Magistrado de Supremo suspende nombramiento de Lula

El magistrado Gilmar Mendes, uno de los once miembros del Tribunal Supremo de Brasil, decidió este viernes (18.03.2016) de forma cautelar suspender el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia y negarle el fuero privilegiado que le ofrece el cargo, informaron fuentes judiciales. Mendes aceptó mediante cautelar una petición del opositor Partido Popular Socialista (PPS) y determinó que todos los procesos contra Lula por lavado de dinero y falsificación permanezcan en manos del juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de Curitiba y responsable de la investigación por las corruptelas en Petrobras.

Lula, que asumió el cargo este jueves, ha visto en las últimas horas como diferentes tribunales le impedían ejercer el cargo, le daban luz verde, y de nuevo anulaban de forma cautelar su nombramiento. Esta última anulación de su nombramiento siguió a otra de menor rango, adoptada por un juez de Sao Paulo, Luciano Tertuliano da Silva, que argumentó −como lo ha hecho ahora Mendes−, que tanto el expresidente como Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.

Lula –que ya había advertido que combatiría a los "sectores conservadores" desde las calles y al lado de los movimientos sociales− fue largamente ovacionado al sumarse este viernes a la manifestación de al menos 80.000 personas celebrada en Sao Paulo a favor del Gobierno y en defensa de la democracia. Según datos parciales del portal "G1", del grupo Globo, entre 1,3 millones y 270.000 manifestantes, según estimaciones de los organizadores y la policía, respectivamente, salieron a las calles en al menos 50 ciudades en todos los estados, en un contundente respaldo al Gobierno y a Lula da Silva.

¿Aforado o desaforado?

Un laberinto judicial que mantiene al expresidente en una suerte de "limbo" y que complica la posibilidad de que, como ministro, disfrute de la condición de aforado que le blinda ante el fuero común. Acusado de lavado de dinero y falsificación, como ministro, Lula solo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país, que tiene un ritmo propio, sensiblemente más lento que los tribunales ordinarios.

El Gobierno insiste en que su designación responde a la necesidad de reforzar la acción del Ejecutivo frente a la crisis política y económica, mientras que para la oposición es una maniobra para evitar sentar al expresidente en el banquillo por corrupción. Y es que el nombramiento le permitiría escapar de la sombra del juez Sergio Moro, quien conduce las investigaciones del caso Petrobras que salpican tanto al expresidente como a dirigentes de todo el arco político, altos funcionarios y empresarios.

Escuchas telefónicas, ¿ilegales?

El acoso al Gobierno de Rousseff avanzó este viernes con la filtración de una escucha telefónica en la que el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, presiona al Ejecutivo para tomar medidas y evitar el cumplimiento de una posible orden de prisión preventiva contra Lula. "Tienen que moverse", dijo Falcão en una conversación telefónica el pasado 10 de marzo al entonces ministro de la Presidencia, Jaques Wagner −nuevo jefe de Gabinete.

Medios locales apuntan que la conversación fue grabada por el equipo policial que investiga el caso Petrobras el mismo día en que la Fiscalía de Sao Paulo le pidió a la Justicia que ordene la prisión preventiva contra Lula. La incógnita es quién ordenó grabar y filtró esas conversaciones, si ni el presidente del PT ni el entonces ministro de Presidencia estaban bajo investigación.

Desde el Ejecutivo apuntan contra el juez Moro y quieren abrir una investigación sobre supuestas escuchas ilegales en el palacio presidencial después de que, el miércoles, el magistrado divulgara la grabación de otra polémica conversación, entre Lula y Rousseff. "En muchos lugares quien pone escuchas a un presidente es arrestado, si no tiene autorización de la justicia", que tiene que ser concedida por el Tribunal Supremo, advirtió hoy la mandataria, acosada por la amenaza de un juicio político "destituyente" impulsado por la oposición.

¿Habrá juicio político?

En sesión extraordinaria, la Cámara de los Diputados acordó este viernes acelerar el trámite del posible juicio político. La mandataria tiene un plazo de diez sesiones parlamentarias para presentar su defensa ante la comisión especial que determinará si existen méritos jurídicos para procesarla por las acusaciones formuladas por juristas y cuatro partidos de oposición, basadas en supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

El trámite será netamente político y la correlación de fuerzas será decisiva en un Parlamento en el que el apoyo a Rousseff mengua cada semana. Desde el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Wellington Moreira Franco, exministro de Rousseff, se mostró este viernes convencido de que su formación romperá su alianza con el Gobierno en la reunión anticipada para el 29 de marzo: La elección está entre "romper o romper" con el Gobierno, dijo el dirigente del PMDB, el partido del vicepresidente Michel Temer, que asumiría la Presidencia en caso de la destitución de Rousseff.

Entretanto, la Policía Federal brasileña, responsable por la investigación del escándalo de corrupción en Petrobras que ha salpicado a Lula da Silva, rechazó hoy la acusación de "golpista" que un canal de televisión le hizo a la institución por las operaciones y las escuchas contra Lula y protagonizó actos de apoyo a su operación contra los desvíos en la petrolera estatal.

RML (efe, reuters)