México: ¿atrapado en la violencia?

"En México y América Latina llevamos hablando de la desigualdad desde hace décadas. Desde entonces, todos los programas sociales, focalizados o no, en realidad, han servido poco o nada para revertir la desigualdad que hay", afirma la socióloga mexicana Silvia Giorguli, que preside desde septiembre pasado el Colegio de México (COLMEX).

La especialista en migración internacional es la primera mujer en dirigir el COLMEX, un think tank que incide en las políticas públicas. "México sigue viviendo un viejo problema de desigualdad socioeconómica al que se suma un proceso de descomposición social vinculado con el aumento de la violencia social".  Con el agraviante de "un agotamiento de las redes de solidaridad familiar o comunitaria". 

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La académica llegó a Berlín para participar en una conferencia titulada "Convivalidad en sociedades desiguales", que reunió a más de una treintena de académicos de universidades alemanas y latinoamericanas. La conferencia inauguró formalmente el Centro Internacional de Estudios Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales María Sibylla Merian, que tendrá su sede en la Universidad de Sao Paulo. En el marco de la conferencia, DW conversó con ella.

¿Cómo se percibe México entre sus interlocutores aquí en Europa?

El país está en una mejor situación económica comparada con la de otros países, como Honduras, El Salvador o Guatemala. Tomo estos tres países como ejemplo, porque justamente son los de mayor inmigración, después de Estados Unidos, hacia México. El mayor deterioro en el caso mexicano es el aumento de la violencia y la incapacidad para controlar la situación de violencia social. Es uno de los grandes retos, y no hemos encontrado mecanismos efectivos para enfrentar la situación. Otro desafío es la corrupción y la debilidad institucional a nivel federal y de los estados, incluso para implementar mecanismos ciudadanos, pese a estar definidos en la legislación local.

¿Es la impunidad la causa de todos los males?

Es un conjunto de factores, pero por supuesto la impunidad no permite atacar el problema de raíz. También tiene que ver con procesos de descomposición social, de falta de cohesión y de perspectivas para la población joven. Uno de los datos más agobiantes es la altísima mortalidad de jóvenes varones entre 15 y 29 años por homicidio. Ya se reflejó en la esperanza de vida promedio de los varones en México, que se ha reducido, y tiene que ver con las oportunidades laborales, educativas, con la posibilidad de proyectar una certidumbre a la trayectoria de vida de los jóvenes. Ahí se vuelve más clara la debilidad de las instituciones mexicanas en aspectos como el acceso a la Justicia y la efectividad del sistema judicial, es decir, la impunidad.

En septiembre se cumplen tres años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El destino de esos muchachos, que sigue sin aclararse, ¿refleja esta amenaza para los jóvenes, que, en este caso, son además indígenas y pobres?

Se cruzan muchos temas cuando uno habla de Ayotzinapa. Los temas más crudos de desigualdad, de poblaciones indígenas, de zonas rurales, del tipo de educación a la que tiene acceso los jóvenes en esas zonas rurales. Pero también se cruza un problema que, aunque no es nuevo en México, no tenía la dimensión que tiene ahora: el de los desaparecidos.  A Ayotzinapa le ha seguido una tragedia después de otra, en el norte, en el centro y en el sur del país.  La información no fluye y mucho menos en los canales institucionales de resolución y de atención. No solamente en el momento de las desapariciones, sino en lo que sigue después, en la atención a las víctimas y a los familiares. 

¿Hay políticas públicas efectivas para respaldar las necesidades de estos grupos menos favorecidos?

El reto del gobierno mexicano es la integración y la definición de políticas de atención para los diferentes grupos. Un tema nuevo es el de la población afrodescendiente, que antes no se identificaba. Son comunidades en situación de pobreza, con desventajas en términos laborales, de acceso a servicios, a lo que se suman otras desigualdades, como la que sufre la población indígena. Además, México está teniendo una intensa movilización interna por desplazamientos forzados por violencia en el interior del país, ya no hacia Estados Unidos. Esto genera nuevas poblaciones vulnerables que llegan a otras comunidades. Es una situación inédita para México. Ante ello no hay ni claridad, ni visibilidad, y menos aún mecanismos o respuestas para atender las problemáticas de esta población en clara posición de desventaja.

En el caso de la violencia de género, ¿agrava la vulnerabilidad de las mujeres su creciente condición de migrantes?

La violencia social es la más vinculada a los casos de homicidios, a la falta de seguridad en las calles, a la violencia vinculada con el crimen organizado, pero también se cruzan con otros tipos de violencia que tienen más tiempo y que tampoco han llegado a resolverse. La violencia de género, tanto en el ámbito público como en el privado, la violencia doméstica. Hay casos terribles que hablan del rezago que tenemos. Aunque tenemos avances en el marco legal de protección a la mujer y a los niños en el caso de violencia doméstica, hay que implementarlos de manera eficiente.

Se tiene la impresión de que los partidos políticos no tienen ningún interés en combatir la corrupción, la impunidad. ¿Será porque la misma clase política se beneficia de la corrupción?

Hay una separación entre el discurso y la práctica. Tenemos muy buenos diagnósticos y hay coincidencia entre los diferentes actores. Es muy fácil políticamente suscribir la idea de que la corrupción es un mal tremendo que impide el fortalecimiento de las instituciones y que haya menos desigualdad. Pero no hay voluntad para implementar prácticas concretas. Un buen ejemplo de ello es lo que está pasando con el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos una nueva discusión de ley, nuevos órganos ciudadanos para atender y supervisar, pero hay una serie de impedimentos legales que van retrasando el proceso y debilitando un instrumento antes de que empiece a operar.  

Usted es la primera académica mujer al frente del COLMEX. ¿Cuáles son sus prioridades?

Desde su creación el Colegio de México está muy orientado a la discusión de temas nacionales y a participar en la discusión de políticas públicas. Uno de los grandes retos del proyecto institucional que yo encabezo ahora es renovar la agenda de investigación para mantenernos en los temas que están surgiendo y que no hayamos tratado en el pasado. Como la violencia sobre la que hemos estado hablando ahora, que ha llegado para quedarse por un buen tiempo. Son muchos los actores con los que dialogamos, con las organizaciones de la sociedad civil, con gobiernos estatales, con el poder judicial, con los senadores, los diputados. Queremos seguir colaborando en el debate, la reflexión y la búsqueda de alternativas para avanzar en el país.

Autora: Eva Usi (VT)