Puerto Rico decreta el impago de sus obligaciones generales
1 de julio de 2016
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, decretó este jueves (30.06.2016) la suspensión del pago de las Obligaciones Generales (GO's) garantizadas por el Estado Libre Asociado y las obligaciones de otras entidades públicas. A medianoche vencen unos 2.000 millones de deuda pública del país, de los que 700 millones corresponden a GO's, cuyo pago está garantizado por la Constitución del país insular asociado a Estados Unidos. Esto quiere decir que el pago tendría prioridad sobre cualquier otro gasto público.
El gobernador también ha decretado el estado de emergencia en la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Sistema de Retiro de Empleados, la Compañía de Fomento Industrial y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Con ello se busca "garantizarle a estas entidades las protecciones contra litigios que ofrece la Ley de Moratoria Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico [aprobada a principios de año] y proporcionar al Gobierno central los recursos necesarios para su operación", explicó García Padilla en un comunicado.
Blindar servicios públicos básicos
Padilla afirma en él estar tomando "pasos históricos para asegurar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, como parte de su política pública aún en medio de la delicada situación financiera por la que atraviesa el país". El mandatario recuerda que no hay fondos para realizar los pagos y lo que pretende es "proteger los limitados recursos disponibles en las agencias señaladas en estas órdenes, evitando que estos puedan ser reclamados por los acreedores", dejando "desprovista a la ciudadanía de estos servicios básicos".
El mandatario recordó que no hay fondos para seguir realizando los pagos de la deuda pública, por lo que se quieren "proteger los limitados recursos disponibles en las agencias señaladas en estas órdenes, evitando que estos puedan ser reclamados por los acreedores y se deje desprovista a la ciudadanía de servicios básicos". "Estas medidas son razonables y necesarias para garantizar los servicios esenciales mientras se reestructura la deuda al amparo del andamiaje legal que ofrece Promesa", añadió, y reiteró su satisfacción con la aprobación de esta medida federal.
La 'Promesa' de Obama
Para aliviar la situación financiera de Puerto Rico, el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó minutos antes la ley conocida como "Promesa", por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda (de más de 70.000 dólares) de Puerto Rico, así como una junta de control fiscal sobre los problemas financieros de la isla. "El pueblo de Puerto Rico tiene que saber que no los olvidamos, son parte de la familia estadounidense", dijo Obama al firmar la ley, en un acto improvisado al que asistió el secretario del Tesoro, Jack Lew.
"(La ley) No va a ser suficiente por sí misma para resolver todos los problemas que enfrenta Puerto Rico, pero es un importante primer paso en el camino de crear más estabilidad, mejores servicios y más prosperidad" en la isla, sostuvo Obama.
La ayuda que necesiten
El presidente recordó que los puertorriqueños "han estado sufriendo una de las peores crisis financieras y fiscales que se recuerdan". "Como consecuencia de su incapacidad de reestructurar la deuda, hemos visto hospitales incapaces de operar, ambulancias sin operar, servicios básicos que se suspendían y trabajadores del Gobierno sin pago. Ha generado enormes dificultades para el pueblo de Puerto Rico", indicó.
Desde que en 1933 el estado de Arkansas incumplió con el pago de sus obligaciones, ninguna jurisdicción estatal de Estados Unidos había presentado un impago así. Obama prometió "seguir trabajando" para potenciar la sostenibilidad a largo plazo de la economía de Puerto Rico y subrayó que su Administración está "comprometida con darles la ayuda que necesitan" a los puertorriqueños.
Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno puertorriqueño que considere una violación de "Promesa" y también puede obligarle a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales, además de modificar normas económicas como el salario mínimo. Por eso algunos senadores han tildado la medida de "colonialista" e "intervencionista".
LGC (EFE / El nuevo día)