“México necesita verdad”

“Si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no tiene acceso a las pruebas y a la información que necesita, da igual que esperemos a que acabe el mandato: no habrá nada nuevo”, dijo a DW Beatriz Becerra Basterrechea, vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo.

La eurodiputada –que formó parte de la delegación que fue a México recientemente a abordar con diversos actores de la sociedad la situación de los derechos humanos- constató que los temas de corrupción, violencia contra defensores de derechos humanos, y desapariciones “coinciden todos en el mismo punto: la impunidad que nutre la desconfianza de los ciudadanos a las instituciones”.

“Creemos que señalar la importancia del caso, la importancia de que se esclarezca, es muy importante para nuestro trabajo y para el trabajo de derechos humanos en México”, dice a DW Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala. Uno de los desafíos actuales es que el caso se cierre al acabar el segundo mandato (abril 2016) sin haber sido esclarecido del todo.

La gran zona gris

A dos meses escaso de que acabe el segundo mandato que México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgaron para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014, la gran zona gris en la investigación sigue existiendo, dijeron tanto Paz y Paz como el sicólogo Carlos Beristain, ambos miembros del GIEI, de visita en varias instituciones en Bruselas (3 y 4 de marzo).

"En el caso de México la violencia es muy oscura y hay que escudriñar para entender su lógica. Y cuando un hecho traumático no se puede entender, no se puede asimilar. La confusión es la peor situación para una víctima. Nosotros queremos aportar a salir de la confusión. Esta investigación, con una comisión como la nuestra, puede sentar precedente", dijo a DW Carlos Baristain.

Aparte de la necesidad de seguir nuevas líneas de investigación (como la del quinto bus presumiblemente cargado de droga que debía seguir la ruta Iguala-Chicago), los expertos mencionan que sigue existiendo fragmentación de la información.

“Varias unidades tienen momentos distintos de los hechos del mismo caso y no se comunican. Detienen a una persona en flagrancia por drogas, y va hacia crimen organizado y no va a derechos humanos. Un fiscal no tiene conocimiento de los hechos que está esclareciendo el otro. Nosotros solicitamos que toda esta información se centralice para tener una visión integral de los hechos”, explica Paz y Paz.

A esa zona gris también aporta, así los expertos, que la confesión sin necesidad de verificación con pruebas adicionales tenga valor judicial en México. Que de los 80 detenidos que hay en este momento por el caso de Iguala, el 77% tenga lesiones en el cuerpo es otro de los puntos que los expertos recomiendan aclarar. Informes de balística y acceso a entrevistas con miembros del Ejército con presencia del GIEI son parte de las recomendaciones hechas a la Procuraduría General ya en el primer informe (septiembre 2015).

Con viento en contra

“La investigación está a cargo de las autoridades mexicanas; no tenemos policía a nuestras órdenes como sí sucede en el caso del CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad) en Guatemala”, explica a DW Paz y Paz. “Como guatemalteca puedo decir que su trabajo en Guatemala ha sido valiosísimo para el fortalecimiento del Estado de derecho”, añade.

Por otra parte, y a pocas semanas que se acabe el mandato de este equipo de expertos –cuya prórroga es posible si la CIDH y el gobierno mexicano lo consideran pertinente-, los miembros del GIEI dencian que enfrentan una campaña de desprestigio.

En este contexto y sabiendo lo expuesto de la posición de estos cinco expertos internacionales, parte de lo que puede aportar la UE “es darles esa visibilidad para que las acciones de difamación y acoso no sólo que no se produzcan sino que no enturbien su trabajo. México necesita verdad”, concluye Becerra Basterrechea.