México: débil despliegue de la Guardia Nacional
21 de diciembre de 2019
No es ningún secreto: "La seguridad es una asignatura pendiente” para el gobierno mexicano. Así lo ha reconocido el presidente Andrés Manuel López Obrador en recientes declaraciones. Las cifras lo demuestran. Más de 30.000 asesinatos durante su año de mandato, con un aumento del 6 por ciento en el primer semestre de este año respecto al anterior. La ingente violencia pone en duda el pilar de su estrategia de seguridad, centrada en la creación de la Guardia Nacional (GN), un cuerpo donde se fusionó a policías y militares.
El despliegue se ha retrasado más de lo previsto. Tan solo se han logrado desplegar cerca de 75 mil efectivos, cuando la meta para diciembre de 2019 era de 92 mil. También ha habido retrasos en doce de los 81 cuarteles que se pretenden instalar debido a problemas jurídicos con los predios.
Militares para frenar a migrantes
A ello se suma la presión de Donald Trump para frenar el flujo migratorio que forzó a AMLO a destinar 25.000 elementos a labores fronterizas. "Se ha tenido que destinar la mayoría de efectivos para detener la llegada de migrantes. Esto ha provocado que no haya todavía el despliegue territorial necesario para disuadir el enorme control del narcotráfico”, señala a DW el analista Alejandro Hope. Un teniente de la GN en la ciudad fronteriza de Matamoros (noreste) admitía a este medio esa dificultad: "A lo mejor han aumentado un poco los delitos porque nosotros también nos hemos enfocado en esta tarea de cuidar a los migrantes”.
Asimismo, esta urgencia llevó a acelerar el proceso de formación de la GN en varias semanas cuando tendría que haberse extendido algunos meses, lo que puso en duda su teórica formación en Derechos Humanos. Naciones Unidas y Amnistía Internacional instaron al gobierno a "desmilitarizar” la Guardia Nacional, compuesta en un 80 por ciento por soldados –además de su mando militar– y tan sólo un 20 por ciento por civiles, policías federales.
Las denuncias de numerosos organismos internacionales por "la posible violación de derechos humanos” en una represiva política migratoria basada en la persecución a migrantes acentuó el debate sobre el papel de la nueva guardia. A finales de noviembre, el gobierno mexicano anunció que la ONU se encargará de brindar exhaustiva formación en Derechos Humanos a los nuevos elementos de la GN. Pese a esas críticas por parte de organismos internacionales, un 68 por ciento de la población, según una encuesta de El Universal divulgada en junio, apoyaba el despliegue fronterizo de la GN.
Dudas para combatir el narco
El debate interno sobre la capacidad del nuevo cuerpo cívico-militar para atajar la violencia se abrió tras los virulentos combates en Culiacán que culminaron con la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de el ‘Chapo' y uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Aunque el gobierno de López Obrador ha cosechado catorce operativos exitosos de detención de capos de la droga, el fracaso de Culiacán -reconocido por el propio Secretario de Defensa- quedó grabado en el imaginario colectivo y puso de manifiesto las flaquezas del Ejército. "Se vio un desaprendizaje institucional en el descabezamiento de capos de la droga, una falta de preparación de la GN, descoordinación entre fuerzas e indisciplina en la cadena de mandos”, indica Hope.
Las dudas sobre la eficacia en la estrategia de seguridad se dispararon dos semanas después con la matanza de nueve integrantes de la familia LeBarón en los lindes entre Sonora y Chihuahua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hasta el momento había apoyado los planes de AMLO, sugirió que México era incapaz de combatir el narcotráfico al ofrecer "ayuda militar para una intervención”.
Su homólogo mexicano respondió con su habitual tono pacifista: "La política se inventó para evitar la guerra”, dijo. Bajo el lema ‘abrazos, no balazos', AMLO ha reiterado su distanciamiento respecto a la política belicista instaurada por Felipe Calderón en 2006 y sostenida por su sucesor, Enrique Peña Nieto. Una ‘guerra contra el narco' cuyo fracaso abocó al país a sus máximos históricos de violencia y un fatídico legado que para López Obrador sigue explicando el constante aumento de homicidios. "La consigna del presidente de no atacar a los criminales los ha empoderado para enfrentarse contra las autoridades”, considera el experto Martín Barrón, en referencia a la furia desata en Culiacán y varios ataques a patrullas en Michoacán.
"Tampoco es viable una estrategia conciliadora ante una violencia tan convulsa y generalizada con niveles de sofisticación armamentística y bases sociales del narco tan fuertes”, asegura a este medio el profesor de la UNAM, Isnardo de la Cruz, para quien existe la necesidad de "una mayor inversión para la Guardia Nacional y una reconfiguración del sistema de inteligencia cívico-militar”.
Pese a esos tropiezos y los crecientes índices de violencia, la sensación de inseguridad se redujo cuatro puntos desde junio del pasado año, poco antes de la victoria electoral de AMLO. Aunque el porcentaje todavía supera el 71 por ciento, demasiado elevado para un país sin una guerra declarada.
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