Reforma judicial de Israel: ¿Estado de derecho en riesgo?

Su relevancia para todo Israel es inmensa: un cuarto de millón de personas protestan desde hace meses contra elproyecto. El país tiene 9,3 millones de habitantes.

La reforma amenaza con cambiar el equilibrio de la separación de poderes y ahondar las divisiones de la sociedad israelí. La Knesset ha aprobado ahora otra pieza central de la reforma, a pesar de los enormes vientos en contra.

¿Cuáles son los elementos centrales de la reforma judicial?

La coalición religiosa de gobierno de derechas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quiere reajustar la división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. En lugar de una Constitución, las leyes individuales regulan la interacción de las instituciones en Israel. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo tiene una posición relativamente fuerte en Israel porque no existe una segunda cámara parlamentaria que pueda controlar la legislación de la Knesset.

En la actualidad, el principal problema era la llamada cláusula de razonabilidad: hasta ahora, el Tribunal Supremo podía calificar de "irrazonables" las decisiones del gobierno y declararlas nulas. El gobierno religioso de derechas de Netanyahu quiere ahora quitarle esta competencia a los jueces. Tras una votación inicial a mediados de julio, la votación decisiva tuvo lugar ahora entre los 120 diputados de la Knesset: los 64 diputados de la coalición votaron a favor, por lo que esta parte de la ley ya está aprobada.

El próximo proyecto de ley será votado en la Knesset en otoño: se trata de otorgar al gobierno más poderes en el nombramiento de jueces. A finales de junio, Netanyahu había insinuado una concesión parcial en este ámbito. En una entrevista con el Wall Street Journal, también indicó que quería eliminar por completo la llamada cláusula de derogación. Esto habría dado al Parlamento el derecho a anular las sentencias del Tribunal Supremo.

¿Qué argumentan los partidarios?

Los jueces, a diferencia de los 120 miembros de la Knesset, no son elegidos directamente por el pueblo. Por ello, el gobierno y sus partidarios ven la reforma judicial como un refuerzo de la democracia. En su opinión, el poder judicial ocupa una posición predominante en la separación de poderes israelí, y "la reforma mejora el equilibrio entre las instituciones”.

Dentro de la coalición gobernante, la reforma judicial está siendo impulsada principalmente por nacionalistas de derechas y religiosos. El ministro de Seguridad Nacional, el radical derechista Itamar Ben-Gvir, declaró recientemente que su partido Fuerza Judía rechaza toda "suavización" del proyecto de ley.

¿Qué temen los oponentes?

Muchos están convencidos de que el Gobierno busca nada menos que la "destrucción de la democracia", como lo han intentado Hungría y Polonia.

En Israel, la reforma judicial también amenaza con dividir profundamente a la sociedad, según sus críticos: en el pasado, el Tribunal Supremo había defendido valores como la igualdad de género y la protección de las minorías sexuales frente a las restricciones del lado estrictamente religioso. Muchos israelíes que se consideran laicos, de izquierdas o liberales temen que Israel se convierta en un país dominado por la derecha religiosa ultraortodoxa.

La cuestión afecta también al Ejército, cuyo servicio obligatorio para hombres y mujeres ha sido considerado durante décadas crisol de la cohesión social en el país de la inmigración. 1142 reservistas de las Fuerzas Aéreas israelíes han amenazado con renunciar a su servicio voluntario si se aprueba la reforma judicial.

Debido a una mayor tasa de natalidad, la proporción de judíos ultraortodoxos en la sociedad israelí lleva décadas aumentando. A las críticas de los reservistas se han unido también reservistas de los servicios de inteligencia Shin Bet y Mossad, responsables de asuntos internos y exteriores.

¿Quo vadis Israel?

Grupos de la sociedad civil como el Movimiento por un Gobierno de Calidad advirtieron después de la votación de la Knesset que instarán al Tribunal Supremo a revisar si su propia desautorización parcial es constitucional. Si su respuesta fuera negativa, Israel estaría probablemente al borde de una crisis de Estado. Para evitarlo, el gobierno probablemente tendría que retirar la reforma judicial - un escenario en el que los observadores auguran la ruptura de la coalición.

(jov/er)