La "Ley Justina" y la donación de órganos en Latinoamérica

El dramático caso de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que murió en noviembre de 2017 a la espera de un trasplante de corazón, conmovió a la opinión pública de Argentina y aceleró en aquel país los tiempos legales para aprobar la polémica "Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células”, conocida también como "Ley Justina”. Se trata de una ley polémica porque da por hecho que todos los ciudadanos son donantes a no ser que en vida hagan explícita su negativa.

Aunque el objetivo es reducir el tiempo de espera en la lista de los receptores, la misma Sociedad Argentina del Trasplante muestra sus reservas hacia la "Ley Justina”, porque prescinde absolutamente del consentimiento de la familia, algo que en otros países no ocurre, ni siquiera en el país líder en donaciones durante años, España. Esta organización argumenta también que hay gente que no tiene información suficiente o recursos para acceder al trámite de negarse a ser donantes, por lo que, para esas personas, la donación se convierte en imposición y deja de ser un acto solidario.

España, líder mundial sostenido

España es desde hace décadas líder en el campo de los trasplantes y las donaciones de órganos en el mundo. El modelo español es considerado mundialmente un ejemplo a imitar y ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud. También la Unión Europea y el Consejo de Europa han recomendado expresamente la adopción total o parcial del modelo español. 

Las razones se deben a un alto sentido del altruismo en España, un buen sistema de formación del personal sanitario y las campañas de concienciación entre la población. Además, en España se contemplan también como donantes a quienes sufren muerte cardiocirculatoria, por ejemplo, la persona a la que le da un infarto en la calle y no puede ser reanimada. En países como Alemania está posibilidad está totalmente descartada. En Argentina, esta posibilidad estará permitida con la nueva ley.

Por otro lado, en el país ibérico rige la figura del "donante presunto”, es decir, todas las personas son susceptibles de convertirse en donantes a no ser que en vida hayan expresado su negativa a ello. En cualquier caso, siempre se consulta a las familias del fallecido antes de proceder a donar sus órganos.

Líderes en Latinoamérica

En 2016, América Latina quedaba muy por detrás de las estadísticas mundiales de donaciones con una media de 7 donantes por cada millón de habitantes. Cuba, Argentina, Brasil y Uruguay lideran las estadísticas de la región en número de donantes por millón de habitantes. En Argentina, cuando el Ejecutivo reglamente la recientemente aprobada "Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células”, conocida como "Ley Justina”, no será necesario consultar a un familiar para confirmar o rechazar la decisión de la persona fallecida. Todas las personas mayores de edad serán consideradas donantes. Prescindir del consentimiento de los familiares es en realidad la auténtica novedad de la "Ley Justina”, ya que en aquel país todo mayor de edad es presunto donante desde 2005.

En Uruguay, líder de la región con 16.8 donantes por cada millón de habitantes en 2016, la ley estipula desde 2013 que debe hablarse con los familiares del fallecido antes de procederse a una donación, pero se trata más de una charla de notificación que de consulta. En Cuba, otro de los líderes latinoamericanos en donantes, también se consulta a las familias de los potenciales donantes.  

Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá

En Chile, la ley promulgada en 2010, dicta que toda persona mayor de 18 años es donante de forma automática. Si no desea serlo, debe expresar su voluntad al renovar su documento de identidad o la licencia de conducir. Como las cifras de donaciones disminuyeron, se acabó introduciendo en 2013 el principio de reciprocidad, lo que implica que es necesaria la voluntad de donar para poder ser receptor de un órgano en caso necesario. Los colombianos, por su parte, se rigen bajo la Ley 1805, que entró en vigor en febrero de 2017: todos son donantes a menos que expresen en vida su voluntad negativa. En Colombia en 2016 hubo 7 donantes por cada millón de habitantes. Costa Rica y Panamá completan este bloque de países latinoamericanos con menor tasa de donaciones en Latinoamérica, pero sin llegar a entrar en el furgón de cola. Concretamente en Panamá, las familias de los fallecidos se niegan en dos de cada tres casos a donar los órganos de sus allegados.

En el furgón de cola

Ecuador, México, Perú, Venezuela, Guatemala, Bolivia... Estos países son, según las estadísticas actuales, los que menos donantes por millón de habitantes tienen en Latinoamérica. En Bolivia, las personas mayores de 18 años pueden registrarse oficialmente para ser donantes. Una vez que han proporcionado sus datos personales y han expresado su deseo de donar sus órganos en caso de muerte cerebral, reciben un carnet de donante. Sin embargo, en caso de fallecimiento, también se requiere la autorización de la familia. Es uno de los países del mundo que menor número de trasplantes lleva a cabo.

En Ecuador, las personas que desean donar lo dejan reflejado en su cédula de identidad. En Guatemala, la legislación vigente solo permite el trasplante de riñón. El potencial donante debe informar a los familiares para que, cuando llegue el momento, ellos puedan respetar su decisión. También se puede tener carnet de donante.

En Paraguay, el trasplante solo puede realizarse con el consentimiento del cónyuge, conviviente o familiar del fallecido. En México, el Senado aprobó en abril de 2018 la modificación de la Ley General de Salud, por la que se establece la figura del "presunto donante”, como en otros países. Se consultará, sin embargo, a los familiares en caso de deceso. En Perú, la tasa anual de donantes de órganos llegó a 1,6 por cada millón de personas en 2017. Desde el año 2011, en el que hubo un registro de 4,3 personas por millón, la tendencia ha ido decreciendo. El Congreso aprobó en mayo 2016 una ley para que los peruanos acrediten a través de una declaración jurada su deseo expreso de ser donantes de órganos. El objetivo es que la decisión del donante no sea objetada por los familiares tras su muerte. Actualmente, los médicos consultan a la familia, aunque la decisión del fallecido esté expresada en su DNI. En Venezuela no hay cifras oficiales de donaciones desde hace tiempo. 

Autora: María Santacecilia (ERS)

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