Investigación opaca genera nuevas sospechas

A cuatro meses del asesinato de la ambientalista indígena lenca Berta Cáceres, la investigación del crimen por parte de las autoridades hondureñas parece ser cada vez más opaca y menos transparente. “Hasta este momento sólo sabemos que las cinco personas capturadas están en prisión preventiva”, dice Tomás Gómez Membreño, coordinador general interino del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Gómez Membreño es el sucesor de Cáceres en el cargo. “No tenemos acceso a la información para saber en qué fase puede estar la investigación en estos momentos”, añade.

Cáceres fue asesinada en medio de un conflicto por el proyecto hidroeléctrio Agua Zarca en el río Gualcarque, en el oeste de Honduras. Durante años, el COPINH ha liderado las protestas de las comunidades locales lencas contra el proyecto. La rápida captura de cinco personas pocas semanas después del asesinato de Cáceres generó ciertas expectativas de que el crimen se pudiera esclarecer en poco tiempo. Entre los capturados están un exmilitar y un ejecutivo de la empresa DESA, que desarrolló el proyecto.

¿Fue un crimen de Estado?

A finales de junio, una investigación de The Guardian apoyó la hipótesis de que el asesinato de Cáceres fue un crimen de Estado. Según el periódico británico, el nombre de Cáceres figuraba en una lista negra entregada a una unidad del ejército hondureño que recibió la orden de matar a la activista. La unidad del ejército hondureño habría sido entrenada por fuerzas de seguridad estadounidenses.

“La noticia no nos sorprendió, porque siempre hemos venido denunciando que el Estado hondureño a través del ejército ha mantenido una represión contra el COPINH y los que luchan en defensa de los bienes comunes de la naturaleza”, dice Gómez Membreño. “Creemos que el ejército también ha sido como un eslabón para el gobierno para que pueda asesinar o secuestrar a personas sin que nadie pueda hacer investigaciones a profundidad sobre este tema.”

Después del golpe de Estado en Honduras en el año 2009, hubo rumores y denuncias de que existían listas negras con nombres de personas que debían ser asesinadas, entre ellas Berta Cáceres. “La pregunta es si en el ejército hondureño hay listas negras con personas que son ejecutadas sistemáticamente”, dice Stefan Ofteringer, experto en derechos humanos de la organización alemana Misereor, que conoce el trabajo del COPINH desde hace varios años. “Si estas listas pasan por la cadena de mando, sería algo novedoso comprobarlo, sería terrorismo de estado.”

“La MACCIH es solo un ente observador”

La desconfianza hacia las autoridades hondureñas ha hecho surgir la exigencia de una comisión internacional e independiente parecida al grupo interdisciplinario que se instaló para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en México. A parte de frecuentes manifestaciones en Honduras, el lunes pasado (4 de julio) se organizó una campaña por Twitter para exigir justicia y una comisión independiente.

Sin embargo, parece que la comunidad internacional apuesta por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una institución recién creada en Honduras con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta es la línea que sigue también el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Según el ministerio, que apoyará el trabajo de la misión con 100.000 euros, la dirección de la MACCIH ya ha mostrado su disponibilidad para apoyar la investigación del caso Cáceres.

Esta opción no convence a Tomás Gómez Membreño: “La MACCIH no es nada más que un ente observador, por lo tanto no sería una investigación autónoma”, dice el coordinador del COPINH. Stefan Ofteringer opina que “para una investigación independiente en un caso particular como el del asesinato a Berta se presenta un vacío en el mandato de la MACCIH, y es que no puede investigar de oficio, independientemente de la fiscalía hondureña.” La demanda por una comisión independiente tiene sus raíces también en el miedo de que aunque sean condenados los autores materiales del asesinato, no se toque a los autores intelectuales del crimen.

Asesinan a otra activista hondureña

Mientras tanto, el diputado Hank Johnson, del partido demócrata, ha introducido en el Congreso estadounidense la “Ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras”. El proyecto de ley busca suspender la ayuda financiera de EE. UU. para Honduras hasta que hayan terminado las violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad en el país. “Tenemos expectativa”, dice Gómez Membreño sobre la ley. “Creemos que sí sería favorable para nuestro trabajo y también para exigir justicia sobre el asesinato.”

Sería una ayuda muy necesitada por el COPINH, ya que su situación de seguridad sigue siendo precaria. Aunque por el momento no siguen los trabajos en la empresa hidroeléctrica de Agua Zarca, no se sabe todavía si se van a suspender definitivamente. De todas formas, según el COPINH, hay una fuerte presencia de policía militar y del ejército en el lugar. “Tememos por nuestras vidas”, dice Gómez Membreño, quien está siendo vigilado por el ejército. “Estamos pasando una zozobra tremenda, porque no hay una seguridad institucional por parte del Estado.”

Un día después de que DW entrevistara al coordinador del COPINH, apareció muerta Lesbia Yaneth Urquía en el municipio de Marcala, en el departamento La Paz. Yaneth Urquía fue una líder comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado de 2009. En defensa de los derechos indígenas, la activista luchó contra la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I, en el departamento La Paz. Tan solo en 2016, ya han sido asesinados tres líderes de la organización indígena.