Nicaragua: familias de víctimas de represión exigen justicia
18 de abril de 2022
A cuatro años del estallido de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua, que se conmemora este lunes (18.04.2022), el gobierno de Daniel Ortega mantiene presos a más de 177 opositores, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia detenidos antes de las elecciones y condenados a penas de hasta 13 años de cárcel.
El gobierno "ha desatado otra ola de persecución con allanamientos, amenazas y arrestos". dijo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la abogada Vilma Núñez.
En 2018, manifestaciones masivas contra una reforma al sistema de salud se extendieron hacia el propio gobierno. Hubo barricadas y choques con la policía.
El país se paralizó por cinco meses y las protestas fueron reprimidas con un saldo de 355 muertos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sumergido en una crisis política desde entonces, el gobierno ha ilegalizado a partidos opositores, a ONG e incluso a universidades privadas donde se gestaron manifestaciones. No hay medios de prensa impresos independientes porque han sido clausurados.
Las entidades del Estado están controladas por representantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y entre los últimos arrestos la policía detuvo a cuatro músicos y productores artísticos, por presuntamente cantar un tema musical dedicado a la rebelión de abril.
"El gobierno está tratando de silenciar las voces críticas. Es decir, no podés hablar absolutamente nada a través de la música, de la escritura, menos desde una posición política", dijo el poera Carlos Alemán Rivas, al cuestionar la captura de los artistas, uno de los cuales ya fue deportado según la prensa.
Ortega, de 76 años y en el poder desde 2007, obtuvo un cuarto mandato en las elecciones de noviembre pasado, con la mayoría de sus rivales presos y acusados de conspirar contra su gobierno con ayuda de Washington.
"Me duele respirar", fue lo último que dijo Álvaro Conrado luego de que una bala lo alcanzó, cuando llevaba agua a estudiantes que protestaban contra el gobierno de Ortega hace cuatro años en Nicaragua. Su vida se detuvo, y también la de su familia.
Tenía 15 años cuando murió y aún estaba en el colegio. Las protestas habían empezado el 18 de abril de 2018. Dos días después, en medio de manifestaciones, recibió el disparo, aparentemente de un francotirador.
"Justicia y verdad. Eso es lo que queremos, que nos digan lo que pasó. A cuatro años de su muerte no hay ninguna persona detenida", dice Álvaro Conrado padre, mientras observa los objetos de su hijo en un espacio de su casa en Managua dedicado a su memoria: una patineta, zapatos deportivos, un diploma póstumo de bachiller y pósteres con la imagen de "Alvarito" que han llevado amigos y conocidos.
gs (afp, efe, La Prensa, Confidencial)