conformidad con el Artículo 46 de la Convención Europea de Derechos Humanos, todos los miembros del Consejo están obligados a cumplir las sentencias definitivas del tribunal de Estrasburgo.
Jagland aclara que “corresponde a la Corte Constitucional rusa garantizar el respeto de la Convención”. “En otros estados miembros ya se ha examinado si las sentencias del Tribunal de Estrasburgo están en consonancia con las constituciones nacionales. Hasta ahora, los países siempre han encontrado soluciones a estos problemas, y eso también debería ser posible en Rusia”, destacó el secretario general del Consejo.
Contradicciones entre Moscú y Occidente
El jurista alemán Otto Luchterhandt, quien formó parte del equipo que trabajó en la redacción de la Constitución rusa a comienzos de los 90, ve dos problemas en la relación entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Rusia. El primero es el equilibrio entre las legislaciones nacionales e internacionales. El segundo son las crecientes desavenencias entre Moscú y Occidente en relación con el respeto de los derechos humanos en Rusia. En ese contexto, la decisión del Kremlin puede ser vista como un ataque contra el Tribunal, dice Luchterhandt a DW.
Desde el punto de vista ruso, las resoluciones judiciales de los tribunales internacionales deben entenderse en un contexto político y social, dijo Sorkin, presidente de la Corte Constitucional, en octubre. Con ello se refería a la decisión de ejecutar o no la decisión de Estrasburgo que prevé el pago de una indemnización a los exaccionistas de Yukos por un total de mil 860 millones de euros. “La actual situación política es distinta a la de mediados de los 90, en donde hablábamos de una Europa desde Lisboa hasta Vladivostok”, sostuvo Sorkin. En el caso de Yukos, los tribunales internacionales habían condenado a Rusia a pagar millones de euros al opositor y exoligarca Mijail Jodorkovski.
¿Dejará Rusia el Consejo de Europa?
Los analistas sospechan que Moscú, con esta nueva ley, lo que busca es evitar la ejecución de las resoluciones judiciales. Y no solo en el caso Yukos, sino también para demandas intergubernamentales, como una de Ucrania contra Rusia. La ley podría ser un primer paso para una salida de Rusia del Consejo de Europa. El Kremlin, por ahora, descarta ese escenario o que la nueva ley busque revocar la jurisprudencia de la Convención de Derechos Humanos.
El jurista Luchterhandt, por su parte, no descarta que algo así suceda. Las peticiones para una salida de Rusia del Consejo de Europa se oyen cada vez más fuerte, lo que debe ser tomado en serio. Pero algo así es poco probable en estos momentos. Para Luchterhandt, lo que busca Rusia es más que nada evitar la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos particularmente desagradables u onerosas.