Pescadores peruanos a la deriva dos años después del derrame
16 de febrero de 2024
Según el estudio ‘Revelando el daño: valorización económica de la pérdida para las familias pescadoras afectadas por el derrame de Repsol en la costa de Perú', la contaminación impide que las familias pescadoras artesanales puedan volver a pescar, perdiendo al mes 11.902 soles (unos 3.214 dólares).
Publicado por la organización peruana CooperAcción, con apoyo de Oxfam en Perú, el estudio, a cargo de Kely Alfaro, se dio a conocer públicamente con motivo del segundo aniversario del derrame. El 15 de enero de 2022 se vertieron al mar de 11.900 barriles de crudo de Repsol sin refinar debido a la rotura de uno de los ductos submarinos, por donde se descargó dicho combustible a la Refinería La Pampilla S. A. A. (RELAPSAA), propiedad de la empresa española, que no había recibido el mantenimiento necesario.
“La crisis multidimensional ocasionada por el derrame de crudo no se ha resuelto aún y es un conflicto latente”, dice a DW Alejandro Chirinos, director ejecutivo de CooperAcción.
Las consecuencias ambientales y sociales del que es calificado como el mayor desastre ecológico de la costa peruana persisten a día de hoy. “No hay información del Estado para aclarar cuánto tiempo tomará recuperar las zonas afectadas. No se sabe el estado del fondo marino, zona donde se reproducen las especies”, agrega en entrevista con DW Miguel Lévano, Coordinador de Programas y Alianzas de Oxfam Perú.
“Los fondos marinos continúan contaminados con crudo, afectando toda la zona de desove de las especies hidrobiológicas”, lamenta Chirinos. “La empresa solo ha desarrollado acciones de limpieza de manera superficial, recogiendo con palas lo que se encontraba en la superficie marina y que era removido por las olas”, agrega. Este especialista en temas marinos-costeros recalca que Repsol “no ha ejecutado acciones mínimas de limpieza profunda, de descontaminación ambiental, de rehabilitación de hábitats y de repoblamiento de especies”.
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la compañía debía presentar planes de remediación ante el Ministerio de Energía y Minas, hasta el pasado mes de octubre. “A poco más de cuatro meses del cierre de la presentación, no hay planes aprobados”, critica Lévano. “Lo que tenemos hasta el momento son 26 planes entregados, pero de ellos ocho fueron declarados como 'no presentados', por 'no cumplir con todas las exigencias establecidas por ley'”, agrega.
Del resto, ninguno ha sido aprobado. “Una parte, por tener observaciones que la compañía debe subsanar, y otra, por que se viene verificando si las medidas presentadas cumplen con los requisitos”, explica Lévano, lamentando que es injustificable que “una compañía que en el 2022 y 2023 ha mostrado balances positivos en sus ingresos no tome medidas apropiadas y urgentes para atender la emergencia y luego diseñar planes de remediación, mientras hay más de 10.000 familias que dependen económicamente de los recursos marinos, y actividades complementarias, sin poder trabajar”.
Viviendo en la incertidumbre
“El derrame ha producido un proceso de expulsión violenta de las comunidades pesqueras respecto de sus medios de vida”, denuncia Chirinos, quien lamenta que muchos de sus miembros han sido obligados a trabajar de manera informal, mientras otros viven de “la compensación económica injusta que la empresa les impuso a los afectados”.
Allí, Repsol asegura que "destinó un presupuesto de más de 1.000 millones de soles para todos los trabajos de limpieza inmediata, remediación, monitoreo ambiental, compensación social y otros aspectos necesarios para cumplir con el compromiso asumido con los distritos afectados". Asimismo, afirma que iniciará proyectos de desarrollo sostenible en la zona.
“La empresa solo ha indemnizado por el primer año con un monto aproximado de 18.000 euros. Ahora que los afectados reclaman la indemnización por el segundo y el tercer año, la empresa pretende compensar a cada uno con la tercera parte del monto correspondiente a la indemnización por el primer año, es decir, por una suma de entre 6.000 y 7.000 euros a cada afectado”, detalla, por su parte, el ejecutivo peruano.
Por ello Lévano reclama revisar los montos pagados a las personas afectadas. “Repsol pagó a cada familia entre 12.000 y 7.000 euros un 25% de lo que les correspondía, según un estudio de valorización económica que realizamos”, puntualiza, y pide que se revisen la base de datos de las personas afectadas ya que eso “dejó a muchas familias excluidas de las compensaciones entregadas”.
Aunque la pesca artesanal ha sido el sector más perjudicado, las consecuencias económicas van más allá. “Se ha reactivado el turismo, pero no tiene la dinámica que tuvo hasta la temporada previa al derrame. La zona afectada dejó de ser turística debido a la contaminación que aún persiste, y las municipalidades han decidido prohibir oficialmente el ingreso a las playas afectadas por encontrarse contaminadas”, lamenta Chirinos.
Para Lévano, “es fundamental que las entidades públicas ambientales y marítimas responsables puedan aclarar el estado de las playas y el fondo marino; dos años después del derrame, los pescadores esperan la información oficial para saber cuánto podrán volver a trabajar”.
(cp)