Latinoamérica avanza en lucha contra minas terrestres

Por culpa de una mina, la ugandesa Margaret Arach Urech perdió su pierna derecha. Los rebeldes cristianos del “Ejército de Resistencia del Señor” emboscaron el bus donde ella viajaba y lo desviaron directo hacia un explosivo. Solo dos meses más tarde, Margaret representó a su país en una conferencia sobre discapacitados en Zimbabue. Los organizadores buscaban a una mujer que hubiera sobrevivido a una mina y que hablara inglés, y llegaron donde ella. Eso fue en 1998.

“Lo primero que me dijeron fue 'bienvenida al club, Margaret', y me sonrieron”, recuerda hoy esta mujer de 56 años. “También debí reírme, pero tenía lágrimas en mis ojos. El hombre que me saludó no tenía piernas”. Con sus nuevos amigos ella se sintió comprendida y aceptada, algo distinto a lo que vivió en su propio hogar, donde fue abandonada por su pareja y amigos. “No querían contagiarse de mis desgracias”, dice ella ahora, encogiéndose de hombros.

Tarea urgente

En los últimos años, las minas fueron responsables de la muerte o mutilación de unas 4.200 personas, y diariamente se suman unas once nuevas víctimas. Desactivar estas bombas es una prioridad para los países que firmaron la “Convención de Ottawa”, donde se comprometían a eliminar las minas dentro de sus territorios en un plazo de diez años. Pero no todos lo conseguirán y países como Afganistán ya solicitaron una prórroga.

En América Latina ese trabajo se realiza actualmente en Chile, Perú, Ecuador y Venezuela. En el caso de Chile-Perú, son minas que quedaron de la tensión bélica de fines de la década de los 70, mientras que Perú-Ecuador sembraron explosivos en sus fronteras tras una serie de tensiones limítrofes, la última de las cuales fue la Guerra del Cenepa. Surinam y los países centroamericanos ya concluyeron esa tarea, mientras que solo en Colombia se siguen sembrando estos explosivos.

Falta dinero

“La lucha contra las minas es mucho más eficaz, según nuestra experiencia, cuando los sobrevivientes se involucran en ella”, dice Loren Persi, de la  Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL en inglés). Pero esa autoayuda choca rápidamente con la realidad, es decir, cuando hay que pagar los costos médicos, prótesis y sillas de ruedas.

Si bien durante 2011 se invirtieron 660 millones de dólares en programas antiminas, los números nunca son suficientes. “Si miramos las cifras de los programas antiminas, vemos que siempre la ayuda a las víctimas se reduce al 9 por ciento del total”, calcula Loren Persi. “Incluso el financiamiento se ha reducido en casi un tercio, o sea podríamos decir que del total de ese dinero, solamente el 6 por ciento representa asistencia a las víctimas”.

Desminar es difícil

Puede haber distintas razones para que no se cumplan los plazos, como “la falta de financiamiento o problemas técnicos”, dice Atle Karlsen, de la organización antiminas noruega “People's Aid”. “O que el país necesite más medios o más gente. O que está en medio de un conflicto”. Algunos países presentaron como razones el clima o las lluvias.

Por ejemplo, unas lluvias en el norte de Chile durante 2012 desplazaron las minas instaladas en la frontera con Perú hasta la carretera Panamericana, retrasando el proceso de limpieza en unas semanas. “Hay todo un abanico de razones, desde las realmente legítimas a otras no tanto”, dice Karlsen.

En 2011 se desminó un total de 190 kilómetros cuadrados en todo el mundo, y quedan todavía 3.000 kilómetros más por desminar. Parece poco, pero es un trabajo complicado. “Estamos hablando de personas que, con 40 grados Celsius y de rodillas, deben desplazarse buscando explosivos”, dice Karlsen. “Simplemente debemos aceptar que el proceso es lento, pero va por el camino correcto”.

Autor: Claudia Witte / Diego Zúñiga
Editor: José Ospina-Valencia