Colombia: inhabilitan a cinco miliares por asesinato
12 de agosto de 2020
La Procuraduría de Colombia (Ministerio Público) destituyó del Ejército a Jorge Armando Pérez Amézquita, teniente coronel retirado, y a otros cuatro militares por el asesinato del exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Dimar Torres Arévalo, ocurrido en 2019 en la región nororiental del Catatumbo, según trascendió este martes (11.08.2020).
El Ministerio Público precisó que a Pérez Amézquita -entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército colombiano- lo "sancionó con destitución e inhabilidad general por 20 años" para ocupar cargos públicos por ser "determinador, provocador e instigador de la muerte" de Torres.
Igualmente, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por catorce años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, por ser "el autor material del crimen"; además destituyó e inhabilitó por doce años a los soldados Cristian David Casimilas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte a quienes se les halló culpables de ser "cómplices de la conducta delictiva". La Procuraduría calificó la falta de los militares como "gravísima a título de dolo, por incurrir en graves violaciones" al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El asesinato del exguerrillero, desmovilizado de las FARC tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, ocurrió el 22 de abril de 2019 en la aldea Carrizal, perteneciente al municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander. En un comienzo, el crimen fue presentado por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, como consecuencia de un forcejeo con el cabo Gómez.
Sin embargo, la Revista Semana reveló un chat en el que Pérez Amézquita ordenó matar al exguerrillero, a quien consideraba supuesto responsable de la muerte del soldado Pablo Emilio Borja, que hacía parte de su unidad militar. Según la Procuraduría, a Torres le responsabilizaba como supuesto integrante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la muerte de Borja cuando en "realidad se dedicaba a actividades agrícolas después de su reinserción a la vida civil, conforme a los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC".
La investigación demostró que Pérez Amézquita, durante los días previos al asesinato de Torres, "impartió órdenes a sus subalternos para identificar al posible responsable de la muerte del soldado Borja" y desde un comienzo "hizo explícita su intención de no judicializarlo, sino de matarlo y vengar de esa manera el hecho". El fallo de primera instancia, que puede ser apelado por los afectados, añade que el alto oficial también instó a sus subalternos a "mentir a los superiores sobre lo ocurrido aún a costa de la seguridad e integridad de su propia tropa y la población civil".
ama (efe, rcn, El Tiempo, Confidencial, El Espectador)
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