Las armas callan, pero la paz es otra cosa
27 de septiembre de 2017
El Gobierno colombiano dio este martes (26.09.2017) el primer paso para la puesta en marcha de la Justicia Especial de Paz (JEP), que tendrá carácter "restaurativo", con la elección de los 51 miembros de los tribunales que juzgarán los crímenes cometidos en el conflicto armado.
Los magistrados tendrán la responsabilidad de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto del conflicto armado.
También se anunció la designación de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, y de Mirtha Patricia Linares Prieto como primera presidenta de los magistrados de la JEP.
Según Diego García-Sayán, exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de Perú y actual representante de la ONU en el mecanismo de selección establecido en el acuerdo de paz, se espera "que en los próximos dos meses a más tardar pueda estar funcionando" la JEP.
Timochenko: "el Gobierno no está cumpliendo con lo pactado”
En contraste, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", líder del ahora movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), se quejó en una carta al presidente Santos de que el Gobierno no está cumpliendo con lo pactado.
Según "Timochenko", "la inmensa familia fariana" está inconforme e indignada porque considera que el Gobierno no cumple con lo pactado en el acuerdo de paz. Timochenko criticó que, por ejemplo, Santos no haya expedido la amnistía para los guerrilleros que están en prisión y "mueren enfermos" o "se agravan ante la indolencia estatal".
"Nos movemos con la zozobra (…) porque el señor presidente no expide la amnistía de iure, pese a que ya se cumplieron diez veces los diez días previstos para ello, además de que el sistema aún no registra el levantamiento de las órdenes de captura", agregó Timochenko en un texto fechado en La Habana, Cuba.
El jefe guerrillero dijo también que a la que llamó "ultraderecha enemiga de la paz" se une ahora el embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, quien afirmó que las FARC no han cumplido con las obligaciones establecidas en el acuerdo de paz.
También mediador advierte
También el empresario Henry Acosta, artífice de los contactos entre el Gobierno y las FARC para iniciar los diálogos de paz en La Habana hizo pública una dura carta en la que advirtió que está muy preocupado por lo que considera la "no implementación del acuerdo”.
Acosta dice en la carta que "la reincorporación colectiva, social, económica, permanente y segura de los casi 14.000 insurgentes, quedó solo en que cada uno haga lo que pueda hacer con los ocho millones de pesos que cada exintegrante de las FARC está recibiendo del Gobierno”, advirtiendo del peligro de que muchos exinsurgentes formen bandas "ante ninguna alternativa de empleo, de autogestión o autoayuda”.
Agrega que "se está discutiendo en la Corte Constitucional la posibilidad legal de SÍ o NO puede la FARC hacer política. Se sabe que el NO está teniendo posibilidades. Eso sería el fin del fin.”
Se queja también de que la JEP "será parcializada”, ya que "la Unidad Nacional Investigativa, de esa JEP, ya está en manos de la Fiscalía General, quien se ha convertido en la punta de lanza contra el Acuerdo Final”.
Finaliza agregando que "las medidas de seguridad son nulas”, ya que bandas "andan diseminadas por toda el área rural, asesinando líderes y miembros de organizaciones sociales contestatarias”.
Disputa por los bienes y dineros
Por otra parte, fuentes oficiales informaron el lunes que el Gobierno colombiano recibió de las FARC cerca de 5.000 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) que irán al fondo para reparar a las víctimas del conflicto armado.
El pasado 15 de agosto, la Misión de la ONU en Colombia entregó al Gobierno 135 folios con el listado de bienes y activos que dicen tener las FARC, un compromiso pactado en el acuerdo de paz que firmaron las partes en noviembre pasado.
Ese listado levantó una fuerte polvareda luego de que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, exigiera identificar "cabalmente los activos" de ese grupo y advirtiera que relacionaron escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como posesiones.
A lo cual la exguerrilla contestó que el inventario se hizo "con el máximo rigor posible" y desvirtuó las críticas de diversos sectores al advertir una "intención política" de entorpecer la implementación de la paz.
Elecciones en mayo: más presión en la olla
La oposición de derecha amenaza, efectivamente, con “hacer añicos” el acuerdo y lleva a cabo una vehemente campaña en contra a varios niveles. Las elecciones presidenciales en mayo del año próximo ponen aún más presión en la olla. La implementación del Acuerdo de Paz se transforma así en una carrera contra el tiempo, en la que cada una actúa por su lado y el Gobierno se ve ante dificultades de coordinación, implementación y financieras.
Santos quiere que hasta las elecciones el proceso ya no tenga marcha atrás, ya que de ganar el partido de Álvaro Uribe, acérrimo enemigo del acuerdo, las consecuencias pueden ser imprevisibles.
El primer acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC se firmó el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena de Indias, pero fue rechazado el 2 de octubre siguiente en un referendo, lo que obligó a reabrir la negociación.
Al texto inicial se le hicieron entonces varias modificaciones para la firma definitiva el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá, tras lo cual comenzó el proceso de desmovilización y desarme de más de 7.000 militantes de la guerrilla más antigua de América Latina.