Nicaragua en la mira de Bruselas: para ayudar y sancionar

En un momento en que un paquete de nuevas leyes acentúa aún más el carácter autoritario del gobierno de Nicaragua, en un debate en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo no fueron pocas las voces -tanto de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense como de la Eurocámara- que pedían mayor presión sobre el gobierno de Managua para cesar la represión. ¿Cómo? Ampliando la lista de sancionados, incluyendo a la pareja presidencial, por ejemplo. O activando el artículo 1.1 del Acuerdo de Asociación (ADA), cuyo pilar comercial está en marcha desde 2013 y cuyo pilar de diálogo político y cooperación aún se encuentra en vías de ratificación. El famoso artículo 1.1. "establece el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho”.

Sanciones a Nicaragua desde hace más de un año

Cabe recordar que imponer sanciones a miembros del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo había sido decidido en enero de 2019. La lista de sancionados -con congelamiento de activos en territorio europeo y acceso al espacio de la UE- se decidió en octubre de 2019.

Pero la represión ha recrudecido más aún con la pandemia, los 118 presos políticos siguen encarcelados, no ha habido retorno seguro para los que han emigrado desde abril de 2018, los universitarios que fueron expulsados después de las protestas no han sido readmitidos.

Más aún, las últimas leyes de seguridad cibernética, agentes externos y de prisión perpetua solo permiten avizorar días aún más negros para el futuro democrático del país. En ese contexto, las sanciones fueron extendidas, un año más.

Que sobre miembros del gobierno de Daniel Ortega pendan sanciones de la Unión Europea no afecta a la ayuda humanitaria para combatir la pandemia del COVID-19 o los desastres naturales, como el actual huracán Iota. Tampoco a la cooperación que Bruselas mantiene con ese país centroamericano, socio comercial junto con los otros países de la región (Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá).

¿Cuál es el siguiente nivel de presión?

"Está claro que las medidas aplicadas hasta hoy no han tenido el efecto deseado. Hay que procurar otras medidas y con ello un diálogo con vista a resultados. Si el diálogo no funciona, hay que escalar un poco más esto”, dice a DW Isabel Santos, eurodiputada portuguesa del bloque socialdemócrata. "Pedimos sanciones individuales, claras y efectivas, que se apliquen a todos los responsables de lo que está pasando. Hay que dar señales claras”, dice Santos.

Y una señal muy clara sería activar la cláusula de derechos humanos que todos los socios aceptaron al firmar el acuerdo comercial. Pero sancionar a un solo miembro de un espacio económico como el Centroamericano sería poco factible. No obstante, el que haya en la región más de un país con problemas de respeto a libertades, derechos fundamentales y sociales abre la posibilidad de utilizar otros instrumentos.

"Dado que el retroceso en la protección de los derechos fundamentales es alarmante en varios países centroamericanos, desde la sociedad civil nos han propuesto que haya una evaluación de la situación de los derechos humanos en Centroamérica y se proceda a suspender el acuerdo en su totalidad”, comenta a DW Miguel Urbán, eurodiputado español del bloque de la Izquierda Unitaria.

¿Sería factible? Especialistas consultados por DW responden negativamente. Si bien el respeto a los derechos humanos está en la cabeza de los tratados, no hay mecanismos para la implementación de palancas de control. Lo único que podría servir de palanca está en las partes del acuerdo que aún no han sido ratificadas.

Como fuere, Bruselas está muy consciente de la situación en Nicaragua, más aún de cara a las elecciones de noviembre de 2021. ¿Qué hacer? Si bien no es usual en la UE incluir a los mandatarios en la lista de sancionados -para no cortar el diálogo al más alto nivel-, Isabel Santos, a título personal, sí lo pediría. "La situación ha llegado a un nivel ya inviable y hay que cambiarla”, afirma Santos.