¿Para qué ha servido la Ley de la Prostitución?

El gobierno alemán ha sacado un balance negativo a cinco años de haber puesto en vigor la Ley de la Prostitución. Con ella se pretende proteger a la trabajadora del sexo, permitiéndole tener un contrato, poder exigir sus derechos laborales y optar por la seguridad médica y social. Esta ley, según la cual la prostitución es una oferta de servicios entró en vigor en 2002 y ha sido -hasta ahora- una de las piedras preciosas en la corona de los logros sociales del gobierno anterior, de coalición verde-socialdemócrata. Éstos explican su modesto balance con la irregularidad con la que se ha puesto en vigor, pues en algunos de los estados federados, la prostitución sigue teniendo el calificativo de inmoral.

Ministras conservadoras se oponen

"La ley no ha aportado, en realidad, a la seguridad social de las prostitutas", declaró la ministra de Familia, la cristianodemócrata Ursula von der Leyen. Las posibilidades que ofrece a este tipo de trabajadoras no han sido aprovechadas. Sólo un 1 por ciento dispone de un contrato de trabajo, aunque es un hecho que 87 por ciento de ellas se encuentran ahora aseguradas en una caja médica. Un tercio, sin embargo, están aseguradas indirectamente, es decir, constan como miembro de una familia, una posibilidad que ofrecen las cajas estatales alemanas.

"El objetivo de esta ley ha sido alcanzado sólo parcialmente", subrayó von der Leyen para cuyo partido la meta final no es regular este tipo de actividad, sino que los trabajadores del sexo cambien de campo laboral. Para quienes opten por cambiar de profesión, el gobierno debería ofrecer programas de capacitación y asistencia. Por otro lado reconoce la ministra que no ha tenido lugar el temido efecto de que dicha ley, al fin y al cabo, protegía el comercio humano y la prostitución forzada.

Más estricta es la vara que aplica Beate Merk, ministra de Justicia en Baviera. "En vez de ofrecer protección a mujeres maltratadas, la ley se usa para proteger a los proxenetas", opina Merk, quien querría abolir la ley lo antes posible. Penalizar la prostitución y el comercio con ella es lo que pretenden muchos de la unión conservadora CDU/CSU. Se baraja incluso la posibilidad de penalizar la compra de estos servicios: la multa la pagaría el cliente, no la prostituta.

Diversas son las fuentes de datos -policía y fiscalía entre ellos- en los que se basa el informe que presentó el ministerio de Familia. El más importante de ellos es un estudio encargado al Instituto de Investigación de Asuntos de la Mujer, adscrito a la Universidad Protestante de Ciencias Aplicadas. 1300 personas fueron encuestadas; de ellas, 305 prostitutas, 22 dueños de burdeles; 644 funcionarios de juzgados y 65 de fiscalías.

Otras fuentes, otras propuestas

Paralelamente al informe y a las aguerridas propuestas para abolir esta ley que, según sus detractores, apoya costumbres que atentan contra la moral pública, aparecen en el mercado dos estudios: uno un extenso reportaje con la historia de siete prostitutas para quienes la ley no ha mejorado su situación personal, pues trabajan como autónomas. Las quejas se dirigen, sobre todo, a la competencia que representan el servicio cada vez más barato de las inmigrantes. Para éstas, lógicamente, la ley tampoco ofrece cobijo. En el otro reciente estudio, publicado por la Friedrich Ebert Stiftung y el sindicato Ver.di, se asevera que un 60 por ciento de las prostitutas son inmigrantes ilegales.

Así las cosas y los datos a cinco años de la controvertida ley. Poco probable parece que la unión CDU/CSU logre que se la derogue. Sin embargo, su efecto no es el deseado, porque al parecer para la mayor parte de la población que se dedica a esas labores no aplica esta ley: no son alemanas ni están legalmente en el país.