La CIDH, ahogada por crisis financiera

En un comunicado, la CIDH anunció que atraviesa “una crisis financiera extrema". La causa: una fuerte caída de los aportes y donaciones. La crisis de ese órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) pone en peligro los empleos de más de un tercio de su reducido personal de 78 funcionarios.

El organismo defensor de los derechos humanos en toda América dejará además de realizar este año sus acostumbradas visitas de observación a los países del continente. En una decisión sin precedentes, suspenderá además los periodos de audiencias de julio y octubre.

No es la primera vez que a la CIDH le faltan recursos. Pero este año, “la crisis se agudizó”, dijo James L. Cavallaro, presidente de la CIDH. Las causas: la reducción de fondos de los países miembros y de terceros, como la Unión Europea. Las donaciones a la CIDH disminuyeron entre 2014 y 2015 de 5,3 millones de dólares a 3,8 millones.

La OEA destina a la CIDH 6% de su presupuesto: unos 4,8 millones de dólares en 2015, pero, según su Secretaría Ejecutiva, el organismo requiere seis veces ese monto para su funcionamiento óptimo.

También la Corte IDH, cuestionada

La importancia de la CIDH para la defensa de los derechos humanos en la región es inestimable. “La existencia de la CIDH es fundamental para garantizar mínimamente el acceso a justicia para aquellas personas cuyos derechos humanos son vulnerados por sus propios gobiernos”, dice Ana Soliz Landívar de Stange, especialista en derechos humanos del German Institute of Global and Area Studies (GIGA), con sede en Hamburgo.

Por su parte, Esteban Cuya, miembro del Centro de Derechos Humanos de Núremberg y de la Coalición contra la Impunidad, agrega que “muchos gobiernos consideran que la prioridad para la defensa de los derechos humanos es el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que lamentablemente también está perdiendo el apoyo de sus países miembros, que cuestionan su rol. Países como Venezuela, República Dominicana y Trinidad y Tobago se han retirado de esta Corte. Otros países como Perú, Bolivia y el nuevo gobierno de Argentina también han considerado su renuncia a la Jurisdicción de la Corte IDH aunque todavía no han dado pasos en esa dirección”.

Presupuesto: solo 30 millones

La CIDH dice que necesita unos 30 millones de dólares por año para funcionar correctamente. De la organización forman parte 34 países. Para asegurar su funcionamiento bastaría con que cada uno aportara menos de un millón de dólares: ¿por qué no se lo logra? “Simplemente porque no hay voluntad política. En palabras simples, muchos países no quieren financiar a una institución que al mismo tiempo los evaluaría en casos de violación de los derechos humanos”, subraya Soliz Landívar.

Para Cuya, “no se logra el apoyo financiero porque sus países miembros están más ocupados con sus problemas internos (Brasil, Argentina y Perú, por ejemplo) que con la existencia de las instancias supranacionales y a algunos gobiernos no les interesa el tema de la defensa y promoción de los derechos humanos. México, por ejemplo, tiene dolores de cabeza con las críticas a su situación interna. Son pocos los Estados interesados en consolidar el sistema interamericano de derechos humanos”.

¿Cómo garantizar la financiación?

¿Qué países son los que menos aportan y por qué? “La mayoría no aporta nada. Según información publicada, el año pasado sólo cuatro países han hecho sus aportes: Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay", dice Soliz Landívar. Pero también la UE ha reducido sus aportes. ¿No es algo extraño? “No, lamentablemente la UE ha reducido sus aportes en Latinoamérica en varias áreas, no sólo la de derechos humanos, porque ha redestinado recursos hacia los inmigrantes”, agrega la investigadora.

Cuya dice que “la mayoría de países han dejado de aportar lo que les corresponde”. Muchos años la Comisión ha estado sobreviviendo con las donaciones especiales de países europeos, como Noruega, Suecia y Alemania. “Cuando estos países han reducido sus aportes, previstos como aportes coyunturales específicos y no eternos, entonces estalla la crisis que la agobia actualmente”, agrega.

¿Qué solución puede tener el problema? Para Soliz Landívar, “una solución es que los propios ciudadanos y ONG de América Latina se organicen y ejerzan presión sobre los gobiernos para que estos hagan los aportes que se requieren. Por otro lado, habría que crear un mecanismo que en el futuro garantice los fondos económicos. Por ejemplo, que los aportes se hagan cada diez años, de modo que no sea necesaria la cuota anual, o que, como parte del sistema de la OEA, el no pago de la cuota al CIDH bloquee automáticamente su pertenencia a la OEA”.