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Parlamento catalán defiende poder investir a Puigdemont

28 de marzo de 2018

Con el respaldo de los tres partidos independentistas, fueron aprobadas dos resoluciones, donde también se exige la libertad de los políticos detenidos.

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Barcelona Protest Inhaftierung Puigdemont
Imagen: picture-alliance/AP/S. Palacios

Los tres partidos independentistas que suman mayoría absoluta en el Parlamento catalán aprobaron este miércoles (28.03.2018) dos resoluciones que piden respeto a los "derechos políticos" del expresidente Carles Puigdemont, actualmente detenido en Alemania en virtud de una orden europea de captura activada por la Justicia española, incluyendo el de poder ser investido otra vez al frente del Gobierno regional.

Con los votos de JxCat, ERC y la CUP, el Parlament aprobó comprometerse a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar" que Puigdemont, así como Jordi Sànchez y Jordi Turull "puedan ejercer sus derechos políticos", incluyendo "el derecho a someter a debate y votación plenaria su candidatura para ser investidos". La resolución, en todo caso, carece de fuerza legal y solamente tiene un valor simbólico.

La segunda resolución exige la liberación inmediata de todos los políticos procesados por el plan independentista que se encuentran en prisión preventiva en Madrid: nueve en total, incluidos Sànchez, Turull y el ex vicejefe del Gobierno de Puigdemont, Oriol Junqueras. Durante el tenso debate, los independentistas describieron una Cataluña sometida y con sus derechos políticos y civiles suspendidos. "La violación de nuestros derechos es sistemática. Está en riesgo nuestra integridad psíquica y física", sostuvo la diputada Anna Caula, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Salir de la burbuja

En la exposición de motivos, los independentistas recordaron que Puigdemont "se vio forzado a renunciar a su investidura ante el bloqueo" por las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional para impedir su elección como president. También se recuerda que Sànchez, en prisión preventiva, no fue autorizado a asistir a su investidura, por lo que acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que llamó a adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar" que el número dos de JxCat pudiera "ejercer sus derechos políticos".

El contrapunto volvió a quedar en manos de la antiindependentista Inés Arrimadas, que ganó las elecciones del 21 de diciembre con su partido Ciudadanos pero no suma mayoría con otros partidos como para formar Gobierno. "Su opinión de que España es un país dictatorial y sin derechos no la comparte ninguna institución internacional", espetó a la bancada soberanista. "Salgan de la burbuja del 'procés', donde nadie piensa que España es un país totalitario".

DZC (EFE, dpa)