La pugna por el gas boliviano

¿Existe un final feliz en el dramático reparto de los ricos yacimientos de gas natural boliviano? Nada parece denotarlo. El uno de mayo de 2006, el presidente Evo Morales envió soldados a los campos de gas y decretó la nacionalización del sector. La noticia dio la vuelta al mundo, asustando a los inversores y a la bolsa. Y Morales dio un ultimátum: 180 días a las empresas para negociar nuevos contratos con el Gobierno. De no ser así, tendrán que hacer las maletas y largarse.

Se luchó por los contratos hasta el último momento. Después, el presidente Morales dio a conocer el inesperado resultado harmónico: "misión cumplida". Morales ve satisfecha su principal promesa electoral con la nacionalización del sector energético. Todo lo que tenga que ver con los recursos naturales es en Bolivia una bomba política. En el país más pobre de Sudamérica, la mayoría opina que las industrias extranjeras han explotado las reservas nacionales mientras la población se iba de manos vacías.

También los críticos satisfechos

Del saqueo hacen responsable al ex presidente neoliberal Sánchez de Lozada, que fue apartado del cargo en 2003 tras grandes altercados debido precisamente a la cuestión del gas. Él fue quien en 1996 promulgó la capitalización del sector, en las mismas salas en las que ahora Morales presenta la reestructuración del negocio energético.

Ninguna de las 12 empresas que en Bolivia desarrollan su actividad en el sector de la energía ha llevado a la práctica su amenaza: abandonar el país. Al contrario. Las compañías se proclaman vencedoras. Como el Gobierno. La usualmente crítica prensa especializada, como Energy-Press, titula "bien hecho". Y coloca un signo de exclamación tras el titular. Algo huele mal, vislumbran los observadores políticos. El final parece forzado.

Contribución variable

Como consecuencia del nuevo acuerdo, Bolivia es el único propietario del petróleo y del gas a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). YPFB consigue así el control total sobre la comercialización, el desarrollo y la transformación de los recursos energéticos. No hay expropiaciones, las empresas pasarán a ser proveedores de servicios al Estado.

Para la exploración de los llamados “megacampos”, los campos de petróleo más grandes, el Estado recibe aportaciones de hasta un 82%. Estos campos serán explotados por los tres magnates del sector Petrobrás, Repsol YPF y Total. En cuanto a las áreas pequeñas, la contribución al fisco será menor, pero siempre por encima del 50 %. La cantidad que correrá a cargo de cada cual será fijada a través de una complicada fórmula que tiene en cuenta la inversión realizada, el precio del gas y la productividad.

Tras el reordenamiento del sector, los ingresos del Estado ascienden, según datos del Gobierno, a más de 1.000 millones de dólares. Cuatro veces lo que recaudó hace dos años. Y Morales asegura que dentro de cuatro años el gas le podría aportar al país ingresos por 4.000 millones de dólares.

Mercados del futuro: Argentina y Brasil

Hay más factores que han favorecido la firma de los contratos. "El catalizador más importante" ha sido uno de negocios recientes entre Bolivia y Argentina, escribe Energy Press. Por él, Bolivia se compromete a abastecer de gas por un valor de unos 17.000 millones de dólares a Argentina durante los próximos 20 años.

Un mercado lucrativo para el futuro, que no obstante, sólo podrá llegar a buen puerto si Bolivia aumenta drásticamente su capacidad de producción. Bolivia tiene que respetar además sus compromisos con Brasil, país cuyo abastecimiento de energía depende en un 60% del vecino andino. Además, el Gobierno de Morales quiere colocar más gas boliviano en el mercado. Con ello, las inversiones recuperarán su atractivo. Las compañías en Bolivia han aprobado llevar a cabo inversiones por 3.500 millones de dólares entre 2007 y 2010.

La nacionalización light

Hablando con los representantes de la industria del petróleo, uno escucha en más de una ocasión que, realmente no se ha procedido a ninguna nacionalización. "Nacionalización es un termino espectacular que sirve para justificar campañas políticas. En realidad, los recursos naturales nunca han estado en otras manos que no fueran las del Estado", dice el presidente de la empresa energética Canadian Energy, Enrique Coscio, que trabaja desde hace años en la sociedad petrolífera de Bolivia.

Coscio opina que la privatización emprendida por Sánchez de Lozana fue necesaria. Por aquel entonces, Bolivia debía demostrar en poco tiempo que contaba con reservas de gas suficientes para asumir los compromisos ya firmados con Brasil. Las inversiones necesarias fueron enormes. Por eso se les ofrecieron condiciones atractivas a las empresas extranjeras. El hecho de que hoy en día Bolivia cuente con la segunda mayor reserva de petróleo de Latinoamérica, es la consecuencia de que Sánchez de Lozada redujera las contribuciones, escribe en un artículo el experto en energía Jörg Husar, de la Fundación alemana de Ciencia y Política.

Las atractivas condiciones llevaron, según Husar, a que aumentaran las inversiones en el sector energético. Entre 1996 y 2004, se invirtieron 3.250 millones de dólares en exploración y producción. Las reservas comprobadas aumentaron siete veces, hasta los 890.000 millones de metros cúbicos.

Precios elevados, buen negocio

También la situación en el mercado internacional ha favorecido que se llegase a un acuerdo entre el Gobierno boliviano y las empresas del sector energético. La subida constante de los precios del gas y del petróleo hace que para las compañías sea más fácil aceptar el nuevo acuerdo. Aunque sobre el papel se paga más, a la hora de la verdad las cifras son las mismas de antes. El precio del gas se ha c

cuadruplicado desde mediados de 1990. "En la práctica, las empresas no se están viendo realmente afectadas, la prueba es que todas se han quedado", dice Coscio.

Pero a pesar de la euforia, quedan conflictos sin resolver. Sobre todo, con el consorcio energético brasileño Petrobrás, que controlaba hasta ahora el 46 % de las reservas. Petrobrás tiene que delegar la participación mayoritaria en sus dos refinerías a YPFB. Sin embargo, los brasileños exigen ser indemnizados y amenazan con poner una demanda internacional.

Aparte de lo dicho, el acuerdo todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento de Bolivia. La oposición ya pide que se hagan correcciones. La batalla por el gas boliviano continúa.