México: "La orden sigue siendo no combatir al narco"

El fin de semana pasado (19 de junio), la ciudad de Reynosa, ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México, en el Estado de Tamaulipas, se convirtió en escenario de un sanguinario ataque contra la población civil, que sigue sin esclarecerse.

Según Carlos Manuel Juárez, director del portal Elefante Blanco, hacia las 12:30 del día, hombres armados que viajaban en tres vehículos recorrieron varias colonias (barrios) de la ciudad, asesinando indiscriminadamente a personas que se encontraban a su paso.

En el primer ataque mataron a tiros a siete trabajadores de la construcción que esperaban la llegada de la empresa constructora con su paga. En el segundo, en la colonia vecina, mataron a un adulto mayor y a un joven recolector de basura en plena calle. Posteriormente, entraron en una tienda de abarrotes y mataron a las personas que se encontraban ahí. Luego interceptaron a una camioneta y bajaron y mataron a sus ocupantes, para luego llevarse el vehículo. La jornada terminó luego de varios enfrentamientos con la policía y el Ejército, el último a las 8 PM. Tras uno de esos enfrentamientos, dos mujeres fueron halladas amordazadas en la cajuela de uno de los vehículos interceptados por las autoridades. El saldo fue de 19 muertos, y 15 de ellos eran civiles que nada tenían que ver con negocios criminales.

La violencia en ese Estado al norte de México no cesa desde el sábado, registrándose nuevos tiroteos este miércoles (23.06.2021).

No hay una explicación clara hasta el momento. Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores, empresa especializada en análisis de riesgos, sostiene que muy probablemente tiene que ver con la alternancia en el poder, y la incertidumbre ante la llegada de nuevas organizaciones rivales, apoyadas por un nuevo gobierno estatal. "Empiezan a hacer mayores demostraciones de fuerza, a exponer una mayor rebeldía para no perder el control de esos territorios. Es común que aumenten los actos de violencia en contra de sus adversarios, o peor aún, como en Tamaulipas, en contra de la propia población civil”.

En conversación con DW, Salazar explica que, aunque Tamaulipas no celebró una elección a nivel gubernatura el pasado 6 de junio, el actual gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca (Partido Acción Nacional PAN), está enfrentado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su llamada "cuarta transformación”. Cabeza de Vaca es uno de los pioneros de la Alianza Federalista, integrada por 12 mandatarios opositores a Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), el partido de López Obrador. Lo que comenzó como una rebelión contra del Pacto Fiscal, inicialmente en protesta por la distribución de recursos para enfrentar la pandemia, ha escalado a tal grado que el todavía mandatario podría estar pronto en prisión. Cabeza de Vaca es investigado por las autoridades federales por supuestos vínculos de él y su familia con la delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción. El político panista rechaza las acusaciones y asegura que los intentos por suspenderle el fuero que le otorga protección ante esas acusaciones, se debe a que ha sido exitoso en su gestión.

Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores, reconoce que Cabeza de Vaca logró descender los índices de violencias. Sin embargo, los homicidios persisten. El experto explica que esto se debe a ajustes de cuentas entre organizaciones delictivas, que logran pactos con el poder político. "Los gobiernos estatales no logran disolverlos, sino mantenerlos bajo un cierto control, que se pierde ante la perspectiva de que llegue un nuevo gobernador, el Ejército y la posibilidad de que se les combata".

Salazar resalta que lo que ocurre en Tamaulipas es una reacción de los grupos criminales a las estrategias federales. Cabeza de Vaca, muy probablemente, sea desaforado por el Congreso local, que fue renovado el pasado 6 de junio, en el cual Morena ganó la mayoría.

Triunfo de Morena de la mano del narcotráfico

El partido Morena, de López Obrador, se convirtió en la primera fuerza política a nivel estatal, al confirmarse su triunfo en 11 de las 15 gubernaturas en disputa en las pasadas elecciones. Pero lo ocurrido en Michoacán, Sinaloa y San Luis Potosí, ha suscitado incluso denuncias ante el Instituto Nacional Electoral, con demandas de que se anulen los resultados en dichas entidades.

El gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles (Partido de la Revolución Democrática PRD), advirtió este jueves (24.06.2021), que el crimen organizado impondrá el presidente en las próximas elecciones de 2024. El todavía mandatario insistió en que los pasados comicios en el Estado, que dieron la victoria al partido del presidente, debieran anularse debido a una clara injerencia del crimen organizado.

El periodista y escritor especializado en temas de narcotráfico Ricardo Ravelo destaca que los órganos de inteligencia investigan presuntos vínculos de diputados electos con el narco, pero los reflectores se centran en tres gobernadores electos: Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán, Rubén Rocha Moya, en Sinaloa y Ricardo Gallardo, en San Luis Potosí, éste último, miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ravelo cita las denuncias del senador Mario Zamora (PAN) y Ángel Ávila (PRD). "Ellos acusan al cártel de Sinaloa de manipular la elección; no se esperaba el triunfo de Rubén Rocha Moya de manera tan abrumadora como resultó, y advierten que por lo menos la víspera de la contienda fueron secuestrados mil representantes de casillas y de partidos”.

Ravelo destaca que Ismael "El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, es un viejo conocido de Rubén Rocha. Él y Joaquín "El Chapo” Guzmán, fueron vecinos y transitaban las mismas rutas de Badiraguato y otros municipios serranos controlados por el crimen organizado. "Entre los indicios de la manipulación electoral figura el que llevaran a la gente a votar a bordo de vehículos y camiones desde municipios en la sierra. Les daban mil pesos por cada voto y, obviamente, con amenazas. Este aparato criminal sólo lo puede poner en marcha el cártel de Sinaloa, porque no hay otro cártel capaz de manejar una elección con esa fuerza y capacidad operativa”.

Hay datos y evidencias que hablan de una cercanía del gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa. Desde la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo” Guzmán, hasta el saludo a la madre del narcotraficante, hasta la no intervención del gobierno en temas que tienen que ver con el narcotráfico, y particularmente con ése cártel”, advierte Ravelo.

Negociaciones y pactos para aplacar la violencia

Tanto Ravelo como Salazar advierten sobre la aspiración de López Obrador de pacificar al país a través de una negociación, un pacto entre cárteles rivales. "La pretensión de López Obrador es reconstruir una federación de cárteles. La estrategia, ahora que controla ya a 20 gobiernos estatales, es que haya pactos, negociaciones entre los gobernadores y los cárteles para que se dejen de combatir entre sí. Pero eso es muy difícil. No está claro que sus gobernadores estarán en esa misma línea de pensamiento, porque lo que se puede observar de muchos de sus gobernadores electos es que son verdaderos caudillos”, destaca Rubén Salazar.

El director de Ettellekt se muestra escéptico ante la estrategia del presidente, que no ha utilizado el poder del Estado en el combate de las organizaciones criminales, pese a la enorme militarización del país. "La orden sigue siendo la misma: no combatir el narco, a las organizaciones criminales y a sus líderes. Esta estrategia ha sido la misma desde que asumió el poder, cuando López Obrador hablaba sobre el perdón a muchos de estos grupos que han violado los Derechos Humanos de muchas personas”.

El experto destaca que la gestión de López Obrador ya batió un récord por el número de homicidios dolosos en lo que va de su gestión. "Ahí están los números, ya son más de 80.000 muertos, muy por arriba de los mismos períodos de Felipe Calderón (PAN) 2006-2012 y de Enrique Peña Nieto (PRI) 2012-2018. Muy probablemente, el cuarto año de gobierno de López Obrador supere todo lo que ocurrió en el sexenio de Calderón. Al paso que vamos, alcanzaremos los 200.000 homicidios dolosos al fin de su gestión. Será una tragedia”, concluye.

(cp)