¿Guerra de poderes en Venezuela?

En Venezuela, la inauguración del período legislativo 2016-2021 este martes (5.1.2016) debe haberle dejado un regusto agridulce tanto a los simpatizantes del oficialismo como a sus adversarios. En los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, el partido de Gobierno sólo se hizo con 55 de 167 curules; pero, tras refutar los resultados electorales en varias circunscripciones, logró que el Tribunal Supremo de Justicia –dominado por fichas del chavismo– suspendiera temporalmente la proclamación de tres diputados antichavistas y redujera la hegemonía opositora en la Asamblea Nacional, de una mayoría calificada de dos tercios a una de tres quintos.

Aunque el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sacrificó a uno de sus propios legisladores al hacer las impugnaciones, consiguió también restringir considerablemente las facultades de la nueva mayoría opositora en el Parlamento. De momento, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –la alianza de partidos antichavistas– no cuenta con 112 diputados activos, sino con 109. De facto, eso la obliga a replantear sus planes porque le faltarán votos para aprobar y modificar leyes orgánicas, designar y remover a las autoridades electorales, o remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras cosas.

El nuevo presidente de la unicameral Asamblea Nacional, el diputado socialdemócrata Henry Ramos Allup, insistió este 5 de enero en que algunas de las formaciones de la MUD tomarían medidas este mismo año para adelantar el fin del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las opciones a la mano son el referendo revocatorio ­–que puede activarse cuando Maduro cumpla la mitad de su gestión–, la enmienda constitucional, la renuncia voluntaria del gobernante o el establecimiento de una Asamblea Constituyente. Pero la aplicación de casi todas esas alternativas depende de que la oposición vuelva a tener 112 legisladores en el Parlamento.

Forcejeo entre instituciones

No obstante, los representantes de la MUD no están maniatados. Y es precisamente eso lo que obliga a preguntar si las fricciones entre antichavistas –que llevarán las riendas de la Asamblea Nacional– y oficialistas –que concentran en sus manos casi todos los demás poderes públicos– darán pie a un problema de gobernabilidad en los próximos meses. “La mayoría calificada con la que cuenta la oposición le da un margen de maniobra enorme. Sin embargo, el verdadero riesgo para la gobernabilidad radica en el alineamiento del Poder Judicial con los intereses del Ejecutivo”, confirma Ivo Hernández, de la Universidad de Münster.

“El Poder Judicial, que es el brazo ejecutor y normativo del Gobierno, fue renovado arbitrariamente por los diputados oficialistas salientes en diciembre, cuando el período parlamentario 2011-2016 ya había culminado y el Tribunal Supremo de Justicia ya estaba de vacaciones”, agrega Hernández. Y, ¿qué hay de la institución castrense? “Hace algunos días, la máxima autoridad del ámbito militar dejó claro que las Fuerzas Armadas no iban a servirle de árbitro a las partes en discordia”, sostiene Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg y conocido comentarista del acontecer venezolano.

“La gota que horada la piedra“

“Ese es un avance muy grande, considerando que oficiales de alto rango solían hacer proselitismo político hasta hace poco”, señala Mires, agregando que la MUD debe esmerarse en recuperar la mayoría de dos tercios “que los votantes le dieron en los comicios”, no por la vía jurídica “que está obstaculizada por el PSUV”, sino yendo a las urnas de nuevo en los circuitos cuyos resultados electorales fueron objetados por el chavismo –si el Tribunal Supremo de Justicia la obligara a ello– y ejerciendo presión desde las calles para conservar la atención internacional. “La crítica que proviene del extranjero es la gota que horada la piedra”, dice Mires.

Hernández no cree que las impugnaciones prosperen; a sus ojos, el oficialismo apeló a ese recurso sólo para ganar tiempo. Sin embargo, el experto de Münster coincide con el de Oldenburg en dos cosas: en que el antichavismo debe defender a sus 112 legisladores y en que el forcejeo de la oposición con el Gobierno será uno de largo aliento. “Cualquier apresuramiento puede ser peligroso para los venezolanos”, subraya Mires.