Maduro y el descontento verde oliva

Este martes (29.5.2018), la abogada venezolana Tamara Sujú advirtió que la represión política sistemática se había intensificado en su país, enfatizando que cada vez más oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estaban siendo arrestados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “El régimen de Nicolás Maduro ha iniciado una férrea persecución contra miembros activos de las Fuerzas Armadas y de su entorno familiar y de amistad, que suman hoy más de cuarenta personas detenidas y por lo menos cuatro civiles desaparecidos”, señaló Sujú desde la República Checa, donde recibió asilo político en 2014.

Entre los uniformados detenidos se encuentran los generales Pedro Naranjo Suárez y Nelson Morales Guitian; tres de los civiles encarcelados son Jorman Ortiz, Hebert Ramírez y José Marulanda. El caso de Marulanda ha causado particular indignación en Venezuela debido a las torturas que ha recibido en el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde, estado Miranda, según el Foro Penal Venezolano, una red de juristas que defiende gratuitamente a quienes han sido detenidos arbitrariamente por razones políticas desde el 4 de febrero de 2014, cuando comenzaron las primeras protestas multitudinarias contra la gestión de Maduro.

Marulanda fue arrestado el 20 de mayo –mientras se celebraban elecciones presidenciales en Venezuela– e imputado ante una corte militar por traición a la patria e instigación a la rebelión cuatro días más tarde: se le acusa de haber asistido a reuniones donde integrantes de la FANB conspiraban contra el Gobierno. Su abogada destacó que el único nexo de Marulanda con esos militares era su “relación sentimental con una oficial de la Armada”. Foro Penal Venezolano anunció que Marulanda, médico cirujano del Hospital Clínico Universitario de Caracas, había perdido la audición en un oído y la sensibilidad en ambas manos debido a las golpizas recibidas.

En busca de los sublevados

Sujú citó a otros detenidos que, tras ser liberados, también aseguran haber sido sometidos a tratos crueles e inhumanos. A sus ojos, las detenciones arbitrarias, las torturas y las desapariciones forzadas denunciadas en los últimos días corren por cuenta de la Dirección General de Contra inteligencia Militar (DGCIM), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Brigada de Asuntos Especiales (BAE) y hasta del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS); la abogada da por sentado que están buscando delaciones para dar con los militares sublevados.

La primera alusión oficial a la reciente ola de arrestos y a conatos de sedición en la institución castrense la hizo el propio Maduro el pasado 24 de mayo, en el marco de su discurso de juramentación como presidente reelecto de Venezuela. Pero, desde entonces, el Ejecutivo ha relegado el asunto a un segundo plano. “Nada sugiere que Maduro esté intranquilo; él parece creer que puede controlar la situación y evitar que la rebeldía se torne contagiosa”, comenta el politólogo Ricardo Sucre, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. A su juicio, el hombre fuerte de Caracas no le teme a un golpe inminente.

“Maduro lleva un lustro en el poder y no ha pasado un año sin que alerte que hay componendas en su contra; las más recientes –de 2015 hasta hoy– parecen tener mayor calado, pero no han derivado en acciones bien estructuradas”, explica Sucre, uno de los especialistas incluidos en el libro Desarmando el sistema, un análisis multidisciplinario del sistema político chavista publicado en 2017 bajo el patrocinio de la Universidad Católica Andrés Bello, el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y la Fundación Konrad Adenauer, cercana al partido alemán Unión Demócrata Cristiana (CDU). Sucre es autor del capítulo dedicado a los militares.

Conspicuos conspiradores

Sebastiana Barráez, quien cubre la fuente militar para varios medios locales, deja en el aire la noción de que Maduro tiene motivos de sobra para inquietarse, por mucho que disimule su preocupación. En las últimas tres semanas “les echaron el guante” a varios oficiales activos de alto rango y a agentes de la Aviación y de la Armada, arguye la comunicadora. “Ese es un detalle sobresaliente porque casi ningún representante de esos componentes ha participado en conspiraciones previas. También me llama la atención la poca información disponible sobre el número de detenidos; eso me lleva a intuir que son muchos y que el caso en cuestión es serio”, esgrime.

“Foro Penal Venezolano insiste en que son once los uniformados presos, pero solo hace referencia a los que han sido presentados ante tribunales militares e imputados”, añade Barráez antes de citar a oficiales retirados en el exilio, según los cuales la cifra está entre cuarenta y setecientos. “Otro indicio de que el descontento en la FANB ha alcanzado niveles alarmantes para Maduro es la repentina salida del país de un montón de oficiales activos, presuntamente hacia Estados Unidos, Colombia y Perú. Debo subrayar, por cierto, que el Ejecutivo de Maduro no hace imputaciones falsas cuando dice oír ruido de sables”, sostiene la periodista.

“No le creo al Gobierno cuando acusa a un preso político de haber orquestado un ataque terrorista; pero sus servicios secretos han incrementado su capacidad para monitorizar las telecomunicaciones y establecer patrones de contacto entre militares. Aún si se constatara que algunos miembros de la FANB han sido detenidos siendo inocentes, yo pienso que los servicios de inteligencia venezolanos tienen un alto grado de precisión; quizás gracias al apoyo de los servicios secretos cubanos”, agrega Barráez, columnista del diario TalCual, del semanario Quinto Día y de la revista web Punto de Corte, fundada por el chavista disidente Nicmer Evans.

Cohesión en la élite militar

Aunque a las salas de interrogatorio y a las prisiones de Maduro han ido a parar capitanes, coroneles, contralmirantes y hasta generales sospechosos de preparar alzamientos, Sucre desestima que las conjuras de los últimos tres años y medio hayan tenido perspectivas de éxito. “Al Gobierno de Maduro sí le importa lo que haga el contingente de los ‘comacate’ (comandantes, mayores, capitanes y tenientes); de hecho, a partir de 2017, el Ejecutivo se ha esmerado en tomarle el pulso. Pero Maduro está consciente de que, para alcanzar sus metas, los levantamientos deben tener una estructura que de momento no tienen”, observa el politólgo.

“En este instante, la cúpula de las Fuerzas Armadas está muy cerca de Maduro y le es muy leal. Yo creo que el alto mando militar venezolano prefiere conservar el status quo en lugar de aventurarse y darle pie a nuevos escenarios. Hay cohesión en la élite militar y eso impide que el descontento de la base y los mandos medios se traduzca en un alzamiento exitoso”, acota Sucre. Mientras tanto, su compatriota Sujú, ex colaboradora de Foro Penal Venezolano, procura que varios funcionarios chavistas de alto rango sean investigados por presuntos crímenes de lesa humanidad; ella es directora ejecutiva del Instituto CASLA, una organización no gubernamental con sede en Praga que desde mayo de 2016 ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya cuatro expedientes sobre torturas ordenadas por el Gobierno de Maduro contra más de seiscientas personas.

Evan Romero-Castillo