Perú: Ejecutivo vs. Legislativo y el rol del fujimorismo
9 de octubre de 2019
¿Ha habido un golpe de Estado en Perú? ¿Se ha convertido el presidente Martín Vizcarra en un "dictador”, como sostiene la oposición, después de ordenar la disolución del Congreso el pasado 30 de septiembre? Lo ocurrido es una mala noticia para el país sudamericano, una de las economías más dinámicas de la región en las últimas décadas.
El cierre del Parlamento evoca un evento traumático, el "autogolpe” de Alberto Fujimori en 1992. Pero poco indica que la democracia peruana esté otra vez al borde del precipicio o que se haya despeñado ya, ni que la actual crisis institucional haya comenzado con la medida de Vizcarra.
El inicio de la crisis se remonta a las elecciones presidenciales de 2016, en las que el banquero de derecha Pedro Pablo Kuczynski se impuso por un estrechísimo margen de votos a la ultraderechista Keiko Fujimori. La hija de Alberto Fujimori lideraba las encuestas pero perdió por unos 40.000 votos en la segunda vuelta, y muchos consideran que no superó nunca esa derrota. Keiko, que había preparado meticulosamente durante años su llegada al poder, sí logró una contundente mayoría parlamentaria en esos comicios generales. Su partido, Fuerza Popular, obtuvo 73 de los 130 escaños del Congreso unicameral. Una mayoría absoluta que auguraba una convivencia difícil con el Ejecutivo.
Choque de poderes
Los peores presagios empezaron a cristalizarse pronto.Los gestos de Kuczynski para intentar apaciguar a la oposición, como nombrar a personas del entorno de Keiko Fujimori para altos cargos públicos, no dieron resultado. El choque entre Ejecutivo y Legislativo estaba servido. Después de varios roces, la bancada fujimorista apoyó en diciembre de 2017 una iniciativa para declarar "la vacancia” de la presidencia por "incapacidad moral permanente”, es decir, un proceso de destitución. Kuczynski sobrevivió a esa votación en el Congreso por intrigas en el seno del fujimorismo – el hermano de Keiko, el también congresista Kenyi Fujimori, pactó con el presidente para conseguir una amnistía para su padre, preso por delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad –, pero volvió a enfrentar una moción de vacancia poco después. PPK renunció al cargo en marzo de 2018 antes de la votación decisiva, por un escándalo de intentos de comprar votos de algunos congresistas. Su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el mandato que termina en 2021.
El caso "Lava Jato” tritura a la clase política peruana
Pero la crisis política peruana no se puede entender bien sin el caso "Lava Jato”. Después de Brasil, Perú es el país más golpeado por las revelaciones de la megainvestigación iniciada por la Justicia brasileña. Numerosas empresas de ese país están acusadas de haber pagado sobornos durante años para obtener favores políticos; la constructora Odebrecht admitió haberlo hecho además en casi una decena de otros países de la región. Perú fue uno de los más afectados debido al "boom” económico.
Cuatro expresidentes están implicados en el caso Odebrecht: Alejandro Toledo (2001-2006) está prófugo de la Justicia, Alan García (2006-2011) se suicidó este año cuando iba a ser detenido, y Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski están a la espera de juicio. También Keiko Fujimori afronta acusaciones de haber recibido financiación ilegal y está en prisión preventiva desde el año pasado. Pese a ello, la mayor de los vástagos de Fujimori es vista como la mano que mueve los hilos de su partido desde la cárcel. Y la bancada fujimorista dio en los últimos tres años varias muestras de querer torpedear la cruzada anticorrupción, por ejemplo blindando en el cargo a un Fiscal de la Nación que afronta graves acusaciones de corrupción y, recientemente, con el intento de tomar el control del Tribunal Constitucional designando a sus nuevos integrantes en un procedimiento "exprés” sin suficientes garantías de transparencia. La máxima corte del país debe decidir en breve sobre un recurso de liberación de Keiko Fujimori.
La "Cuestión de Confianza” frena al fujimorismo
Vizcarra recurrió por eso a una medida de urgencia para intentar frenar el nombramiento de nuevos jueces. La ley fundamental permite al Gobierno disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas si el Congreso censura a dos gabinetes ministeriales. Paradójicamente, el mecanismo legal que frenó al fujimorismo fue incluido en la Constitución de 1994, elaborada durante el régimen de Alberto Fujimori, para limitar el poder del Legislativo, después de que el mandatario disolviera ilegalmente a un Parlamento que le era incómodo en 1992.
Ahora persisten algunas dudas sobre la medida de Vizcarra por las condiciones extremas en las que se dio. Antes de que el exprimer ministro Salvador del Solar pudiera presentar la Cuestión de Confianza, el Parlamento se negó durante horas a recibirlo, pese a que la ley los obliga a hacerlo; más tarde se negaron a votar sobre la moción que pedía frenar la designación de jueces del Constitucional, y procedieron con el primer nombramiento. Finalmente, votaron a favor del pedido, al mismo tiempo que Vizcarra pronunciaba su discurso anunciando la disolución del Parlamento. El presidente consideró que el Congreso le había negado la confianza a su gabinete y que "había vaciado de contenido” la Cuestión de Confianza al haber designado ya a un nuevo juez.
Ahora es el propio Constitucional el que debe dictaminar en las próximas semanas si la medida tomada por Vizcarra está en conformidad con la ley. "Nuestra Constitución está agotada”, considera Edward Dyer, uno de los analistas peruanos que creen que la disolución del Congreso sí es constitucional. "Necesitamos una reforma integral. No es posible que la Cuestión de Confianza tenga vacíos o zona grises”, considera.
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