Murió el último dictador de Uruguay
29 de diciembre de 2016
Amanecía en Uruguay este 28 de diciembre cuando se supo que Gregorio Álvarez, el último dictador que tuvo ese país (1981-1985), había fallecido a los 91 años. Encarcelado en Montevideo desde 2007, el ex teniente general conocido como "El Goyo” fue procesado y condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte de 37 opositores políticos en 1977 y 1978, período en el que pasó de ser presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (COMASPO) a ser Comandante en Jefe del Ejército.
Hasta su muerte formó parte del grupo de 32 exmilitares que estaba siendo enjuiciado al otro lado del Atlántico por la desaparición de una veintena de italianos en Latinoamérica en el marco de la Operación Cóndor, coordinada por varios dictadores de la región en las décadas de los setenta y los ochenta. Las sentencias correspondientes se dictarán en enero de 2017. Aunque el deceso de Álvarez antes del veredicto puede dejar la sensación de que ha triunfado la impunidad, su muerte ha sido recibida con indiferencia.
El expresidente Julio María Sanguinetti (1995-2000) –quien encabezó el primer Gobierno democrático en Uruguay, tras la salida de Álvarez, en 1985– parecía hablar por muchos de sus compatriotas cuando dijo que la desaparición física de Álvarez "no tiene ninguna repercusión trascendente”, ni en el ámbito político del país sudamericano ni en el social. Sanguinetti lo describió desapasionadamente como un hombre que estuvo "alejado durante muchísimos años de todas las circunstancias del poder y que estaba preso, además”.
Pese a que ambos protagonizaron grandes fricciones, durante su dictadura y durante la transición hacia la democracia uruguaya, Sanguinetti subrayó que, "por una actitud de compasión, no voy a recordar ni a refrescar esos enfrentamientos que tuvimos y seguimos teniendo con su actuación histórica”. Las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos lamentan que Álvarez se haya ido "sin que haya justicia”, pero ni esas instancias ni las agencias gubernamentales han hecho mayores comentarios sobre el deceso.
La única controversia surgida en torno a este episodio se dio durante el funeral. El actual presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se vio obligado a declarar que "no hubo representación oficial” en las exequias del exdictador luego de que un vehículo oficial fuera avistado en el contexto de la ceremonia. Vázquez prometió aclarar el incidente. El coche es usado por el jefe de la Casa Militar de la presidencia, Alfredo Erramún, un general activo del Ejército. "Ni pidió permiso ni fue enviado por el Ejecutivo”, aseguró el mandatario uruguayo.
ERC ( EFE / dpa )