La investigación sobre Ayotzinapa, "cargada de confusión"

Hace once meses, el mundo conoció la palabra Ayotzinapa. En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de esa localidad mexicana, desapareció luego de ser secuestrado presuntamente por delincuentes de la banda Guerreros Unidos, en colusión con la policía municipal. La versión oficial asegura que los muchachos fueron asesinados, arrojados a una fosa cerca de Iguala, y luego incinerados por sus agresores, hasta quedar convertidos en cenizas.

Pero la llamada “verdad histórica”, como en su momento calificó a las conclusiones de la investigación oficial el entonces procurador (fiscal) Jesús Murillo Karam, no ha dejados satisfechos a los familiares de las víctimas. Por eso han realizado a lo largo de estos once meses diferentes acciones de protesta, a las cuales se sumará una huelga de hambre que comenzará este miércoles, y que se prolongará a lo largo de un mes, hasta que se cumpla el primer aniversario de los hechos de Iguala.

Los familiares no son los únicos que cuestionan los procedimientos aplicados por la fiscalía mexicana (PGR). Por ejemplo, “parece que hubiera sido necesario realizar unas autopsias con mayor profundidad en sus análisis, ya que hablamos de vulneraciones de derechos humanos”, dice a DW Francisco Exteberría Galindo, profesor titular de Medicina Legal y Forense de la Universidad del País Vasco.

El especialista elaboró, por encargo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que convocó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un estudio acerca de los aspectos forenses de la investigación oficial sobre el caso Ayotzinapa. Desde Donostia-San Sebastián, Exteberría menciona a DW otros ejemplos concretos de procedimientos cuestionables: “En dos casos se habla de lesiones por arma de fuego y esto también debería haberse estudiado en las prendas de vestir de las víctimas. Son disparos realizados a escasos centímetros y no se justifican en un enfrentamiento”.

Brutalidad inimaginable

Otro caso es el del joven Julio César Mondragón, en cuya autopsia, según afirmó el GIEI, “no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original”. En el rostro del muchacho, asesinado con especial saña por sus agresores, aparecen “huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características”, dijo el organismo en un informe publicado el pasado día 17 de agosto.

Esto debería abrir nuevas líneas e investigación, incluyendo el posible uso de animales por parte de los criminales, para torturar y asesinar a estudiantes de Ayotzinapa. Etxeberría lo dice así: “Falta un diagnóstico diferencial que incluya otras hipótesis, así como el estudio específico de las evidencias del carroñeo características que producen los dientes de los animales sobre la superficie del hueso. En este caso se habla de fracturas craneales pero no se interpretan los traumas, es decir, los lugares donde se produjeron los golpes”.

Con éstas y otras fallas, “la PGR ha acumulado a lo largo de un año más desprestigio que el arrastrado en sus 100 años de historia”, afirma a DW Carlos Pérez Ricart, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. En la investigación de los sucesos de Iguala, la fiscalía mexicana “difícilmente podría haber hecho peor las cosas”, agrega el experto.

Desde Washington, Clay Boggs, director del programa para América Latina de la ONG WOLA, coincide. "Como en muchos casos en México, éste se basó casi exclusivamente en confesiones, con poca evidencia física. Evaluaciones internacionales en materia forense mencionan deficiencias reales en la manera como el gobierno mexicano manejó la investigación".

Por su parte, Etxeberría estima que la de la PGR “es una investigación prolija y al mismo tiempo cargada de confusión, donde siempre quedan aspectos discutibles y falta una visión integral”.

La procuraduría mexicana no respondió a la solicitud de DW para dar a conocer su punto de vista.

Una huelga política

Los aspectos forenses son solo una parte de un catálogo de observaciones que el GIEI presentará el próximo 6 de septiembre, en su informe de actividades. En él figuran otras falencias que, a consideración del grupo interdisciplinario, se cometieron al investigar los sucesos de Iguala: fallas en la cadena de custodia de ropa de los normalistas desaparecidos y encontrada luego del crimen, pérdidas de pruebas y videos, y sobre todo, la imposición del gobierno mexicano de que los expertos independientes entrevistaran únicamente por escrito a 26 militares que formaban parte del batallón 27 del ejército mexicano en la fecha de los hechos.

Éstas y otras anomalías en la investigación son el motivo de la huelga de hambre por parte de los familiares de las víctimas, que también acudirán a embajadas para dar a conocer su inconformidad. ¿Un movimiento con tintes políticos? A este respecto, Pérez Ricart afirma que “desde el día uno, los padres de familia han ‘politizado' el caso en la medida en que lo han hecho público. Y de eso se trata. Quienes utilizan el término para desprestigiar la lucha de las víctimas sólo hacen evidente su ignorancia y falta de claridad conceptual”.

“México,” dice el investigador de la Universidad Libre de Berlín, “no es el mismo después de Ayotzinapa; y en parte, gracias a Ayotzinapa”.