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Oposición venezolana denuncia “emboscada”

2 de marzo de 2016

El presidente del Parlamento venezolano rechazó un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que limita sus funciones para controlar a otros poderes públicos y dijo que forma parte de una “emboscada judicial permanente”.

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El presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup.
El presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup.Imagen: picture-alliance/dpa/M. Gutierrez

Este miércoles (2.3.2016), el presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, rechazó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que limita su capacidad de controlar a otros poderes y dijo que forma parte de una estrategia para anular al foro legislativo. Ramos Allup, uno de los líderes de la oposición antichavista, calificó el fallo del TSJ como la “sentencia del miedo” porque, a sus ojos, tiende un manto de protección sobre funcionarios civiles y militares del Gobierno que se niegan a ser interpelados en la Asamblea Nacional para evitar que se descubran hechos de corrupción.

“Esto es parte de una emboscada judicial permanente a través de la Sala Constitucional del TSJ que está sosteniendo con artilugios legales a un Gobierno que se está derritiendo por su propia corrupción e ineficiencia”, señaló en una rueda de prensa. La sentencia, emitida el martes (1.3.2016), dictaminó que la Asamblea carece de facultad para remover a los magistrados del TSJ, citar a los miembros de otros poderes e interpelar a ministros, aún cuando son funciones señaladas en la Constitución. El fallo incluso abre la posibilidad de declarar nulas las leyes que sean aprobadas por la Asamblea, que tiene mayoría opositora.

La decisión del TSJ fue publicada poco antes de que la plenaria legislativa conociera una investigación sobre la designación en diciembre pasado de 13 magistrados del TSJ por parte de la anterior Asamblea, que ostentó una mayoría oficialista. No obstante, Ramos Allup, aseguró que seguirá investigando a funcionarios civiles y militares por presuntos hechos de corrupción, pese a la sentencia del TSJ, que prevé “límites democráticos” a la tarea fiscalizadora del Legislativo. “Vamos a seguir investigando diversos hechos de corrupción, la ruina del aparato productivo y de las empresas a las que le puso la mano el Estado y que se convirtieron en negocio de funcionarios, y de dirigentes del partido del gobierno”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional.

ERC ( dpa / EFE )