La UE quiere atraer a más inmigrantes cualificados
25 de septiembre de 2008
Los ministros del Interior de los 27 países de la UE dieron hoy (25.09.2008) su consentimiento básico para la creación de un sistema que prevé la creación de una Tarjeta Azul, para facilitar el ingreso y la residencia de trabajadores extranjeros altamente cualificados. El sistema tiene una gran semejanza con el mecanismo de Tarje Verde estadounidense.
Los trabajadores extranjeros altamente capacitados representan actualmente sólo el 1,72 por ciento de los todos inmigrantes en la UE, mientras que en Estados Unidos son el 3,2 por ciento y en Australia, que aplica un riguroso sistema de selección de la inmigración desde hace años, alcanza al 9,9 por ciento.
El objetivo de la medida es claro: la UE quiere impedir que la mano de obra inmigrante cualificada, sobre todo en los sectores de las nuevas tecnologías y la salud, se dirija hacia otros destinos porque Europa no le proporciona las seguridades necesarias.
La Tarjeta Azul ofrecerá por ello una forma rápida de obtener un permiso de trabajo, facilitará el acceso a vivienda, quitará trabas burocráticas para obtener la residencia de largo plazo y simplificará los mecanismos para traer a la familia.
No obstante, como ya tiene cierta tradición en la UE, la nueva regulación no es tan simple como los potenciales inmigrantes lo desearían. Por ejemplo sólo ofrecerá acceso a un país de la UE y no automáticamente a todos.
Un año y medio de espera para cambiar de país
El inmigrante que desee cambiar de país, deberá esperar un año y medio. Sólo después de trabajar 18 meses con una Tarjeta Azul en un país de la UE, la persona puede mudarse a otro, pero debe solicitar una nueva Tarjeta Azul en un plazo de treinta días a contar desde su arribo al nuevo país.
Otro punto que ha despertado críticas es que la solución consensuada deja demasiadas decisiones en manos de los gobiernos nacionales. En el acuerdo se insta a los países de la UE a atraer más trabajadores altamente capacitados de fuera de la unión, pero cada gobierno puede decidir cuántos y con qué cualificación quiere admitir. Esa medida es a su vez contrarrestada por la decisión de permitir el traslado de uno a otro país después de un año y medio.
La exigencia de algunos gobiernos nacionales de conservar mayor capacidad de decisión en la materia impidió la creación de una Tarjeta Azul para toda la UE, tal como lo había propuesto la Comisión Europea. Una Tarjeta Azul comunitaria, amén de ser mucho más atractiva para los potenciales inmigrantes, les garantizaría mejores condiciones de vida y de trabajo, había argumentado la Comisión.
Sobre todo la República Checa puso reparos, aunque, paradójicamente, para abrir el mercado laboral dentro de la propia UE. "Queremos que la Tarjeta Azul se aplique sólo una vez que Alemania, Dinamarca, Bélgica y Austria abran primero sus mercados para la mano de obra de los nuevos países miembros de la UE", explicó un miembro de la delegación checa. Una argumentación que suena bastante lógica.
Más medidas contra la inmigración ilegal
Se cuenta con que el acuerdo político logrado hoy será formalizado en la cumbre de la UE que los jefes de Estado y de gobierno comunitarios celebrarán los días 15 y 16 de octubre en Bruselas, a la que convocó Nicolas Sarkozy, el presidente francés, que ejerce la presidencia de turno de la UE.
En el marco del mismo paquete, al que se le dio el nombre de "Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo", los ministros aprobaron hoy también una serie de medidas para luchar contra el ingreso ilegal a la UE y promover una política común de asilo.
Entre esas medidas se cuentan reforzar el control de las entradas ilegales y mejorar la eficacia de la vigilancia de las fronteras externas, por ejemplo creando un banco de datos común con las huellas digitales de los extranjeros que ingresan a la UE. Otra propuesta permite que un gobierno nacional aplique una orden de expulsión emitida por otro país.
Los críticos apuntan en este caso que Frontex, la agencia que controla las fronteras de la UE, sigue careciendo de fondos suficientes para cumplir sus funciones, en tanto que en un reciente informe del Centro para Estudios de Política Europea se indica que hay pocas posibilidades legales de que pueda implementarse el reconocimiento mutuo de órdenes de expulsión.
Los planes para una política de asilo común avanzan con lentitud y se cuenta con que no podrán entrar en vigor antes del 2012. Una prueba de las dificultades que presenta el tema es la negativa de diversos países miembros a distribuir en la UE unos 10.000 refugiados iraquíes, como pidieron Suecia y Alemania.