Panamá busca su verdad sobre la invasión estadounidense

El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá. El objetivo declarado de la acción, en la que se desplegaron 26 mil soldados, era detener al gobernante de facto, Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. Además, se declararon intenciones nobles, como defender la democracia y proteger los derechos humanos. La “Operación Causa Justa” duró 14 días y tuvo como resultado la detención de Noriega y la muerte de un número indeterminado de civiles y militares panameños. Unos 500, según la ONU. Hasta 5.000, según otras fuentes.

La invasión dejó una herida abierta en el país. Ya a comienzos de 2015, el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela analizaba la posibilidad de enfrentar ese problema y crear una comisión que estudiara lo ocurrido durante “Causa Justa”, la última operación a gran escala realizada por Estados Unidos en Latinoamérica, y determinara, entre otras cosas, una suerte de verdad histórica sobre el número de muertos y los lugares donde se encuentran sus cuerpos.

“Conocer el detalle de los sucesos acaecidos a raíz de la intervención de las fuerzas armadas invasoras de Estados Unidos en diciembre de 1989, en el sentido de determinar la cantidad de víctimas y de lograr -en lo posible- la localización de sus restos, resulta indispensable para lograr objetivos de justicia, sin los cuales no se concibe un Estado de Derecho democrático”, dice a DW la comisionada Svetlana Jaramillo. Ella forma parte, junto a otro grupo de expertos en derecho internacional, de la Comisión Especial del 20 de Diciembre de 1989, presentada oficialmente el miércoles 20 de julio en Panamá.

Desclasificación de archivos

Además de Jaramillo, la comisión está integrada por los académicos Enrique Illueca, Rolando Murgas y Maribel Jaén, quienes serán liderados por el rector de la Universidad Santa María La Antigua, Juan Planells, quien fungirá como presidente. Planells aseguró que “descubriremos los escenarios, crímenes y violaciones de los derechos humanos, y haremos recomendaciones hacia la reconciliación para que hechos como este no se repitan”. Un primer avance de su trabajo, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, se conocerá el 20 de diciembre, cuando la comisión entregue un informe preliminar, a 27 años de la invasión.

Para la comisionada Jaramillo, “esto tiene una proyección histórica, porque debemos conocer los hechos dolorosos de nuestra historia para que no se repitan, para que sirvan de ejemplo a los jóvenes que ahora llevan la responsabilidad de construir la patria nueva. Esperamos que en el caso de Panamá, el resultado final de nuestro trabajo será motivo de una mayor unión entre los panameños ante el justo reconocimiento del mérito de los caídos”.

La comisión tiene previsto solicitar a Estados Unidos la desclasificación de archivos sobre la acción militar, para lo cual contará con respaldo de la cancillería. Asimismo, creará un registro único de víctimas a través de su página web. “Este es un compromiso de Estado con los derechos humanos”, dijo la canciller y vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, al presentar la comisión. La autoridad destacó que sin verdad no hay reconciliación y que el objetivo del grupo de expertos será precisamente procurar, en los dos años de trabajo que tienen por delante, dicha reconciliación.

Deber, honor y responsabilidad

Aunque fue breve, la invasión tuvo trágicas consecuencias para Panamá, tanto en lo humano como en lo material. El bombardeo del barrio de El Chorrillo, por ejemplo, dejó cientos de civiles muertos, pese al uso de la más moderna tecnología disponible en la época. Inmediatamente después, hubo saqueos y actos de vandalismo que aumentaron unas pérdidas materiales que lastraron la economía panameña durante muchos años.

Las consecuencias, sin embargo, son mucho más que económicas. Hay numerosas víctimas que esperan respuestas. Para la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del 20 de Diciembre de 1989, Trinidad Ayola, la creación de la comisión es el fin de una lucha y el comienzo de otra. En declaraciones a la prensa, sostuvo que “estamos aquí, en pie, para llegar a una conclusión y que todos los familiares de las víctimas sintamos que hemos logrado la justicia que tanto anhelábamos”. Esta asociación fue uno de los grupos civiles que colaboró en la conformación de la comisión.

Los comisionados, que trabajarán ad honorem, deberán también estudiar la posibilidad de declarar un día de duelo nacional, analizar la instalación de monumentos conmemorativos y la creación de un Museo de la Memoria. Es mucho trabajo, pero los comisionados lo toman como un honor que vale la pena. “La designación como miembro de la comisión es un deber, un honor y una responsabilidad. Asumimos ese deber institucionalmente, a partir del decreto en que, en una decisión valiente, nos designa el Órgano Ejecutivo nacional”, dice a DW Jaramillo, que aprovecha para destacar también el trabajo realizado por otros panameños en su búsqueda de la verdad.

“Son muchos los que, sin apoyo institucional, han realizado serios trabajos para la identificación y localización de las víctimas. La responsabilidad que asumimos con la designación es importante. Son numerosas las tareas específicas y concretas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos. Trataremos de llevar a cabo el trabajo haciendo un esfuerzo por contener el sentimiento que nos embarga, para garantizar que los resultados sean producto de procesos rigurosos”, promete la comisionada.