México deja atrás la “mentira histórica” del caso Ayotzinapa

Su nombre era Christian Alfonso Rodríguez y, con la identificación genética de sus restos por la Universidad de Innsbruck y el Equipo Argentino de Antropología Forense, la "verdad histórica" del caso Ayotzinapa ha quedado sepultada por la ciencia.

Contrariamente a lo que afirma la criticada versión que pretendió imponer el Gobierno de Enrique Peña Nieto hace ya casi seis años, los 43 estudiantes desaparecidos no murieron en el basurero de Cocula, o al menos no todos. "Los restos se encuentran casi a un kilómetro de distancia del basurero, en un contexto muy distinto”, dice Mercedes Doretti, quien dirige el trabajo de los forenses argentinos. Los restos humanos identificados por la institución austríaca se encontraron en la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero. Doretti, quien responde a DW nada más finalizar una llamada con el fiscal del caso Ayotzinapa, subraya que el hallazgo "es un elemento más que desmantela la famosa verdad histórica” del PRI.

Con Christian Alfonso Rodríguez son ya tres los normalistas cuyos restos han sido identificados por la Universidad de Innsbruck. Antes fueron Alexander Mora y Jhosivani Guerrero.

"Es muy doloroso porque se comprueba lo terrible que fue lo que ocurrió aquella noche”, dice a DW Francisco Cox, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido por las siglas de GIEI. Estos investigadores independientes han denunciado que en 2015 pidieron a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) información sobre una diligencia ministerial relativa  a la citada barranca para la búsqueda de los desaparecidos, pero la dependencia se la negó. Para Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional en las Américas, "este hallazgo fuerza la idea de que la verdad histórica era una mentira histórica”.

Los expertos consultados coinciden en que esta novedad en el caso Ayotzinapa demuestra la consolidación de una "nueva forma de hacer las cosas” por parte de las autoridades mexicanas. Una de ellas es que la noticia se dio antes a las familias y luego se dio a conocer a los medios. En ocasiones anteriores los familiares de los normalistas se habían enterado de las novedades por la prensa.

"Parece menor, pero en un país en el que se vuelven cifras las personas y donde se trivializa la violencia, cuidar esta parte humanitaria tiene mucho valor”, dice a DW Luis Tapia Olivares, del Centro Prodh, quien no duda den hablar de un "golpe de timón” en la gestión del caso.

Más allá del factor humano, "se ve un cambio de actitud, de transparencia, de determinación de busca de la verdad y no de cerrar el caso apresuradamente”, subraya Cox, del GIEI. Los entrevistados valoran positivamente la forma en que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha retomado esta investigación y la creación de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA).

No obstante, tanto los familiares como la ciudadanía mexicana siguen pagando el precio de aquella verdad histórica. "Si desde el inicio de una investigación sobre un caso paradigmático de violaciones de derechos humanos la intención del Estado es encubrir y manipular la información y la evidencia”, sostiene a DW Carolina Jiménez, "se lesiona el derecho a la verdad de la familia y de la sociedad y se pierden años”.

Cox, por su parte, lamenta el obstáculo que supone el tiempo perdido -o robado- para llegar a conocer lo que ocurrió entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27. "El transcurso de los años en una investigación criminal hace muy difícil obtener la información que se tenía en aquel entonces”, explica el investigador del GIEI.

Y, si ya parece un desafío perseguir esa verdad, más lejana aún parece la justicia. Olivares, del Centro Prodh, recuerda que "hay responsabilidades que no han sido determinadas”. No solo las de los participantes en los hechos -"por acción o por omisión, y de todo nivel”-, sino también las de quienes investigaron el caso. Ayotzinapa sigue siendo una metáfora de la impunidad en México. Y la impunidad, recalca la forense argentina Doretti, "tiene que ver con que los crímenes se pueden seguir cometiendo porque muy poca gente es condenada”.

Europa y Alemania deberían apoyar la búsqueda de la verdad

Christoph Kuhlmann, de la organización alemana Pan para el Mundo, ha conocido a muchos de los familiares de los normalistas y su dolor de "perder a un ser querido, pero no saber qué pasó”. En entrevista con DW, Kuhlman -cuya ONG integra una coordinadora alemana sobre derechos humanos en México- llama a Alemania y a los demás países europeos apoyar el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Pero también de las más de 60.000 -según cifras oficiales- desapariciones forzadas pendientes de resolver en México, así como de las controversias en torno a las exportaciones de armas alemanas al país.

"Se han dado algunos pasos, pero falta mucho más”, afirma Kuhlmann. "Hasta ahora no se ha condenado a nadie por lo que pasó. Desconocemos todavía la historia de aquella noche”. Casi seis años después, la pesadilla no ha terminado.

(ers)

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