Uruguay ha logrado en pocos años algo que parecía imposible, que casi toda la electricidad que produce proceda de fuentes renovables: del agua, de residuos agroindustriales, del sol y del viento. Pero es la energía eólica la gran protagonista de esta revolución en la matriz eléctrica. Los 700 aerogeneradores que pueblan el paisaje de este pequeño país producen casi el 40% de la electricidad, una cifra que, en todo el mundo, sólo supera Dinamarca. Cuando el viento sopla fuerte, llegan a incluso a cubrir toda la demanda. El modelo anterior dependía fundamentalmente de la energía que se produce en las represas del país, pero también de fuentes fósiles y de la importación de electricidad de Argentina y Brasil. Era un modelo que disparó el precio de la producción eléctrica hasta límites insospechados y que se mostró insostenible por su vulnerabilidad a la subida de los precios del petróleo, o a las épocas de sequía. Es por ello por lo que todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, e hicieron de la política energética un asunto de estado. Aprobaron el modelo energético que querían para 2030 con un objetivo claro: alcanzar la soberanía energética para no depender ni de los países vecinos, ni del petróleo y apostar por la diversidad de energías renovables. Hoy en día las centrales térmicas apenas necesitan prenderse. Están de backup para cuando los recursos naturales no bastan. El 50% de la electricidad se sigue generado en las represas del país. Pero se ha introducido un 38% de energía eólica, un 3% de solar y un 7% procedente de biomasa. Sólo el 2% es térmica. Con este modelo, la producción eléctrica es infinitamente más barata y más limpia. Además, el país ha pasado de necesitar importar electricidad a ser un exportador neto. Dar giro a la matriz eléctrica en tan poco tiempo fue todo un reto. Lo lograron gracias a un modelo económico que aseguraba a las empresas constructoras de los parques eólicos la compra de energía a un precio fijo. Así consiguieron una inversión de 3.000 millones de euros. Pero no todas las granjas eólicas son privadas. UTE, la empresa eléctrica pública, también es propietaria. Y hay parques eólicos que salieron a bolsa, y que permitieron que los ciudadanos fueran coactores de esta revolución. Incluso se fomentó, con grandes beneficios fiscales, que las industrias instalaran sus propios molinos para autoabastecerse y con la posibilidad de vender los excedentes.