Conflicto por el petróleo amazónico

Justo cuando el gobierno de la región belga de Valonia aprueba un aporte adicional de 300.000 euros a los 1,5 millones ya aportados al fondo Yasuní –la propuesta ecuatoriana de dejar bajo en el subsuelo 800 millones de barriles de petróleo a cambio de que la comunidad internacional aporte la mitad de los ingresos que dejaría de percibir por ello-, la apertura de una nueva ronda de licitaciones petroleras para la Amazonía y la resistencia de las comunidades indígenas subraya una de las contradicciones más agudas que vive Ecuador.

Una visión desde Bélgica

“El proyecto Yasuní es una lección de innovación en una transición hacia otro modelo de desarrollo que incluya energías renovables, eficiencia enérgetica, regeneración de ecosistemas. A la vez aumenta la presión sobre sus zonas vecinas”, decía Oliver Bierin, representante del ministerio valón de Desarrollo. Pocos días antes, el Parlamento belga había aprobado su apoyo al innovador plan ecuatoriano.

Esto plantea un desafío adicional para el gobierno del país sudamericano: “que tiene que encontrar un equilibrio entre la búsqueda de fondos para su política social y el cambio hacia una modelo de desarrollo que renuncie al petróleo”, opina Bierin subrayando tanto el respeto a la soberanía estatal como a los derechos indígenas.

No basta con Yasuní

“No podemos ser la cruz de Yasuní”, decía José Gualinga, líder de la comunidad Sarayaku, que desde el río Bobonaza en el corazón de la selva amazónica, logró en junio de 2012 –por fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- detener la explotación petrolera inconsulta de la transnacional Texaco.

“Cómo puede ser que se conserven 200 mil hectáreas y se ponga en mano de las petroleras 4 millones de hectáreas de selva primigenia, de la misma categoría megadiversa que Yasuní? ¿Cómo es posible que un país pionero en dejar el petróleo bajo el suelo entregue millones de hectáreas a un proyecto que sólo trae muerte?”, cuestiona Gualinga que además afirma que las comunidades no han sido bien consultadas previamente.

Aunque la extracción del crudo no se diese exactamente en los territorios habitados por los indígenas -1200 en el caso de los Sarayaku- las detonaciones para la creación de los pozos acabarían con la selva, los animales y la cultura de estas poblaciones. “Todo Bélgica y Luxemburgo podrían ser destruidas con esa cantidad de explosivos”, advierte Gualinga.

Amparados en acuerdos internacionales

“Desde Canadá a la Argentina, Amnistía Internacional ha constatado una serie de casos de grandes proyectos de explotación de recursos en territorios indígenas y los indígenas no han sido consultados o no han sido consultados suficientemente”, explica Claudio Guthmann, coordinador en Bélgica de la organización defensora de derechos humanos. Tanto decir “sí” o “no” es parte de los derechos de los pueblos autóctonos acordados por la ONU en 2007 como el decidir sus propias prioridades de desarrollo.

¿Y qué es desarrollo?

“Estamos trabajando en la propuesta de una declaración de de desarrollo desde la `selva viviente´. Similar a la propuesta de Yasuní, proponemos dejar bajo tierra el petróleo y declarar la Amazonía un territorio intocable en el cual sí realmente se pueda dar el plan de vida Suma Kawsay, el buen vivir”, explica Gualinga a DW.

El eje central de nuestra propuesta no es el hombre, sino la naturaleza. El Suma Kawsay tiene que garantizar el equilibrio de la Pachamama”, afirma Gualinga anunciando que su pueblo optará por la resistencia.

Desafío para el gobierno

“Sarayaku somos todos”, dice por su parte Déborah Salgado, embajadora adinterim de Ecuador ante el Reino de Bélgica, subrayando los objetivos de desarrollo sociales y medioambientales del gobierno del presidente Rafael Correa.

La inclusión del `buen vivir´ en la constitución, la reducción del índice de pobreza, el reconocimiento del país como plurinacional, los planes de cambiar de matriz energética y el hecho de llevar a la cumbre climática de Doha la propuesta de contabilizar las emisiones evitadas son subrayados como logros de este gobierno. Con todo, Quito hace hincapié en el derecho del Estado a los recursos del subsuelo.

De Yasuní a toda la Amazonía

Así, “es evidente que Ecuador se enfrenta a una contradicción, entre proteger una zona y a su gente y por el otro explotar una zona con los riesgos que ello conlleva. El país deberá buscar el equilibrio entre el desarrollo legítimo y soberano de un Estado en su conjunto y los intereses de estos pueblos primigenios a quienes ampara una convención internacional”, dice Bierin a DW.

No obstante, no se trata sólo de un territorio en América del Sur: “la polución y el cambio climático no tienen fronteras. Y lo que sucede en la selva amazónica tiene implicaciones globales. En este sentido apoyamos el Proyecto Yasuní, porque permite poner a discusión la reforestación, la protección de la biodiversidad y el desarrollo sustentable también de las regiones aledañas, esperamos que no sólo en Ecuador sino en toda la Amazonía”.

Autora: Mirra Banchón
Editor: José Ospina-Valencia