Crecimiento vs. asistencialismo

Para la Dra. Sabine Kurtenbach, investigadora del think tank GIGA, con sede en Hamburgo, en cuanto a inclusión social se ha registrado una “tendencia positiva en general, constatándose una reducción en los índices de pobreza en la región”. De destacar es sobre todo la lucha contra la exclusión y la pobreza “basada en leyes, es decir, programas que no dependen de la voluntad de los Gobiernos de turno, sino que son un derecho de la población”, agrega. Kurtenbach destaca en ese sentido a Brasil como ejemplo.

Un problema ve la investigadora en “modelos de desarrollo basados en la explotación de recursos naturales o agrícolas, en los que la demanda coyuntural desempeña un gran papel”. Por ello pone hincapié en que debe apostarse más por “procesos de crecimiento económicamente sostenibles a largo plazo”. También porque las economías extractivas o de monocultivos “ocupan poca mano de obra y por lo tanto dificultan la distribución del ingreso a través de mecanismos de mercado, lo que lleva a los Estados a intentarlo por el lado de la redistribución de ingresos, lo que no siempre es prometedor a largo plazo”.

Otro factor que puede contrarrestar políticas de inclusión es “un crecimiento de la población que dificulte el desarrollo de programas contra la pobreza, como es el caso de Guatemala”, acota Kurtenbach. Otro problema es a menudo “la gran desigualdad en la distribución del ingreso, como por ejemplo en Chile, donde, a pesar de haberse realizado avances en el tema de la inclusión social, la inequidad sigue siendo enorme”.

Guerra, paz e inclusión social

La investigadora ve avances también en Colombia, “aunque menores que en otros países”. En ese caso desempeña un gran papel “la cuestión de la guerra y la paz”, no solo en cuanto a las posibilidades de desarrollo sino “en el sentido de que genera también una fragilidad de la sociedad civil, acosada entre los diversos bandos en conflicto”. Para Kurtenbach, el papel de la sociedad civil es esencial en cuanto a inclusión social. Las posibilidades de inclusión social “aumentan allí donde la sociedad civil exige sus derechos y los actores sociales ejercen una presión masiva”.

Ese no es el caso, por ejemplo, en modelos asistencialistas, como son el de Venezuela y en parte el de la Argentina. En esos países “hay que diferenciar entre la retórica y la forma en que los programas de inclusión social se llevan a la práctica”, subraya. Agrega que: “los modelos asistencialistas corren riesgo de acabar en cuanto la fuente de recursos que los alimentan se agota”.

La investigadora recuerda además que existe “una vasta área de intersección entre la exclusión social y la marginación histórica de determinados grupos, como por ejemplo los pueblos indígenas”. En esos grupos “se da una escasa movilidad social y la pobreza se reproduce, por lo que cortar ese círculo vicioso es muy difícil”.

Los derechos de los pueblos indígenas

Así lo vio también la asamblea de la OEA, poniendo en la agenda junto a la exclusión social también el tema de los derechos de los pueblos indígenas. DW habló al respecto con otra experta del GIGA, la Dra. Almut Schilling Vacaflor. Para la experta, “el mayor avance (en todo el mundo) en el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas se registró en la última década en Bolivia, donde la Constitución reconoce ahora vastos derechos indígenas en numerosas áreas: autodeterminación, autonomías, derechos a territorios y recursos naturales, el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas oficiales, etcétera”. También en Ecuador fueron “fortalecidos los derechos de los pueblos indígenas”. Además “ambos Estados fueron definidos como plurinacionales, es decir, que los derechos de los indígenas no son solo 'tolerados', sino fomentados activamente por el Estado”.

Schilling agrega que “en Bolivia, la Justicia estatal y la justicia indígena han sido puestas al mismo nivel. Es decir, que también las lenguas indígenas tienen ahora el mismo rango formal que el castellano “y los funcionarios deben dominar aparte del castellano también por lo menos una lengua indígena”. Bolivia es el único país en el mundo en el que la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue incorporada a la legislación nacional.

En Perú fue aprobada una ley que prevé la consulta de los pueblos indígenas en caso de medidas que los afecten. La ley “es aplicada, sin embargo, en forma poco consecuente y ha sido criticada por varias organizaciones indígenas”, resalta la investigadora. La Corte de Justicia Interamericana falló por su parte recientemente a favor del pueblo indígena Sarayaku, en Ecuador, cuyos derechos vio violados por empresas petroleras. Ese tribunal falló también en otros casos a favor de los indígenas.

La teórica y la práctica

En la práctica existe, sin embargo una gran diferencia entre el reconocimiento legal y la vigencia real de los derechos de los indígenas: “muchas de las medidas tomadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas tienen poco o ningún éxito”. Schilling da como ejemplo las autonomías indígenas, que “a pesar de estar ancladas en las Constituciones de Colombia, Bolivia y Ecuador, en esos países poco son apoyadas por el Estado”. En Colombia, agrega, “no existe una legislación al respecto y el Estado tampoco les pone a disposición medios financieros”. En Bolivia, “hay once municipios que aspiran a la autonomía, pero aún no han logrado formalizar su estatuto, por lo que en realidad no puede hablarse de gobierno indígena; además, para futuras declaraciones de comunidades indígenas, los requisitos son tan grandes y las barreras burocráticas tan altas que los pueblos indígenas de los llanos probablemente no lleguen a lograr (o por lo menos no a corto plazo) la autonomía que exigen. Y “justamente fueron esas minorías indígenas las que más lucharon por la autonomía”.

Los derechos indígenas sobre el territorio y los recursos naturales siguen siendo en América Latina un tema muy candente. En casi todos los países se expanden sectores tales como la extracción de gas y petróleo, minería, grandes represas y agronegocios, afectando cada vez más a las comunidades indígenas.

Para Schilling, las comunidades afectadas “siguen siendo insuficientemente protegidas por los Estados y consultas previas con los indígenas por lo general no tienen lugar o son implementadas de manera ineficiente”. También los controles de protección ambiental, por ejemplo a través de estudios de impacto, son a menudo insuficientes y de mala calidad, no garantizando entonces la protección de las comunidades afectadas y su derecho a un medio ambiente sano”. En Bolivia, por ejemplo, “en el sector del petróleo se consulta a las comunidades indígenas y se llega a acuerdos, pero su cumplimiento por parte de las empresas petroleras no es a menudo controlado por el Estado y muchas veces tampoco se lleva a cabo”.