La larga recuperación de las tierras indígenas en Costa Rica

Han pasado décadas desde que el gobierno costarricense garantizó a los pueblos originarios del país que recuperarían sus tierras. Entretanto, estos se reagrupan por su cuenta y lleven a cabo reapropiaciones de territorios que un día fueran suyos y que actualmente están en manos de ganaderos.

"Tenemos documentación desde 1940-1956, donde los mayores reclamaban que los colonos se les estaban metiendo a las tierras y le pedían al gobierno que resolviera lo más pronto el derecho a la tierra porque lo estaba perdiendo”, explica en entrevista con DW Pablo Sibar, integrante del Consejo de Mayores de los Brörán, en Térraba (Costa Rica). "Es la organización que representa a los indígenas que hacemos los procesos de lucha sobre la tierra”, explica.

Sibar es miembro de la comunidad brörán, un pueblo originario costarricense, con apenas 600 miembros, que lucha por conseguir que las tierras de sus ancestros vuelvan a ser suyas. "En Costa Rica hay 24 territorios indígenas en 8 culturas, pero el territorio Térraba son 9.355 hectáreas y el 80% está en manos de no indígenas”, recalca.

Responde desde una finca recuperada. "Soy parte de la recuperadora. Acá somos 16 familias compuestas por 100 personas que no teníamos nada, no teníamos dónde sembrar”. "Llegamos a las cuatro de la mañana, nos instalamos en la finca e hicimos un comunicado diciendo que la finca estaba recuperada por la por vía de hecho y que la persona que usurpaba la tierra tenía un tiempo prudencial para sacar todo lo que le pertenecía a él y que la tierra nos pertenecía a nosotros”, recuerda.

"Los peones, a petición del usurpador, decían que tenían que sacarnos y fueron momentos muy violentos. Pusimos una demanda por usurpación ante el juzgado de penal y él también nos demandó al juzgado penal; se la rechazaron pero acudió al juzgado agrario y ahí todavía no se ha resuelto”, relata.

Lamenta la situación en la que se encuentran. "Cuando entramos a esta finca no había ni un solo árbol, había pasto. Hoy, tres años después es muy interesante porque han comenzado a llegar animales y nosotros tenemos seguridad alimentaria, aquí producimos nuestros alimentos”, explica. "Los pueblos indígenas no tenemos dónde cultivar y los finqueros tienen las tierras solo para ganado”, critica.

Aunque por el momento pueden permanecer ahí, su futuro es incierto. "El 6 de enero de 2019, el juez ordenó el desalojo. Apelamos y teníamos el juicio el 14 de diciembre 2020, pero lo suspendieron y no sabemos cuándo lo van a programar”, lamenta.

Un conflicto sin resolver

En 1956 se designó la Reserva Indígena de Boruca-Térraba mediante un decreto. Por otro lado, “la Ley Indígena de 1977 dice que a los que tenían algún derecho sobre las tierras, el Estado tiene que indemnizarlos, expropiarlos o reubicarlos. Hasta el día de hoy el finquero no ha demostrado tener derechos antes de la ley”, recalca, recordando que “el Estado reconoció bajo decreto que estas tierras le pertenecían al pueblo Brörán”.

Sibar subraya que en el marco de la Ley de 1977, “el Estado dice que las tierras serán regidas por las comunidades indígenas y sus estructuras comunitarias, o las leyes de la República”. En 1982, se aprobó un decreto sobre la representación legal de las Comunidades Indígenas por las asociaciones de desarrollo y como gobierno local. “Ahí empezó todo el problema”, considera Sibar, recordando que la de Térraba se creó en 1975.

”Esta asociación era la que iba a recuperar la tierras y hacer las denuncias, pero en 40 años nunca hizo un proceso de desalojo”, critica. Asimismo, “esta asociación de desarrollo lo que hace es defender los intereses de los no indígenas, los terratenientes”.

Ante esa situación, así como la paralización, durante décadas, de un proyecto de ley sobre autonomía indígena en la Asamblea Legislativa motivó al pueblo originario a organizarse. “En 2010 creamos el Consejo de Mayores Brörán, del pueblo Térraba y empezamos con el proceso de recuperación de hecho”, recalca. “La ley dice que la esta tierra le pertenece al pueblo Brörán, por lo tanto si el gobierno no lo hace, lo vamos a tener que hacer nosotros”, justifica.

Aunque el proceso también es largo. “En 2014, hicimos una propuesta al gobierno de 17 fincas urgentes de recuperar. Sin embargo, desde 2014 hasta ahora el gobierno no ha hecho absolutamente nada y esas son las fincas que estamos en proceso de recuperar”, aclara.

Una operación que hasta ahora ha derivado en la recuperación de siete fincas que representan 2.600 hectáreas. “Quedan más de 6.000 hectáreas por recuperar. No es nada fácil”, admite, calculando que para concluir con el proceso se necesitará una década.  

“Esas recuperaciones se vuelven muy violentas, tenemos muchos riesgos”, asegura. Sibar no puede olvidar el asesinato de su compañero Jhery Rivera, en febrero de 2020, y cuyo caso todavía no se ha resuelto. “Fue muy violento, nos sacaron de una de las fincas que estábamos acompañando, tuvimos que salir, huyendo prácticamente, casi nos linchan”, recuerda.

A esta muerte se le une la de su “hermano y compañero” Sergio Rojas, líder bribri, en marzo de 2019. “Le asesinaron a las nueve de la noche en su casa”, lamenta, denunciando que “esos asesinatos siguen impunes”. Y recuerda que ambos líderes eran peticionarios de la medida cautelar que puso Naciones Unidas a Costa Rica en 2015 para proteger a los pueblos indígenas de la violencia.  

La ola de violencia se detuvo tras el asesinato de Rivera. “El Gobierno pidió que no se siguiera con las recuperaciones y que él iba a resolver el problema pero hasta el día de hoy no ha resuelto absolutamente nada”, critica.

Asimismo, la crisis sanitaria mundial paralizó sus actividades que pretenden retomar este año. Todo ello, a pesar de vivir con miedo. No obstante, “no tiramos la toalla porque tenemos que dejar algo mucho mejor las futuras generaciones”