UE exige acato del Estado de derecho para ayudas pospandemia

Inmediatamente después de la cumbre extraordinaria de la Unión Europea (UE) con sus decisiones financieras de gran alcance, los primeros ministros de Hungría y Polonia, Viktor Orban y Mateusz Morawiecki, se presentaron como ganadores en una conferencia de prensa conjunta: el Estado de derecho no sería un criterio para los pagos futuros  –como habían exigido, adujeron–. Orban le dijo al diario alemán Bild que "el Estado de derecho tenía para él un alto valor, y que la libertad de prensa en su país estaba garantizada”.

Bruselas tiene serias dudas al respecto: desde hace años ambos países están sujetos a demandas en virtud del artículo 7 del Tratado de Lisboa, que permite a los Estados miembros imponer sanciones por violaciones.

Hay una relación entre el Estado de derecho y las ayudas

Es innegable que las exigencias sobre el Estado de derecho se han ido debilitando cada vez más en la Unión Europea. El mismo canciller de Austria, Sebastián Kurz, atestiguó que Hungría y Polonia habían impuesto sus posturas "con relativa fuerza". A él le había "extrañado" que Alemania, Francia y otros países hubieran dejado de lado sus exigencias de vincular el Estado de derecho y los desembolsos para poder llegar a un compromiso general. Lo cierto es que todos dependían de la aprobación de Hungría y Polonia, ya que el presupuesto solo puede aprobarse por unanimidad. Por lo tanto, según un diplomático de la UE, solo eso hizo posible los compromisos.

Sin embargo, en un debate de fondo el miércoles (22.07.2020), altos funcionarios de la Comisión de la UE negaron que Hungría y Polonia hayan "ganado". Los Estados de la Unión Europea han estipulado que la Comisión de la Unión Europea debe elaborar un "régimen de condicionalidad" que incluya la observancia de los principios constitucionales. En caso de que estas condiciones sean violadas por Polonia, Hungría u otros Estados, la Comisión de la UE puede "imponer medidas sancionatorias que deben ser confirmadas por una mayoría cualificada del Consejo".

Posibilidad de decisiones por mayoría contra Hungría o Polonia

Las decisiones en el Consejo de la UE, la ronda de ministros especializados, se toma por mayoría cualificada, la cual se alcanza con 15 Estados miembros que representan al menos el 65 por ciento de la población de la UE. Polonia y Hungría podrían ser relativamente fáciles de superar en votos aquí. En el Consejo Europeo, el cuerpo de jefes de Gobierno, se requeriría unanimidad.

Según los funcionarios de la Comisión de la UE, el factor decisivo será ahora lo que se introduzca en el "régimen de condiciones" para sancionar las posibles violaciones del Estado de derecho reteniendo la ayuda para la pospandemia.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo este 22 de julio en el Parlamento polaco que el Consejo Europeo debe emitir una declaración unánime sobre la relación del Estado de derecho y el desembolso de fondos. Los funcionarios de la UE lo contradicen: las decisiones de la cumbre solo dicen que los jefes de Estado y de Gobierno "deben tratar el tema de nuevo lo antes posible". Sin embargo, las normas jurídicamente vinculantes son establecidas por el Consejo de Ministros por mayoría cualificada, según los expertos de la Comisión.

¿Mejor protección contra fraudes?

El profesor Laurent Pech, experto en derecho europeo de la Universidad de Middlesex en Londres, explicó en Twitter que las decisiones de la cumbre establecen un vínculo directo entre los intereses financieros de la UE y el criterio del Estado de derecho. Los Estados de Europa del Este siempre han tratado de evitar que esto suceda. Lo que importa ahora –dijo– es el "régimen de condicionalidad" que propondrá la Comisión de la UE.

La Comisión de la UE también dejó claro hoy que considera muy importante una decisión sobre el párrafo 24 del documento de la cumbre para garantizar el uso adecuado y jurídicamente correcto del dinero del presupuesto y del Fondo de Recuperación. Establece que los "destinatarios finales" de las subvenciones y subsidios deben ser mencionados públicamente. El Tribunal de Cuentas de la UE y la agencia anticorrupción OLAF deberían tener más poderes. Los funcionarios de la UE consideran que esto ayuda a rastrear la corrupción y el nepotismo con mayor rapidez, especialmente en los Estados receptores del Este europeo.

(jov/few)

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