Nicaragua amplía el plazo a la Comisión de la Verdad
2 de noviembre de 2018
La Asamblea Nacional de Nicaragua emplió este jueves (01.11.2018) otros tres meses el plazo de la "Comisión de la Verdad, Justicia y Paz" para investigar las muertes acaecidas durante las violentas protestas en el país desde el pasado 18 de abril. La mayoría sandinista y sus aliados aprobaron una resolución que extiende hasta febrero la vigencia de la comisión.
Esta comisión, muy criticada por contar sólo con diputados afines al presidente Daniel Ortega, tenía un primer plazo de tres meses, que terminaba el 5 de agosto pasado, para dar un informe sobre los muertos, heridos, desaparecidos, encarcelados y torturados en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país. Posteriormente, el Parlamento extendió ese plazo hasta el 6 de noviembre, y ahora hasta el 6 de febrero próximo.
Nuevas denuncias y detenciones
Organizaciones de derechos humanos denunciaron, por un lado, "la brutal represión" contra 16 detenidas cometida días atrás en el Centro Penitenciario de Mujeres La Esperanza. Y, por otro, los atentados contra la libertad de expresión y la detención de periodistas. En concreto, la "Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil -integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco", denunció en una declaración que "fuerzas represivas golpearon y secuestraron este miércoles 31 de octubre en la ciudad de León", 90 kilómetros al noroeste de Managua, "al periodista Álvaro Montalván, cuya inmediata puesta en libertad exigimos".
Montalván, director de la emisora Radio Mi Voz, se dirigía a su vivienda a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por agentes policiales, que lo bajaron del automóvil y lo trasladaron esposado en una camioneta de la Policía Nacional, según la denuncia de sus familiares. Hoy mismo las autoridades han presentado además otras dos detenciones de "terroristas" capturados tras participar en protestas ubicadas en los departamentos (provincias) de Rivas y Carazo, en el suroeste de Nicaragua, informó la Policía, a través de medios del Gobierno.
El nicaragüense Luis Enrique Cuevas Poveda, que se ganaba la vida vendiendo banderas de Nicaragua a los manifestantes antigubernamentales, fue declarado culpable de entorpecimiento de servicios públicos, amenazas de muerte y tenencia ilegal de armas de fuego, informó hoy su abogado defensor. Este sostuvo que el único "delito" de su defendido fue vender esas banderas y que la condena se basaba únicamente en el testimonio de tres personas que afirman que su defendido les amenazó de muerte sin prueba alguna.
Respecto a los abusos en el Centro Penitenciario La Esperanza, el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) pidió una "investigación objetiva" y sanciones contra los responsables. "Rechazamos de manera categórica la arbitrariedad, la violencia y el sigilo de las autoridades del Centro Penitenciario La Esperanza, en relación a la gravedad de la denuncia de permitir que hombres ingresen a un penal de mujeres a perpetrar actos de violencia física en perjuicio de mujeres privadas de libertad", señaló la organización.
Respuesta del Gobierno
"El Gobierno de Nicaragua respeta y garantiza los derechos humanos de los terroristas presos en el sistema penitenciario", informó hoy la Presidencia, a través de medios gubernamentales en respuesta a esta denuncia. En un corto informe, el Gobierno destacó que este jueves se les permitió tomar el sol y realizar compras en una tienda interna a "10 presas terroristas golpistas", entre las que destacaron la estudiante de nacionalidad belga y nicaragüense Amaya Coppens, las hermanas Yolanda y Ana Sánchez Moraga y Nelly Roque.
lgc (dpa/efe)
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