Polémica ley contra la discriminación

En Alemania se ha desatado una dura polémica en torno a un tema en el que, en realidad, debería existir consenso, al menos entre quienes se precian de ser "políticamente correctos". El proyecto de ley en cuestión no pretende más que poner coto a la discriminación en diversos campos de la sociedad, aplicando así las directrices con que la Unión Europea se propone evitar que alguien sufra desventajas derivadas de su sexo, raza u origen étnico.

Más que la UE

¿Cuál es, entonces, el motivo del revuelo? Los detractores del proyecto de ley alemán alegan que el gobierno intenta ir aún más lejos que la UE, agregando criterios como la religión, la orientación sexual, la edad o las limitaciones físicas a la lista de casos en que ha de quedar prohibida la discriminación. Y pintan escenarios catastróficos, en que avalanchas de demandas judiciales amenazan con sepultar a las empresas, contribuyendo además a la hipertrofia de la burocracia.

En otros tiempos, quizá los argumentos de la oposición cristiano-demócrata (CDU) habrían pesado menos en la balanza. Pero ahora sus dirigentes cuentan con la palabra mágica para poner a temblar al gobierno: desempleo. Así, ha bastado con que adviertan que la nueva ley tendrá efectos perniciosos sobre el mercado laboral para que también políticos del gobernante partido socialdemócrata den marcha atrás y planteen dudas, mientras sus aliados verdes defienden el borrador explicando lo evidente: que no hay razón para prohibir la discriminación racial y no la de los minusválidos, por ejemplo. O, dicho en otros términos, que no se puede discriminar entre las causas de la discriminación.

Ejemplos tranquilizadores

Mientras las grandes empresas se suman al coro del rechazo, diversos expertos llaman a tomar el asunto con más calma y a dar una mirada a lo que ocurre en otros países donde ya se aplican leyes aún más amplias contra la discriminación. Dilek Cinar, del Centro Europeo de Política e Investigación Social, cita los ejemplos de países como Australia y Canadá para demostrar que de ningún modo esas normas han destruido puestos de trabajo.

También los casos de Irlanda, Suecia o Gran Bretaña, que ya han implementado las normas de la UE contra la discriminación, indican que sus economías no han sufrido perjuicios. Cierto es que, desde la entrada en vigor de la ley que prohibe la discriminación sexual, se han duplicado en Gran Bretaña las demandas presentadas por esta causa, llegando entretanto a unas 14. 000. Pero esa no es, en realidad, una causa para oponerse a la ley. Más bien podría interpretarse como la confirmación de que hacía falta.