Jubilados en Argentina: el "vaso medio vacío y medio lleno"

"¡Paso, paso, paso, se viene el jubilazo!", reclamaba un grupo de pensionados en Buenos Aires. Pero ese "jubilazo", una reforma de pensiones aprobada por amplia mayoría en el Congreso argentino, fue vetado por el presidente ultraliberal Javier Milei, por considerarlo un "gasto exorbitante", que arriesga el equilibrio fiscal del Estado. Y el veto ha sido convalidado por el Legislativo.

Alta cobertura y muchas "moratorias"

Argentina tiene un sistema previsional "con una alta cobertura, de más del 95 por ciento", que se alcanza gracias a "moratorias", pese a una "exigencia muy alta" de 30 años de aportes, explica a DW Manuel Mera, director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Las moratorias son excepciones, que permiten acceder a una jubilación a quienes han aportado menos años de los requeridos, pagando la deuda con un porcentaje de su jubilación mensual. Así, en 2023, el 81 % de las personas dadas de alta como jubilados en Argentina estuvieron beneficiadas por una moratoria, ilustra Mera.

El país tiene "un esquema razonable, comparado con el resto del mundo", donde se plantea que una jubilación debe implicar una tasa de sustitución del 45 % del PIB per cápita, observa el politólogo argentino. Al momento de jubilarse, se alcanza en promedio hasta un 50 % de sustitución con el régimen general, sin contar regímenes especiales con valores más altos, asegura.

El problema: una vez asignado el valor, históricamente, "sufres el riesgo de que te lo coma la inflación", que ya ha afectado y sigue afectando a los salarios que le sirven de base. Así que, "en términos reales, las jubilaciones son bajas, aunque en términos proporcionales no", concluye Mera.  

Decreto, reforma y veto

Con una inflación anual de más del 250 %, en marzo de este año, Milei aprobó por decreto cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria y actualizarla por inflación, y no por la combinación entre la evolución de los salarios y la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como se estableció durante el anterior Gobierno de Alberto Fernández.

En agosto, el Senado aprobó un proyecto de ley que mantenía el esquema implementado por Milei, pero volvía a considerar la evolución de los salarios, sumaba una compensación por la inflación anterior al decreto presidencial, y elevaba el mínimo de acuerdo con el valor de la canasta básica de alimentos.

Así, unos 7 millones de jubilados recuperarían "el nivel de ingreso real que tenían en diciembre de 2023, cuando una devaluación pronunciada llevó la inflación de ese mes a más del doble del mes anterior", explica a DW el sociólogo argentino Gabriel Puricelli, analista del Laboratorio de Políticas Públicas.

"El pago de jubilaciones fue el rubro del presupuesto más afectado por el fortísimo recorte del gasto público del Gobierno de Javier Milei: casi uno de cada tres pesos que la administración pública dejó de gastar fue resultado de pagarle menos a los jubilados", sostiene Puricelli. "Milei decide vetar, a costa de seguir perjudicando inmediatamente a los jubilados, la mayoría de los cuales se encuentra bajo la línea de la pobreza", insiste.

El veto a la reforma jubilatoria llega además junto a otros recortes en subsidios a los medicamentos, la electricidad, el gas, que aunque no lancen a muchos jubilados a una situación estrictamente de pobreza, sí les generan "privaciones", y "un deterioro de la calidad de vida", matiza el sociólogo Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina.

Se busca solución permanente, con un "consenso claro"

Se puede "ver el vaso medio lleno y medio vacío", considera, sin embargo, el experto en protección social Manuel Mera. Y se refiere a que hay "un consenso claro" entre los partidos para usar como base la inflación, los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al calcular la actualización de las jubilaciones argentinas, aunque el resto de "la fórmula exacta" sigue en discusión.

¿Debe considerarse, además de la inflación, la evolución de los salarios, en caso de que crezca la economía? ¿Qué hacer con la pérdida de valor por la inflación anterior? ¿Y con las moratorias, que vencen el año próximo? Son preguntas que tendrán que seguirse debatiendo. Para ellas suele haber respuestas "más políticas que técnicas", advierte el politólogo Mera, quien considera que el vencimiento de las moratorias en 2025 será otra "oportunidad para reordenar todo el sistema".

"El Gobierno sostiene que recortar jubilaciones es el camino más correcto para mejorar la situación fiscal, aunque esto ocurre al mismo tiempo que resigna ingresos provenientes de los sectores más ricos de la sociedad, con la baja del impuesto a los bienes personales (que beneficia a sólo 200.000 personas). Esa rebaja implica dejar de percibir impuestos por más de 0,6 % del PIB, mientras que el recorte a los jubilados, que el Gobierno procura mantener con el veto, implica un ahorro de sólo 0,4 %", compara por su parte el sociólogo Puricelli.

¿Habrá un sistema "más equitativo y sostenible"?

La solución "de fondo" que defiende Mera desde el CIPPEC, "más equitativa y más sostenible fiscalmente", mantendría una cobertura básica universal, a la que se añada un beneficio proporcional a los aportes realizados, permitiendo reducir el costo del sistema. Cualquier otro ajuste o actualización, además de la inflacionaria, debería consensuarse por mayoría para que perdure y no sea otro "parche" temporal.

Y para ello habría un techo claro: la posibilidad de pagar del Gobierno nacional, que destina el 40 % de su gasto a las jubilaciones, señala Mera: "Uno quiere que las jubilaciones crezcan con la economía, pero que no sean un freno a la economía", acota.

En ese sentido, el sociólogo Eduardo Donza apunta a otra falencia: hace mucho que el sistema no se solventa con el aporte del equilibrio ideal de cuatro trabajadores activos por uno jubilado. Y no por un envejecimiento poblacional como el europeo, sino porque "la mitad de los trabajadores activos no hacen aportes al sistema de pensiones, no están registrados", dice.

Para Puricelli, hay otra solución alternativa a la vista: "una reforma impositiva que reparta más equitativamente el esfuerzo fiscal". En su opinión, "para pagar la recomposición de los ingresos de los jubilados sin afectar el equilibrio fiscal, el Gobierno podría dejar sin efecto la rebaja de los impuestos que paga una pequeña minoría y hacer así sustentable el pago de las jubilaciones".

Por ahora, y tras convalidarse el veto presidencial a la reforma, rige el decreto de Milei: las jubilaciones se ajustan por inflación, pues, para este Gobierno, que la sociedad argentina votó, "la inflación es el mayor impuesto a los pobres", recuerda Mera. ¿Se justifica entonces su ajuste fuerte? ¿Sigue siendo necesario y soportable, por el bien futuro de cortar la inflación y generar un crecimiento que reordene la economía y termine beneficiando también a los jubilados? La respuesta, sugiere con cautela, depende del resultado que se verá "dentro de un par de años".

(ers)