¿Nuevas respuestas al narcotráfico en América Latina?

20 años después de la destrucción de los carteles de Cali y de Medellín, los países latinoamericanos siguen pagando con sangre la droga que se consume principalmente en Europa y Estados Unidos. En un seminario organizado por International Crisis Group (ICG), un think tank con base en Bruselas, analistas especializados en América Latina y el Caribe resaltaron el alto peligro que esto supone para las democracias en la región. La cercanía de elecciones presidenciales en Guatemala y regionales en Colombia subraya la gravedad del tema.

Los golpes asestados a los grandes carteles del narcotráfico han desatado un efecto globo: la producción de coca se ha desplazado más hacia Bolivia y Perú; su paso, hacia Guatemala, Venezuela, otras rutas del Caribe y, también, Brasil. La presión que se pone desde hace cinco años en los carteles mexicanos han tenido como resultado que sólo un 7 por ciento de la cocaína destinada a Estados Unidos llegue directamente a México (hasta el 2006 era el 55 por ciento); ahora, arriba primero a América Central: así, “el triángulo conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador se ha convertido en una de las regiones -que no están en guerra- más violentas del mundo”, dice un informe del think tank, publicado recientemente.

“En Guatemala, la probabilidad de morir violentamente en la calle es cuatro veces superior que en Kabul; cada media hora muere una persona en Venezuela”, expone la analista alemana Silke Pfeiffer, directora para Colombia y los Andes de ICG. En Colombia, los grandes carteles han cedido a la presencia de más grupos armados narcotraficantes que son más impredecibles y más difíciles de manejar.

¿El papel de los gobiernos?

“El negocio ha crecido no tanto por lo que lo que los Gobiernos han hecho, sino por lo que no han hecho. La baja capacidad institucional que tienen muchas democracias en América Latina, por la poca capacidad de implementar el Estado de derecho y de bajar las tasas de impunidad. En ese sentido, le han dado una gran oportunidad al crimen organizado para crecer e infiltrar a las instituciones democráticas. Además hay unas élites, parte de ellas en algunos gobiernos, que defienden sus privilegios a través de alianzas con estos intereses criminales”, explica Pfeiffer en conversación con DW.

Y si bien ha habido diferentes políticas antidrogas, “no ha habido es una coordinación efectiva. En el caso de las fronteras de Colombia, hay muy poca cooperación para prevenir el traspaso de los grupos criminales y las transacciones ilegales”, puntualiza. Su vecino Venezuela –que no es país cultivador ni productor de drogas- trafica. “La falta de independencia de poderes, la poca efectividad del sistema judicial que lleva a un alto grado de impunidad y el alto nivel de complicidad entre el crimen y la fuerza pública la permisibilidad del Gobierno venezolano para las actividades ilícitas”, dice Pfeiffer, son factores que aportan al auge del narcotráfico en ese país.

Fondos y Plan Colombia

Por otro lado, a pesar de los fondos internacionales, también europeos, que han fluido hacia América Central para reforzar las instituciones democráticas, las instituciones son débiles y la impunidad es alta. Efectivamente, “no creo que hayan faltado fondos, la amenaza que enfrentan esas instituciones es demasiado grande y hay demasiados intereses en contra”, dice Pfeiffer.

En cuanto a Bogotá, “el Plan Colombia apoyado por Estados Unidos no ha consistido en una estrategia global o comprensiva. Ha estadp enfocada a la interdicción y la erradicación, a la represión de la oferta. Pero si erradicas la droga y al mismo tiempo no ofreces nada a la persona que cultiva la coca, estamos ante una política con resultados muy de corto plazo, porque el cultivo va a reaparecer en otro lugar. En ese sentido, no ha abierto oportunidades de desarrollo y no ha sido complementado por políticas internacionales que reduzcan efectivamente la demanda. El negocio sigue estando ahí”, explica Pfeiffer.

Necesidad de nuevas respuestas

Así, tras cuarenta años de políticas de prohibición y represión de los diversos actores del negocio y el consumo del narcotráfico, nadie está contento con los resultados. No obstante, “ya no se trata de mejorar los análisis, sino de cómo organizar una nueva respuesta”, afirmó Mark Schneider, consejero especial para América Latina.

“Hasta ahora la política internacional, sobre todo las políticas de Estados Unidos, han estado orientadas a suprimir la oferta y criminalizar a los consumidores. Nos parece que el debate tiene que ir en la dirección de enfocar la reducción de la demanda, tratando el problema del consumo de la droga como un problema de salud pública, decriminalizar el problema y de invertir en programas de alternativas de desarrollo para los que cultivan”, afirma Pfeiffer.

¿Y la Unión Europea? Pfeiffer, que opera desde Bogotá, responde: “La Unión Europea tiene un gran interés propio dado que el consumo ha aumentado y es un gran mercado de demanda, a donde llega gran cantidad de droga a través de los Andes y un gran porcentaje desde África Oeste. Y aunque Europa ha enfocado el tema de salud pública más que Estados Unidos, en realidad no se ve que haya voces que estén impulsando la discusión. En este momento, el debate está promovido por líderes latinoamericanos que se dan cuenta que están pagando la factura de una política internacional fallida”

Autora: Mirra Banchón
Editor: Enrique López