Pena de muerte en Latinoamérica: no dormirse en los laureles

"El primer país en el mundo en abolir la pena de muerte fue Venezuela, en 1863”, dijo a DW Raphaël Chenuil-Hazan, director ejecutivo de ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort), la coalición mundial contra la pena de muerte. A Caracas le siguieron Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana.

A la séptima edición del Congreso Mundial contra la Pena de Muerte en Bruselas, auspiciado  por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, Bélgica, Suiza y Noruega, acuden, entre el 26.02 y el 01.03.2019, 1.500 participantes: políticos, investigadores, abogados, activistas, ex condenados a muerte. "La pena de muerte no es justicia” se lee en algunos de sus carteles. 

 Si bien Europa es en este momento el mayor espacio mundial sin pena capital –exceptuando Bielorrusia-, los países europeos no fueron los pioneros en abolirla. "La guillotina estaba en el corazón de los franceses, el hacha en el de los ingleses”, recuerda Raphaël Chenuil-Hazan, director ejecutivo de ECPM. Cuando Francia abolió la pena de muerte, en 1981, el 69% de la población la apoyaba.  

Paradójicamente, "el temprano avance de Venezuela en este sentido se explica porque sus líderes estaban muy cerca del Iluminismo francés. En general, se puede decir que América Latina tuvo conciencia temprana al respecto por la mucha violencia estatal sufrida a lo largo de su historia”, sigue Chenuil-Hazan.

"Alemania la abolió en 1945 cuando tomó conciencia del alcance que puede llegar a tener la violencia a manos del Estado”, puntualiza.

Preocupantes zonas rojas

En el mapamundi del encuentro, las preocupantes zonas rojas se encuentran en África, en el  mundo árabe, en China, en Oceanía. Y en Estados Unidos. En América Latina, el Caribe y Belice se pintan de rojo. 

"Es interesante que países caribeños como Dominica, Barbados y Santa Lucía mantengan la pena de muerte, pero no la utilicen. En Cuba, las últimas ejecuciones fueron en 2003. La conservación de la pena capital es un símbolo”, dice Chenuil-Hazan. "Pero no es un símbolo que sirva para parar el crimen”, subraya.

"La pena de muerte no es justicia, es un instrumento político y de discriminación social. Es para los pobres. No hay ricos en los corredores de la muerte”, apunta Chenuil-Hazan. Según datos de la ECPM, el 95% de los condenados a  muerte no han contado con fondos propios para financiar su defensa.

Si bien la existencia de la "Coalición Caribeña contra la Pena de Muerte” y la reciente apertura de políticos de Belice y también de Cuba a discutir este tema son motivo de optimismo para los abolicionistas, el peligro de involución en países con moratoria es preocupante.

"Brasil, Chile y Perú conservan la pena de muerte para casos excepcionales. Es una herencia de los tiempos de las dictaduras”, explica Chenuil-Hazan.

"Por otro lado, claro está que todo movimiento populista utilizará la pena de muerte como un símbolo. Repito, este símbolo no es contra el crimen, es un símbolo de discriminación a las minorías étnicas, a las religiosas, a la oposición”, subraya.

Según comentó a DW Joaquín Martínez, ex condenado a la silla eléctrica en Florida,  que en el continente americano no se haya abolido totalmente la pena de muerte "tiene que ver con que muchos de estos países siguen el patrón de Estados Unidos”. Martínez, condenado sin pruebas válidas en 1996 y liberado tras un segundo juicio en 2001 gracias a la presión internacional, confía en que también en el norte las cosas cambiarán pronto. "Y los países latinos se unirán a la lucha por la abolición”, confía.

Tejiendo estrategias

Basándose en la falta de evidencia para el efecto disuasorio de la pena de muerte y en los derechos humanos –sobre todo en el derecho a la vida-, convencidos de todo el mundo debaten y tejen nuevas estrategias para lograr la abolición mundial de la pena de muerte. Ganar a líderes políticos y religiosos para esta causa es una de ellas.  El Papa Francisco se unió a ella en agosto de 2018 y envió su mensaje de apoyo al congreso de Bruselas. El apoyo desde Naciones Unidas también es claro: en diciembre de 2018, 121 de 193 países apoyaron la moratoria para todas las ejecuciones pendientes, allanando el camino hacia una abolición de la pena capital.

¿Abolir pero seguir ejecutando?

No obstante -abolida para todos los crímenes o con moratoria- la pena de muerte existe de facto en América Latina: la violencia sistemática en algunos países latinoamericanos abolicionistas ha tenido, también, sello estatal.

"En esos casos hablamos de ejecuciones extrajudiciales. Dado que no es legal que el Estado mate, internacionalmente se ve mal. Está fuera de la ley. Puedes decirles que son hipócritas. Pero si matas cuando la pena de muerte está vigente en tu país, actúas legalmente. La diferencia es inmensa”, subraya Chenuil-Hazan.

Para Martínez, que nació en América Latina de padres españoles, en ese continente "cambiar el chip” será cuestión de poco tiempo. Entretanto, esta lucha internacional va dando sus frutos. Si cuando Francia abolió en la década de los 1980 eran 35 los países abolicionistas, en este momento son 140.  Es más, según datos de ECMP, la criminalidad en los países que la han abolido recientemente no ha aumentado.

Por todo ello, Joaquín Martínez –que estuvo en su momento a favor de ella y que ha rehecho su vida después de cinco años de tener la muerte en su agenda diaria- opina que hay que abolirla porque "es injusta. Y representa solamente el odio, la falta de compasión y la ausencia de humanidad”.

(cp)

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