La salida que eligió el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, para evitar un juicio político contra su persona, una salida impulsada desde el Parlamento, donde hay una mayoría opositora liderada por Unión por la Esperanza (UNES), el partido de izquierdas del expresidente Rafael Correa, es una nueva culminación de los problemas institucionales que aquejan no solamente el Ecuador, sino, en términos similares, también al Perú.
Se trata de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en la cual los dos poderes invocan su propia legitimidad electoral y democrática, lo cual lleva sistemáticamente a bloqueos mutuos, que desembocan en inestabilidad de gobiernos y elecciones anticipadas. Sin embargo, en muchos casos, el llamado a las urnas tampoco resuelve el enfrentamiento de las fuerzas políticas, sino más bien traslada la polarización política de nuevo al andamiaje institucional y a las calles.
Debilidad del Gobierno de Lasso
En el caso del Ecuador, de nuevo es evidente la debilidad del presidente Lasso a raíz de los resultados de las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero, las cuales, al igual que el referéndum convocado por el mismo presidente, manifiestan claramente la debilidad del Gobierno actual, un rechazo a su estilo de gobernar y la orientación de sus políticas públicas.
En las urnas, especialmente en los resultados para las alcaldías del país, se vio el regreso al correísmo y se hizo transparente la diminuta capacidad de convocatoria de Lasso. El descalabro de su fuerza política se refleja asimismo en el recurso al instrumento constitucional de la "muerte cruzada” para disolver la Asamblea Nacional y la obligación del Consejo Nacional Electoral (CNE) a convocar al mismo tiempo nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias para completar el período electoral en curso.
Mientras tanto, el presidente puede operar por medio de decretos-leyes, especialmente en materia de urgencia económica, previa aprobación de las medidas concretas por la Corte Constitucional.
Un nuevo presidente hasta 2025
Con esta decisión el presidente Lasso en parte estaría sacrificando su periodo en la presidencia, ya que – aunque tenga la posibilidad de presentarse a la elección – sus posibilidades de recibir un voto aprobatorio son mínimas. Así, el Ecuador tendrá en el lapso máximo de 6 meses un nuevo presidente más bien transitorio, ya que ocuparía su cargos únicamente hasta 2025, cuando concluye el periodo constitucional actual (2021-2025).
No es del todo seguro el resultado de esta maniobra, ya que las confrontaciones ahora pasarán también a las calles, con las ya anunciadas manifestaciones del movimiento indígena Pachakutik, cuyo liderazgo calificó la medida como un "cobarde autogolpe de Estado". También las secuelas de la "muerte cruzada” rozarán el poder judicial.
La judicialización de la crisis
Al justificar el decreto de la "muerte cruzada” con "una grave crisis política y conmoción interna”, Lasso ha tratado de disimular que se trataba más bien de su intento por evitar la destitución que se avecinaba por parte del Parlamento. Sin embargo, la medida, que el presidente argumenta que estaba utilizando para prevenir una grave crisis política, debido al inicio de trámites de 14 juicios políticos y el planteamiento de 5 juicios políticos a ministros y secretarios de estado, inmediatamente tuvo que ser evaluada por la Corte Constitucional.
Seis demandas de inconstitucionalidad fueron presentadas ante la Corte, la mayoría de ellas, de manos de los exasambleístas de oposición, cesados con el decreto de "muerte cruzada". En su decisión al respecto, la Corte rechazó por unanimidad las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra del Decreto Ejecutivo número. 741, con el que el presidente Guillermo Lasso aplicó la "muerte cruzada". También se rechazaron los pedidos de que la Corte adoptara medidas cautelares, con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado.
Al argumentar la Corte que al respecto de la posibilidad de verificación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por Lasso "tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país”, la "muerte cruzada" queda blindada ante futuras posibles decisiones judiciales al respecto.
Gobernar por decreto
Pero a este primer episodio de judicialización de la crisis seguirá un segundo: a partir de ahora, el presidente puede gobernar por decreto-leyes, cuyos textos, tras ser firmados por Lasso, serán enviados a la Corte Constitucional para su correspondiente revisión y validación. Esta capacidad legislativa de Lasso, de carácter transitoria, es controlada por la Corte y limitada a medidas de urgencia económica.
De hecho, el presidente, ese mismo día, firmó una reforma tributaria, que debería aliviar la difícil situación económica de la población y permitir mayores ingresos fiscales al Estado. Es de esperar que Lasso vaya a seguir presentando todas aquellas iniciativas económicas que la Asamblea habría rechazado, de manera que la actuación de la Corte entrará muy rápidamente de lleno en el debate público sobre el modelo económico que el país tendría que seguir.
Así, la crisis política con las movilizaciones en la calle perjudicará muy pronto al mismo poder judicial por ser considerado un actor aliado con un Gobierno saliente, que es rechazado ampliamente por la población. El peligro al que al final del proceso iniciado por Lasso podrían verse expuestas todas las instituciones del país en una situación de bloqueos mutuos y rechazos populares es muy alto, no existen garantías de que las elecciones sean la vía segura por la que se podrán resolver los conflictos internos persistentes de este país andino.
¿Salvarán las elecciones anticipadas un posible suicidio institucional?
Con el anuncio de la "muerte cruzada”, cayeron también los bonos soberanos de Ecuador, ya que los acreedores del país dudan de la voluntad de Ecuador de cumplir con sus obligaciones con el posible resultado de las elecciones convocadas.
Al complejo juego interno, podrían añadirse de esta manera complicaciones en el frente externo, en aras de las dificultades económicas del país y la creciente sensación de inseguridad por el avance del crimen organizado.
El incierto panorama político, en el cual habrá que incluir también a los militares con ambiciones de poder, implica que los actores políticos deben guardar respeto a las instituciones para que, al final, de la "muerte cruzada” no haya más daño que lamentar a nivel de personas e instituciones que necesiten ser reconstruidos y rediseñados.
Esta responsabilidad la tienen Gobierno, oposición, el poder judicial y los militares en conjunto, especialmente cuando el resultado de las elecciones anticipadas no llegue a disolver los bloqueos que han caracterizado muchos momentos en la vida política del Ecuador. (ms)