México quiere regular las redes sociales

Cuando en enero Twitter suspendió la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saltaron las alarmas en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al igual que Trump utiliza la presencia en internet y en los medios de comunicación como centro de su comunicación política, criticó esta medida como un atentado a la libertad de expresión. Habló de censura y de un precedente preocupante.

Un mes más tarde, a una velocidad récord, el presidente del Senado mexicano, Ricardo Monreal, del partido gobernante Morena, presentó la noche del martes un proyecto de ley para regular las redes sociales. Los expertos critican la propuesta por diferentes motivos. Para algunos es demasiado burocrática, para otros roza la censura estatal, mientras que otros se quejan de que viola los tratados internacionales. Sus posibilidades de éxito también son escasas.

¿Ataque a la libertad de expresión?

El proyecto de ley tiene 52 páginas y 175 párrafos, y convierte al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el principal regulador y árbitro. Monreal defendió su proyecto en un mensaje de video como oportuno para limitar el poder de las empresas privadas. Dijo que el Estado debe velar por que se respeten los derechos de los usuarios y se garantice la libertad de información y expresión. "Los estándares de protección de los derechos fundamentales, como lo es el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio, no deben de ser regulados por empresas privadas ", dijo. "No me someto al capital, quiero regularlo".

Aseguró que esto no tiene nada que ver con censura, defendiéndose de las críticas. Estas vienen de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), entre otros. En un comunicado publicado el martes, Alai explicó que la iniciativa pone en peligro la naturaleza descentralizada de Internet al crear una autoridad de control y tratar así un fenómeno global desde una perspectiva nacional. Esto frena la innovación, erige una barrera a los nuevos servicios y es contraproducente porque amenaza la libertad de expresión e información, indicó. Y agregó que no corresponde a las autoridades de telecomunicaciones juzgar los contenidos. Según Alai, la propuesta viola, entre otras cosas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-Mec).

Europa como modelo

Monreal cita la normativa europea como modelo, pero su proyecto se diferencia de ella en puntos clave. Entre otras cosas, quiere que las redes sociales tengan que registrarse en el IFT si tienen más de un millón de usuarios. La presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel), Irene Levy, considera que se trata de un filtro que equivale a la precensura.

"No existe tal cosa en la UE", dijo a DW. Mientras que para los europeos la protección de datos y la protección contra la manipulación por parte de noticias falsas, bots y campañas de odio están en primer plano, el borrador de Monreal se centra en la cuestión de quién decide el bloqueo de cuentas.

Para la periodista Leticia Robles de la Rosa, esto sugiere que el proyecto está vinculado a la próxima campaña para las elecciones parlamentarias de junio. Se consideran una prueba importante para López Obrador y Morena, cuya mayoría en el Congreso está amenazada por una amplia alianza de la oposición. "Tras el bloqueo de Trump, Twitter también reprimió a los usuarios que difundían propaganda del gobierno mexicano y noticias falsas", recordó a DW.

Las primeras reacciones al proyecto fueron negativas, dijo Levy, por lo que le ve pocas posibilidades de éxito. Según ella, se trata más bien de una distracción de la desastrosa gestión de la pandemia. Robles tampoco cree que tenga muchas posibilidades de éxito porque probablemente haya mucha presión pública en contra. "La propuesta es en realidad contraproducente para Morena, porque en México son mayoritariamente usuarios progubernamentales los que agitan  las redes. Serían los primeros afectados", señala Robles.

En principio, no ve ningún problema en que haya una autoridad reguladora, siempre que sea independiente y trabaje con criterios técnicos y objetivos. "Pero eso es precisamente lo que está en riesgo en México, porque el presidente quiere suprimir los organismos autónomos", dice Robles. El IFT, añade, también corre el riesgo de consumirse políticamente en esa tarea. "Así que me temo que la iniciativa tiene menos que ver con el control de las redes sociales y más con sabotear al IFT". Levy también ha observado que solo ciertos hechos, como la difusión de noticias falsas, la incitación al odio o la violación de los derechos de privacidad, se incluyen como motivo de cierre de cuentas, pero no los bots, que son perfiles falsos. Por tanto, teme que la ley pueda abrir posibilidades a los manipuladores profesionales por la puerta trasera.

(gg/er)