¿Qué tan libre es la prensa?
22 de agosto de 2013
La distinción entre los secretos corporativos o de Estado, cuya confidencialidad debe ser resguardada por las leyes, y la información de libre acceso, a la que la ciudadanía tiene derecho, es motivo de apasionada discusión en muchos países occidentales. Las crisis económicas, políticas y sociales más recientes, propiciadas por la discrecionalidad en el ámbito financiero, la corrupción administrativa en el sector gubernamental y el abuso del poder estatal, parecen haber intensificado el clamor por mayor transparencia. Pero estos son tiempos difíciles para los profesionales de la prensa y sus informantes, quienes arriesgan mucho para hacerla posible.
En Ecuador acusan al Gobierno de contradecirse al aprobar una ley que amordaza a los medios y concederle asilo político a Julian Assange en nombre de la libertad de información. El fundador de WikiLeaks asegura que Washington quiere castigarlo como al soldado estadounidense Bradley Manning por filtrar documentos de interés público sobre las guerras de Afganistán e Irak. Inspirado por Manning, el experto informático Edward Snowden reveló la existencia de los programas de espionaje masivo PRISM y Tempora a Glenn Greenwald, periodista del diario británico The Guardian, y terminó exiliado en Rusia para protegerse de posibles represalias.
El brasileño David Miranda, pareja de Greenwald, fue detenido el domingo (18.8.2013) a su paso por el aeropuerto de Heathrow, interrogado durante nueve horas y despojado de todos sus dispositivos electrónicos, bajo sospecha de que transportaba información proveída por Snowden. Al día siguiente, el editor en jefe de The Guardian, Alan Rusbridger, señaló que agentes del servicio secreto británico lo habían obligado a elegir entre entregarles los discos duros con las filtraciones de Snowden o destruirlos en la propia sede de la redacción. Rusbridger optó por la segunda alternativa y los agentes se dieron por satisfechos.
Acoso contra el periodismo de investigación
Muchos se preguntan, ¿qué cabe esperar de las autoridades de países con democracias más frágiles cuando las británicas se comportan de esa manera? El “caso Guardian” ha llevado a las asociaciones de periodistas en Alemania a expresar su preocupación por el estado de la libertad de prensa y del derecho a la información en la isla. Michael Rediske, de Reporteros sin Fronteras, describió lo ocurrido en la redacción británica como un acoso al periodismo de investigación; pero también se mostró sorprendido por el hecho de que Rusbridger haya cedido a la presión ejercida sobre él sin alertar a la Justicia o a la opinión pública.
En un programa matutino del canal público de televisión WDR, el vocero de la Federación Alemana de Periodistas (DJV), Hendrik Zörner, señaló que los medios germanos que investiguen sobre temas relacionados con la seguridad nacional deben dar por sentado que serán visitados por representantes de la policía federal y la Fiscalía. Zörner trajo a colación la redada practicada en la redacción de la revista mensual Cicero en el año 2005, tras publicar información confidencial de la Oficina Federal de Investigación Criminal; pero enfatizó que las leyes alemanas no tolerarían una actuación como la que se desarrolló en las oficinas de The Guardian.
Intereses enfrentados
En 2007, el Tribunal Constitucional de Alemania declaró inconstitucional la medida implementada contra Cicero dos años antes, argumentando que la mera publicación de documentos secretos por parte de un periodista no justificaba la requisa de una redacción ni el decomiso de documentos o equipos. A juicio de Zörner, el “caso Cicero” demostró que, al menos en Alemania, tanto las autoridades investigadoras como las redacciones y sus periodistas pueden luchar con instrumentos jurídicos para hacer valer sus respectivos intereses.
La libertad de prensa también está garantizada por el derecho británico, pero los artículos que la defienden son menos detallados que los que se encuentran en las Constituciones de otros países occidentales. Además, las prerrogativas de los periodistas en Gran Bretaña se ven limitadas por otras normas de peso, como las leyes contra el terrorismo y aquellas que protegen a los ciudadanos de la difamación. De ahí que los juristas británicos tengan un margen de maniobra mayor a la hora de interpretar las regulaciones alusivas al tema de la libertad de prensa.
Autores: Rachel Baig / Evan Romero-Castillo
Editor: Pablo Kummetz