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Opinión: Assange, el siguiente acto del drama judicial

14 de noviembre de 2016

Por fin: en su exilio londinense, Julian Assange será interrogado por una fiscal sueca. Pero, aunque eso lleve a desestimar los motivos para la orden de arresto en su contra, el fundador de Wikileaks no estará seguro.

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England Julian Assange
Imagen: picture-alliance/dpa/MacNaughton/Sputnik

El debate en torno a los correos electrónicos de Hillary Clinton fue uno de los factores que contribuyó a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y el origen de ese escándalo se encuentra en un edificio de seis pisos ubicado en el distinguido barrio londinense de Knightsbridge. Allí, frente a la refinada tienda por departamentos Harrods, se encuentra la embajada de Ecuador. En sus instalaciones vive asilado desde hace cuatro años y medio el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El flujo ininterrumpido de informaciones que esa plataforma hizo público consiguió poner a Clinton bajo presión durante meses enteros. Cabe suponer que fue a petición de Washington que la misión diplomática ecuatoriana en Gran Bretaña interrumpió el acceso a Internet de su huésped a mediados de octubre.

Sin embargo, como WikiLeaks no sólo está formada por Assange, las filtraciones de información continuaron. El 8 de noviembre, cuando se celebraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Assange emitió un comunicado para aclarar que ni WikiLeaks ni él tenían interés en influir sobre los resultados de esos comicios, argumentando que tanto Trump como Clinton se han mostrado extremadamente hostiles de cara a los whistleblowers, término anglosajón con que se alude a quienes denuncian o filtran información a la prensa sobre prácticas institucionales o corporativas reñidas con las leyes o la ética. No obstante, Assange acotó que WikiLeaks sólo cumplía su misión al arrojar luz sobre material auténtico con valor periodístico. Y, a sus ojos, los documentos sobre los e-mails de Clinton eran, sin duda, de interés público. Según el australiano de 45 años, a Wikileaks le habría encantado compartir información sobre Trump si ésta hubiera estado disponible.

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Matthias Hein, comentarista de DW.

Seis años de investigaciones

De momento, la agenda personal de Julian Assange se halla acaparada por otro asunto: por fin hay movimiento en la causa judicial de la cual es objeto. Este lunes (14.11.2016), Ingrid Isgren, interrogó a Assange sobre la acusación de violación que lo persigue desde hace seis años pese a la inexistencia, hasta ahora, de una denuncia formal en su contra.

El interrogatorio en cuestión es parte de una investigación preliminar, abierta en 2010, cerrada en agosto de ese mismo año por una abogada de Estocolmo que dijo no reconocer la comisión de delito alguno y retomada más tarde por la fiscal Marianne Ny, de Gotemburgo.

Vale recordar que el derecho penal sexual de Suecia es inusualmente amplio. La mujer cuyas declaraciones sirvieron de base para la investigación preliminar del caso Assange nunca dijo haberse sentido amenazada por el fundador de WikiLeaks; ella nunca habló de violencia. Bastó que ella relatara cómo, en el transcurso de su noche de amor con él, Assange la penetró nuevamente, esta vez sin condón, mientras ella dormitaba. En agosto de 2010, cuando la mujer se acercó a una estación de policía en Estocolmo, lo que ella buscaba era asesoría, argumentos legales para persuadir a Assange de que se sometiera a un examen médico y le dijera si era portador o no del virus del sida.

Temor a la extradición

La orden de captura de alcance europeo que ha obligado a Assange a permanecer en el Reino Unido durante 2160 días ahora hace posible que representantes de la Justicia sueca lo interroguen. Eso puede conducir a que se desestimen los cargos en su contra.

Aun así, el australiano no estará seguro. Su abogada, Melinda Taylor, subrayó en entrevista con DW que el motivo detrás del asilo de Assange en la misión diplomática de Ecuador no es la causa judicial sueca. "Él está en esa embajada porque ni Suecia ni Gran Bretaña quisieron garantizarle que él no sería extraditado a Estados Unidos si abandonaba sus predios. Ese riesgo seguirá estando vigente, independientemente del interrogatorio y de la orden de detención europea”. Taylor considera posible que el Gobierno saliente de Estados Unidos se esmere aún más en arrestar a Assange en las semanas que le quedan.

Puede que en Estados Unidos no se haya entablado demanda oficial alguna contra Assange, pero numerosos documentos demuestran que el Ministerio de Justicia de ese país tiene en la mira desde hace seis años tanto a WikiLeaks como a su fundador. La exsoldado y analista de inteligencia Chelsea Manning, presunta informante de WikiLeaks, fue condenada a 35 años de cárcel bajo el cargo de filtrar información a esa plataforma. Los llamados "Diarios de guerra de Afganistán”, "Diarios de guerra de Irak” y "Telegramas de la embajada”, sacados a la luz por WikiLeaks en 2010, son atribuidos a Manning.

El temor de Taylor al largo brazo de Estados Unidos parece justificado. A juicio de Nikolaos Gazeas, abogado especializado en Derecho Penal Internacional y docente en la Universidad de Colonia, es probable que no sólo exista una solicitud de extradición, sino también una petición de arresto susceptible de ser atendida rápidamente y sin burocracia. En conversación de DW, Gazeas admite poder imaginarse "que los estadounidenses tienen documentos de ese tipo en la gaveta, listos para ser faxeados en cualquier momento”.

Con la esperanza en Trump

A estas alturas abundan las iniciativas digitales donde se le pide al mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, que le conceda la amnistía a Assange. Melinda Taylor concede que sería de gran ayuda que el nuevo Gobierno cambiara sus políticas frente a los whistleblowers. Taylor enfatiza que, aparte de su cliente, también Chelsea Manning y el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden jugaron un rol valioso en la publicación de información de interés público. "Los whistleblowers deben ser protegidos”, sostiene la abogada.

En este sentido, el balance de la presidencia de Barack Obama es más bien negativo, comenta el periodista británico Charles Glass a DW: "Obama ha perseguido judicialmente a más comunicadores que varios Gobiernos anteriores juntos”. Su Ejecutivo usó una ley contra el espionaje que data del año 1917 para "perseguir a periodistas por filtrar documentos alusivos a las torturas, los asesinatos y los secuestros de sospechosos en todo el mundo”, añade Glass, experto en asuntos relacionados con el Medio Oriente y defensor de la causa de los whistleblowers. A mediados de 2015, Glass emprendió una gira por varias ciudades europeas, exhibiendo estatuas de bronce de Assange, Snowden y Manning  para informar sobre sus respectivos destinos.

Matthias Hein

Usted puede leer la versión original de este comentario en alemán.