Jefe de organización que acusa a infanta Cristina, a prisión

Un juez decretó en España prisión incondicional y sin fianza para el secretario general de la organización derechista Manos Limpias, que ejerce la acusación popular contra la infanta Cristina de Borbón en el juicio por corrupción contra ella y su marido.

Miguel Bernard, jefe de Manos Limpias, que se autodenomina sindicato pese a no contar con representantes en centros de trabajo, fue detenido el viernes en Madrid en el marco de una operación en la que también fue arrestado el presidente de la asociación de usuarios de banca Ausbanc, Luis Pineda.

Las dos organizaciones son investigadas por extorsión a bancos y empresas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Se sospecha que se coordinaban para exigir dinero a cambio de no presentar querellas en los tribunales. Una de las presuntas chantajeadas sería la propia hermana del rey de España, según confirmaron sus abogados hace unos días.

Según adelantaron medios españoles, Pedraz imputa a Bernard presuntos delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal. A Pineda, además, le imputa estafa, administración desleal y fraude de las subvenciones.

Manos Limpias ejerce la única acusación contra Cristina de Borbón en el juicio que se desarrolla en Palma de Mallorca y en el que se sientan 17 acusados en el banquillo, entre ellos el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, uno de los protagonistas de la supuesta trama de corrupción junto con un ex socio.

La defensa de la hermana del rey intentó que no fuera juzgada por no estar acusada por la fiscalía ni por la abogacía del Estado. Finalmente, los tribunales fallaron a favor de su procesamiento por dos delitos fiscales pese a que solo la acusaba Manos Limpias.

A lo largo de la última década, Bernard se ha querellado contra partidos nacionalistas, formaciones de izquierda, homosexuales y hasta contra un programa infantil de televisión ("Los Lunnis").

Contra Baltasar Garzón presentó una veintena de querellas y demandas cuando era juez, todas rechazadas excepto la que, presentada junto con otras organizaciones, lo llevó al banquillo por prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo (dpa).