La “grieta” argentina en los cimientos de la Justicia

Parece la trama de una de esas series de televisión en que las intrigas, las influencias y la corrupción velan por un alto rating. El caso que investiga el juez federal argentino Alejo Ramos Padilla, de la localidad bonaerense de Dolores, por lo menos tiene los clásicos ingredientes. "Estamos investigando una red de espionaje político y judicial de magnitud”, dijo ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados el magistrado, que lleva la causa que tiene procesado y en prisión preventiva a Marcelo D'Alessio, un supuesto abogado que resultó no serlo y a quien el empresario Pedro Echebest denunció por haber intentado extorsionarlo. Según dicha denuncia, D'Alessio le pidió 300.000 dólares para evitar verse involucrado en el caso de presuntos sobornos a antiguos altos funcionarios del kirchnerismo, en el que también está procesada la expresidenta Cristina Fernández. El fiscal de la llamada "causa de los cuadernos”, Carlos Stornelli, niega tener relación con el asunto; y también se niega a declarar ante el juez Ramos Padilla, que acaba de citarlo por tercera vez.

Las puertas del infierno

"D'Alessio de alguna manera abrió las puertas del infierno”, dice a DW Javier Miglino, abogado especialista en derechos humanos y director de la ONG Defendamos la República Argentina. Considera "por lo menos curiosa” la negativa de Stornelli a declarar. "Creo que el juez Ramos Padilla tiene, de alguna manera, la legitimidad de decir ‘yo corté con este affaire de corrupción, y ahora empiezo a investigar. Por eso sería interesante que todos los involucrados colaboraran con la Justicia, por lo menos para evitar toda esta situación que no hace más que enrarecer el clima político en la República Argentina”, apunta.

El oficialismo ve las cosas de otra forma. Los diputados de "Cambiemos" no estuvieron presentes para escuchar a Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión, por considerar, según un comunicado, que se trató de una "puesta en escena”.

La situación no le llama tanto la atención a Pablo Secchi, Director Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. "Es algo que viene sucediendo con gravedad hace muchos años”, señala el politólogo, refiriéndose a "como se mete el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”. Cuando surgen causas incómodas, "lo primero que intentan es desplazar al juez”, indica.

Polarización política

Eso no implica, desde luego, que la situación no le preocupe. Por el contrario. Según Secchi, "en Argentina todo responde a la famosa grieta que tenemos entre el oficialismo y cierta oposición. Entonces, lo que se busca es ver cómo esta causa en particular puede favorecer a uno de los dos bandos. Algunos dicen: ‘si efectivamente Stornelli estaba haciendo algo por fuera de la norma, esto quiere decir que la causa de los cuadernos es toda mentira'. Y no es así. Una causa no tiene que ver directamente con la otra. En la causa de los cuadernos hay muchísimas pruebas para avanzar en ese sentido. Y en esta causa en particular se tiene que investigar, porque todavía es bastante preliminar”.

Miglino coincide en cuanto a los efectos de la polarización. "Hay un razonamiento de que, si investigamos a los que estaban antes, todo bien; si investigamos a los que están ahora, no tanto. Yo creo que eso es lo que la gente siente en la calle”, dice el abogado.

A su juicio, "sería positivo para la República Argentina que esta causa siga adelante -me refiero a la causa de D'Alessio, a este gran affaire de corrupción-, que se investigue”. "Por ahora estamos viendo la punta del iceberg. Por eso es interesante que se pueda seguir investigando”,  subraya también Secchi.

Perjuicio institucional

De momento, el tira y afloja está perjudicando a la Justicia como institución. El propio presidente de la Corte Suprema argentina, Carlos Rosenkranz, reconoció en el discurso de apertura del año judicial que hay "desconfianza” de la ciudadanía hacia los jueces.

"Hace muchísimos años que la Justicia no responde a las necesidades del Derecho y de los ciudadanos. El daño institucional es realmente muy grande, porque en cada caso particular se rediscuten las bases del sistema judicial. En vez de estar discutiendo un caso de infiltración de los sistemas de inteligencia, o en vez de estar discutiendo el caso de los cuadernos, en cuanto hechos de soborno y corrupción, se está discutiendo sobre la validez de los jueces y los fiscales que tienen que investigar esos casos”, señala el director ejecutivo de Poder Ciudadano. Y considera necesarios cambios de fondo, que requerirían voluntad política tanto del gobierno como de la oposición. "Hay que dejar actuar con objetividad a los jueces y todos ponerse a disposición de la justicia, que pareciera que no es lo que está pasando en este momento”.

(cp)

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