Nicaragua: ataque contra defensora de presos políticos

Las autoridades judiciales de Nicaragua condenaron a una abogada defensora de presos políticos, por haber cacheteado a un policía que la sacó a empujones de una sala.  La Fiscalía pidió cuatro años de cárcel para María Oviedo, que además podría perder indefinidamente su licencia de trabajo.

El delito imputado a la jurista Oviedo, de 36 años, fue el de "obstrucción de funciones” en perjuicio del capitán de policía Oscar Zapata, jefe del departamento de Armas y Municiones de la Policía de Masaya, ciudad al sureste de la capital, donde hace más de un mes ocurrió el incidente. La jueza Nalia Ubeda confirmó su veredicto de culpabilidad contra su colega la noche del jueves, después de una maratónica sesión de más de 10 horas.

Aunque aún no guarda prisión, María Oviedo tiene restricción migratoria y la obligación de presentarse ante la jueza diariamente, hasta la lectura de sentencia que fue fijada para el próximo lunes 2 de septiembre. Ahí se confirmará cuántos años pasará tras las rejas.

El caso ha generado críticas y malestar entre juristas, activistas de derechos humanos y organizaciones feministas, sectores que han sufrido persecución desde abril de 2018, cuando una ola de protestas sociales puso en jaque al gobierno de Daniel Ortega.

Estado es misógino, dicen feministas

"Esto no es más que otra muestra de la persecución que sufrimos las mujeres, y entre ellas las defensoras de derechos humanos, por parte de este Estado misógino que ha coartado toda forma de libertad”, declaró a DW Juanita Jiménez, directora ejecutiva del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM, feminista). "Las mujeres nicaragüenses estamos en completa indefensión frente a un aparato de justicia convertido en instrumento político-partidario y que, como estamos viendo, puede anular un acto de legítima defensa y criminalizarlo”, agregó Jiménez.

No pocos piensan que la decisión judicial podría ser una represalia del gobierno hacia la activista de derechos humanos, quien hasta el año pasado había sido fiscal de la Corte Suprema de Justicia, controlada por altos magistrados leales a Ortega. Oviedo renunció en 2018 a su cargo para unirse a no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y desde ahí ejercer la defensa de estudiantes presos y perseguidos por el gobierno.

El sistema judicial está en manos del gobernante partido Frente Sandinista desde 1998, cuando el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán firmó un "pacto” con el líder sandinista Daniel Ortega para repartirse en control de los principales poderes del Estado. El cuestionado acuerdo entre caudillos le permitió a Ortega, que había gobernado en la década de 1980, reformar las leyes, volver a la Presidencia en 2007 y reelegirse dos veces consecutivas hasta hoy. La Fiscalía solicitó aplicarle a la activista Oviedo la pena máxima para el delito de obstrucción de funciones, que es de cuatro años de cárcel, lo cual podría ser aceptado por la judicial a cargo del caso.

La jueza Ubeda es la misma que en noviembre pasado declaró "en rebeldía” al maratonista Alex Vanegas, uno de los personajes emblemáticos de las protestas contra Ortega, y giró orden de captura en su contra. Vanegas logró huir y exiliarse en Costa Rica a inicios de este año.

Cenidh: Poder Judicial persigue a defensores de DDHH

La activista Oviedo alega que actuó en defensa propia y que el oficial cometió abuso de poder al intentar sacarla a empujones de la sede policial, donde realizaba gestiones en favor de un joven manifestante excarcelado. Un video que se hizo viral en las redes registró el momento de la cachetada y la persecución de dos mujeres policías que arrastraron a la abogada por un pasillo hasta someterla con una "llave” por el cuello.

"Pensé que iba a morir por asfixia mecánica”, relató la jurista, cuyo caso ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante el juicio, la defensa de Oviedo presentó ese video como única prueba de que su clienta sólo se defendió de una agresión. Sin embargo, la Fiscalía rebatió sus argumentos presentando como testigos a ocho elementos de la Policía Nacional, entre ellos el propio oficial Zapata y las dos oficiales mujeres que redujeron por la fuerza a la activista.

El abogado Julio Montenegro, miembro del equipo de abogados independientes Defensores del Pueblo, expresó el viernes "total respaldo y solidaridad” con su colega, y objetó el hecho de que el caso se ventilara en Managua y no en Masaya, donde ocurrieron los hechos.

"La resolución de culpabilidad contra la abogada María Oviedo, evidencia una vez más la persecución contra los defensores de derechos humanos en Nicaragua y la falta de independencia de un Poder Judicial que opera como un brazo represivo de la dictadura Ortega Murillo”, denunció por su parte el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que demandó a la jueza rectificar su "anti-jurídica resolución”.

(jov)

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