Defensores medioambientales amenazados

En la madrugada del pasado 10 de abril, Alan Carmona fue alertado por los vecinos. Su vehículo, que la organización Un Salto de Vida usaba para traslados de trabajo, estaba en llamas. En cuestión de minutos se consumió por completo. En vano vecinos y amigos intentaron apagarlo. El incendio fue sofocado por los bomberos y personal de Protección Civil, que llegó al lugar con equipo especializado, y evitó que se incendiara un segundo vehículo y alcanzara a la vivienda del activista. 

"No tenemos todavía el resultado del peritaje de siniestros y explosivos, pero el perito nos dijo que no encontró ninguna falla eléctrica en el vehículo", afirma Alan Carmona, en conversación telefónica con DW. 

¿Advertencia por triunfo ante tribunales?

Esta es la agresión más recienteque han sufrido los integrantes de la organización Un Salto de Vida, porque no es la primera. Ocurre en paralelo con una batalla legal contra un controvertido proyecto iniciado en 2018 por la inmobiliaria Casas Bali, una empresa que tiene numerosos proyectos inmobiliarios en Guanajuato y Jalisco. En marzo de 2020 los habitantes del Municipio de El Salto interpusieron tres amparos contra autoridades de los tres niveles de gobierno mexicano por permitir la construcción de un fraccionamiento (El Mirador) que ellos argumentaban, era ilegal.

El proyecto preveía la construcción de unas 6 mil viviendas, que profundizarían la crisis de agua y la saturación de servicios como el transporte, el drenaje y amenazarían la seguridad en la región. Aunque la construcción contaba con una autorización muncipal, no tenía dictámenes ambientales, ni de agua potable, drenaje o saneamiento.

"Los desarrollos del grupo inmobiliario tienen como característica una pésima calidad de vivienda y de servicios, perforan pozos clandestinos en complicidad con los ayuntamientos. No tienen concesiones de agua, ni de uso de suelo. Además, suelen instalarse en zonas de alto riesgo, como los fraccionamientos Lilas 1 y Lilas 2, que están pegados al río Santiago, en la zona más contaminada de toda la cuenca", destaca Carmona.

Batalla contra el envenenamiento del agua

El colectivo mantiene una batalla desde hace casi 16 años contra corporaciones nacionales y trasnacionales, a las que responsabiliza del envenenamiento del agua del río Santiago y del territorio en varios municipios de la zona. También denuncian a al gobierno municipal, así como al estatal y federal, que han alentado esta situación con laxas regulaciones.

El epicentro del desastre ecológico es la Cuenca Lerma Chapala Santiago, el segundo afluente más largo del país, de más de mil kilómetros de recorrido. Nace en las montañas de Almoloya del Río, en el estado de México, como río Lerma desemboca en el lago de Chapala, y como río Santiago recorre cuatro estados hasta llegar al océano Pacífico.

La región es considerada zona de sacrificio. Ha sufrido una histórica degradación desde el siglo XIX con la llegada de la trasnacional suiza Nestlé, a fines del siglo XIX, a la que se han sumado unas 400 industrias tras la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El colectivo se ha ganado poderosos enemigos por denunciar este infierno ambiental que enferma a la población con desechos industriales, agroindustriales y urbanos. "En octubre obtuvimos una suspensión definitiva de la construcción (del fraccionamiento El Mirador), que no se acató, pusimos una queja en diciembre. En enero ordenaron nuevamente frenar las obras y, por artilugios legales, la empresa logró que un tribunal estatal ordenara quitar los sellos de clausura. Pero el juez de nueva cuenta ordenó esta semana que se clausure. Y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ordenó clausurar el pozo clandestino, eso fue el mismo día de la agresión", afirma Alan Carmona.

Lucha por el agua

El 2020 fue uno de los años más violentos para los defensores medioambientales en México. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se registraron 18 asesinatos, 65 ataques y un total de 90 agresiones. Los activistas libran una guerra por el agua y por el territorio. En México, un 10% de la población no tiene acceso a agua potable y otro 30% la tiene, pero poca o de mala calidad.

Un 90% del líquido que se extrae se destina a actividades industriales, agropecuarias y energéticas. La agresión y el acoso que sufre "Un Salto de Vida", que defiende el Río Santiago, en Juanacatlán, Jalisco, preocupa a organizaciones internacionales y parlamentarios de  numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Argentina, Ecuador, Francia, los Países Bajos y España.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, y autoridades federales, estatales y municipales, 17 firmantes advierten que Un Salto de Vida ha sufrido amenazas y ataques por su lucha por el cierre del basurero Los Laureles, de la empresa CAABSA Eagle, por la cancelación de la termoeléctrica La Charrería de la española Fisterra Energy, y por la clausura del fraccionamiento El Mirador, de la empresas Casas Bali.

"Enviamos copia incluso a la Embajada de México en Alemania, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna reacción oficial", afirma, por su parte, Patricia Rendón, de la Oficina Ecuménica de Múnich, una de las organizaciones firmantes. Aunque Alan Carmona y su familia han sido acogidos por el Mecanismo de Protección para Defensores de DD.HH. y Periodistas del gobierno mexicano, la protección consiste en rondines de una patrulla.

"Ellos son muy activos a nivel local, su fundadora, Graciela González, (suegra de Alan Carmona), han sido afectados personalmente por la contaminación del río Santiago. La organización, que tiene un núcleo muy pequeño adquirió notoriedad a raíz del llamado Toxi-Tour, un recorrido en 2020 por las zonas más contaminadas de México, en el que participaron algunos de los firmantes de la carta a López Obrador.

Patricia Rendón coincide en la vulnerabilidad en la que se encuentra en particular Alan Carmona, la figura visible de la organización, que es el que firma las gestiones ante la Justicia. Rendón señala que hay preocupación, más aún por la efervescencia política existente de cara a las próximas elecciones intermedias en junio. "En México, o en Colombia, cuando hay amenazas contra defensores, no son bromas,. Hay que tomarlas en serio".

(cp)