La "lista de enemigos" de la extrema derecha alemana

Durante redadas en entornos de extrema derecha, la Policía alemana ha hallado listas con nombres y direcciones de unos 25.000 oponentes políticos. Según se desprende de la respuesta del Ministerio de Justicia a una solicitud parlamentaria del partido La Izquierda, apenas tres de los afectados fueron informados.

Las críticas a este proceder crecen. Martina Renner, vicepresidenta de La Izquierda, acusa al Gobierno federal de ignorar el peligro terrorista de derecha. No hay otra forma de aclarar por qué sobran dedos de una mano para contar a los ciudadanos informados por la Oficina Federal de Investigación Criminal, criticó Renner.

En conversación con DW, el jurista y politólogo Thilo Weichert, miembro de la directiva de la Asociación Alemana de Protección de Datos, esclarece qué derechos tienen los afectados y cómo deben responder realmente las autoridades de seguridad.

Deutsche Welle: Sr. Weichert, ¿qué derecho tienen posibles afectados a saber si aparecen en alguna de las listas halladas?

Thilo Weichert: No existe un derecho a que la Policía me informe voluntariamente cuando mi nombre aparece en relación con investigaciones o redadas, registros y similares. Las investigaciones tienen lugar, primero, en secreto. Pero si las investigaciones sugieren que alguien puede estar en peligro, entonces sí es función de la Policía informar a esa persona.

Hasta este momento, no está claro si aquí tuvo lugar una comprobación, o si esta fue negativa. Pero temo, como la Sra. Renner, que esa comprobación, en torno a si las personas estaban o no en peligro, no tuvo lugar.

¿No es la existencia misma de tales listas suficiente señal de peligro?

El hecho de que las listas incluyan a 25.000 personas indica más bien que no implicaban peligro para ellas, al menos no para todas. Recolectar informaciones sobre oponentes políticos es algo bastante usual, algo que hacen también agrupaciones de izquierda sobre radicales de derecha. Eso no significa que esas personas estén en peligro. Pero si existen otras señales, anotaciones que indican la posibilidad de ataques u otras actividades, entonces la Policía tiene que actuar e informar a las personas.

¿Con qué recursos jurídicos cuentan los afectados para reclamar información?

Reclamar información no es problema. De acuerdo con las normativas de protección de datos, toda persona tiene derecho a solicitar información sobre sí misma que aparezca en archivos de investigación criminal o incluso en archivos de la Oficina de Protección de la Constitución. Si esto, además, se puede especificar, como en el caso de las ahora aparecidas listas de enemigos, es muy difícil que las autoridades de seguridad puedan negarse a ofrecer información.

¿Cuán fuerte debe ser la amenaza para que los afectados obtengan protección de la Policía?

Para obtener protección policial tiene que haber una amenaza concreta contra la persona. La Policía tiene cierta libertad para valorar si existe un peligro concreto. Pero si existe un riesgo concreto, tiene que actuar para minimizarlo tanto como sea posible. Lo mínimo sería informar a la persona. Pero se puede ir, por supuesto, mucho más lejos: organizar una mudanza, vigilar la residencia o proteger a los niños, algo que puede ser necesario en algunos casos aislados.

La Asociación Alemana de Periodistas (DJV) ha pedido informar a todos los representantes de medios incluidos en las listas. ¿Están los periodistas que reportan sobre la extrema derecha o los activistas que se comprometen en acciones contra el extremismo de derecha, desde el punto de vista legal, ya expuestos a especial peligro?

Si se informa o no, no depende del grupo al que pertenezca la persona, sino del posible peligro concreto. Pero, desde mi punto de vista, la Policía debería tratar aquí también abiertamente y con transparencia incluso los peligros más pequeños. Justo en este momento, en que se están ampliando las facultades de la Policía al costo incluso de algunos derechos fundamentales, la información a los afectados debería servir para minimizar riesgos, sin que se afecte para ello ningún derecho fundamental.

Entrevista: Jeannette Cwienk (RML/CP)

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